Jorge Javier Romero Vadillo
Sin Embargo
02/04/2015
La campaña rumbo a los comicios de junio comienza a calentarse. Todavía no están todos los candidatos ni se ha abierto formalmente el periodo de propaganda electoral, pero ya el clima nacional está cargado por las encuestas, las discusiones sobre temas relativos a la competencia política y, de manera relevante, por las expresiones de los múltiples malestares que nuestra incipiente democracia despierta. La inconformidad con el funcionamiento de la democracia y los sentimientos de falta de representatividad del sistema no son exclusivos de México. Baste ver los efectos políticos de la crisis económica en Europa y el surgimiento a derecha e izquierda de múltiples expresiones que hacen del combate a los políticos de siempre su causa. Se hace política con un discurso anti políticos. Nada muy distinto vemos hoy en México.
Repaso aquí algunos de las principales inconformidades que se manifiestan respecto al sistema de competencia política que se ha construido en México durante los últimos veinte años y los mitos que en torno a esos malestares se han construido.
Uno de los tópicos repetidos es que existen muchos diputados y que a buena parte de ellos nadie los ha elegido, pues son plurinominales y por lo tanto no representan a los ciudadanos sino a sus partidos. Se trata de un dicho repetido frecuentemente por comunicadores muy populares y que ha echado raíces en buena parte de la sociedad. Los diputados de representación proporcional son considerados como los representantes por los que nadie votó. Sobra decir que se trata de una falsedad, pues al momento de emitir el sufragio por un candidato a diputado, el ciudadano emite, al mismo tiempo, un voto por la lista de candidatos de representación proporcional del partido que lo postuló.
Los defensores de un sistema de mayoría simple ocultan que se trata de un mecanismo mediante el cual el ganador se lleva todo, mientras que los demás competidores se quedan sin nada, de manera que un candidato que obtenga, por decir algo, el treinta por ciento de la votación se adjudicará el escaño, mientras que el 68 % de los ciudadanos que no votaron por él se quedarán sin representación de sus preferencias programáticas o de sus valores en el Congreso. Se oculta, además, que un sistema de mayoría privilegia a los partidos más grandes y tiende al bipartidismo, con lo que las minorías sociales o las causas emergentes suelen ser marginadas de la representación. Son pocas las democracias consolidadas en la que existe un sistema exclusivo de mayoría relativa; las dos más relevantes son los Estados Unidos y el Reino Unido. En el primer caso, el resultado ha sido la reiterada subrepresentación de las minorías raciales, sobre todo los negros, mientras que en la Gran Bretaña desde hace décadas se discute la reforma de un sistema que reiteradamente subrepresenta a partidos con votaciones considerables.
El sistema mixto mexicano requiere, sin embargo, reformas. Lo mejor sería volver al procedimiento que se estableció en la legislación de 1977, cuando se introdujo la representación proporcional: dos boletas diferenciadas, para que los electores tengan perfectamente claro al votar que están eligiendo a un candidato de la mayoría, pero también a una lista de plurinominales y que, incluso, puedan votar por un candidato de un partido o un independiente y por la lista de otro partido. Esto es aún más necesario hoy, cuando existen candidatos sin partido que no van asociados a ninguna lista, pues los ciudadanos que voten por ellos tendrán un voto menos que los que voten por los postulados por los partidos.
Otro tópico repetido es que se debería eliminar el financiamiento público a los partidos porque se trata de mucho dinero dedicado a mantener a politicastros inútiles. El lugar común desprecia el hecho de que el financiamiento público es la garantía de que no sean sólo los grandes intereses económicos los que tengan posibilidad de hacer política; por su parte, las restricciones para obtener financiamiento privado buscan evitar que se filtren en la política intereses ilegítimos. También se pretendió, al privilegiar el financiamiento público de la política con reglas claras, eliminar los incentivos para que los gobernantes trasladaran de manera opaca recursos del erario a sus partidos. Desde luego que el arreglo actual tiene enormes problemas, pues ni se ha evitado completamente el financiamiento ilegítimo de los gobiernos a las campañas ni tampoco se ha impedido la entrada de dinero negro en las arcas partidistas. Cada campaña las denuncias —justificadas o no— de financiamiento ilegal inundan a los organismos y tribunales electorales. No cabe duda que se debe regular cada vez mejor la fiscalización de los gastos de campaña, pero se ha avanzado mucho ene este terreno.
Otro asunto es el de la cantidad de dinero que reciben los partidos, sobre todo los de nuevo ingreso a la contienda. Es verdad que es demasiado alto el financiamiento que reciben los partidos, el cual, además, aumentó en los hechos con la reforma que hace que ya no paguen por su publicidad en medios electrónicos. La fórmula de financiamiento se debería modificar, para vincularla no al padrón electoral, como ahora, sino a los votos válidos emitidos en la elección anterior. Debería, además eliminarse los recursos para actividades ordinarias a los partidos de reciente registro y sólo otorgárseles acceso a los medios electrónicos para sus campañas y recursos en especie, para eliminar uno de los principales pretextos en los que se basan los extremadamente complejos requisitos de ingreso a la contienda.
Otro tema que se repite es que existen demasiados partidos. La pregunta que cabría hacerse es ¿cuántos partidos son los necesarios? No falta quienes defiendan la idea, influida por la popularidad del sistema norteamericano, de que bastan dos partidos para que la democracia funcione. Eso es una total falsedad; durante décadas, un solo partido se adjudicó la representación única de la nación y del pueblo. ¿De verdad ahora se podría reducir la pluralidad a dos grandes fuerzas? Me parece absurdo. La cantidad de partidos ideal en un país determinado es la que decidan los ciudadanos con sus votos. Una representación plural no es sinónimo de ingobernabilidad, como muchas veces se pretende, siempre y cuando existan los mecanismos institucionales que generen incentivos para la formación de coaliciones.
El problema con el sistema de partidos que existe hoy en México no es que sean muchos partidos, sino que el complejo sistema de registro propicia la aparición de partidos que logran entrar en la contienda porque tienen suficientes clientelas políticas a las cuales movilizar para simular las asambleas que requiere la ley, pero no resultan atractivas a un número significativo de votantes. Así, hemos visto que una elección tras otra aparecen organizaciones que reciben buenas tajadas de recursos públicos, pero son incapaces de alcanzar la votación necesaria para permanecer. Sus dirigentes recogen sus ganancias y desaparecen o reaparecen con el mismo objetivo años después, como el inefable señor Yris del pretendido partido humanista. La reforma necesaria debería eliminar el requisito de las asambleas y permitir que aparezcan en la boleta las opciones ciudadanas que registren unos estatutos, presenten un programa y completen una lista de candidaturas, como se establecía en la legislación de 1977.
Un último tema polémico: se dice que el voto nulo es una renuncia a la participación. No lo creo así. No ir a votar sí implica claudicar. Ir a las urnas y manifestar el descontento con todos los partidos actuales es un acto legítimo que, si bien puede estar motivado por la idea antipolítica que diferencia entre ciudadanos puros y políticos corruptos, también puede representar un clamor por la apertura de un sistema de partidos que ha tendido a la oligarquía. En España, por ejemplo, los descontentos tiene opciones para manifestarse sin anular. Aquí, en cambio, cuando para hacer un partido hay que movilizar a enormes clientelas o para registrar una candidatura independiente se tienen que conseguir cantidades ingentes de firmas, el voto nulo puede ser un llamado a abrir un sistema que, aunque joven, se percibe anquilosado.