Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
07/12/2015
La defensa de los medios públicos es puro pretexto. Los senadores que aprobaron cambios a la Ley de Telecomunicaciones para diferir el apagón analógico en algunos casos tuvieron que esconderse detrás del prestigio de los medios no comerciales para construir una coartada política y retórica. No lo han conseguido. En la discusión pública acerca de esa reforma legal, que en la presente semana podría ser aprobada en la Cámara de Diputados, ha resultado claro el engaño que impulsan legisladores de varios partidos.
El apagón de la televisión digital se mantiene, después del intento que algunos de esos mismos senadores impulsaron hace mes y medio. En ambos episodios se ha manifestado una muy lamentable dependencia de importantes segmentos del Poder Legislativo respecto de los intereses de Televisa y Televisión Azteca.
Esas televisoras abominan la competencia porque crecieron y ganaron privilegios en un mercado que controlaron hasta ahora. La televisión digital implica que haya más actores, con más señales, y por lo tanto la modificación del dominio que han ejercido solamente dos empresas. Por eso se han opuesto desde hace años al tránsito hacia la tecnología digital. Ahora, en el último trecho, obtienen un pequeño triunfo.
En México tenemos 717 estaciones de televisión que transmiten señales principales. Además hay 907 antenas que difunden señales complementarias en zonas donde las transmisiones de las estaciones principales no llegan con claridad. Con el apagón analógico todos esos transmisores debían haber cambiado a equipos de carácter digital. Sin embargo, las televisoras privadas, por negligencia o prepotencia, no hicieron las inversiones que hacen falta para que todas las estaciones complementarias funcionen con la nueva tecnología.
De las 907 estaciones complementarias, de acuerdo con datos que se han difundido en estos días, 846 son de carácter comercial. La gran mayoría son repetidoras de señales de Televisa y Azteca. De esas 846, solamente 67 han solicitado al Instituto Federal de Telecomunicaciones la autorización para instalar equipos digitales.
No todas las actuales complementarias deben hacer ese cambio porque con la digitalización se modifica el alcance que tenían las antenas analógicas. Pero una buena cantidad sí, de tal suerte que en esas cifras se puede advertir que las televisoras privadas han incurrido en una clara infracción a las disposiciones (establecidas incluso en la Constitución) para que fueran modificados todos los equipos de transmisión a fin de que este año concluyera la era de la televisión analógica.
El incumplimiento de esa obligación podría ser sancionado por el IFT con multas de hasta el 10% de los ingresos de Televisa y Televisión Azteca, de acuerdo con el artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ésas son las sanciones que la reforma impulsada desde el Senado les evitará cumplir a las empresas privadas.
El subterfugio para otorgar esa exención, que transgrede la ley federal que esos mismos legisladores aprobaron el año pasado, es el respaldo a las televisoras públicas que tampoco modificaron todos sus equipos para la transmisión digital. Según el comisionado del IFT, Adolfo Cuevas Teja, de los sistemas de televisión pública que hay en el país, únicamente ocho no han terminado el ajuste de todos sus equipos.
Pero no es respaldar a los medios públicos sino aprovecharlos como parapeto lo que ha buscado la reciente reforma. En una modificación al artículo décimo noveno transitorio de la Ley de Telecomunicaciones se establece que las televisoras no comerciales que el último día de 2015 no estén en condiciones de comenzar a transmitir en formato digital, podrán solicitar una suspensión temporal de sus transmisiones o la reducción de su potencia de transmisión.
Si los legisladores hubieran querido ayudar a ésas y otras televisoras públicas podrían haberles autorizado mayores recursos, o podrían haberles permitido comercializar parte de sus espacios como los medios de esa índole solicitaron el año pasado. Permitirles que dejen de transmitir no resuelve el origen de sus problemas, que es su pobreza financiera.
Otra modificación en el mismo artículo transitorio extiende a las televisoras privadas una prerrogativa que ya existía para las televisoras públicas. Allí se decía que si a la fecha del apagón algunos de los “actuales permisionarios” (es decir, las estaciones no comerciales) tenían estaciones de baja potencia que aún no pudieran difundir señales digitales, el IFT debería tomar providencias para que los televidentes ubicados en esas zonas siguieran recibiendo el servicio de televisión. El cambio dispuesto por los complacientes legisladores reemplaza la alusión a los permisionarios por “las actuales estaciones de televisión radiodifundida”.
En otras palabras, la reforma al 19o. transitorio no ayuda de manera relevante a los medios públicos. Y un beneficio que esos medios ya tenían, se aplicará también a las empresas privadas.
Ese cambio tampoco les sirve a los televidentes. En las zonas donde hay estaciones de baja potencia que seguirán difundiendo con tecnología analógica no se verán los canales adicionales que se pueden sintonizar gracias al formato digital. Esos televidentes, ubicados sobre todo en zonas de menor desarrollo económico pero que ya han recibido televisores digitales, seguirán marginados de las nuevas señales durante el año próximo.
La multicitada reforma no ayuda a los medios públicos ni a los televidentes. Se trata de una disposición para que Televisa y Televisión Azteca no estén en riesgo de ser multadas por incumplir los plazos del apagón digital en sus transmisores complementarios.
Así lo han entendido numerosos especialistas y profesionales involucrados en el mundo de la radiodifusión y las telecomunicaciones. El magistrado del tribunal especializado en Competencia y Telecomunicaciones, Jean Claude Tron, recordó que las televisoras privadas fracasaron en su intento para diferir la fecha del apagón y consideró que esta reforma es “una alternativa más para poder conseguir una modificación o algún diferimiento”. Por su parte el comisionado Cuevas Teja, del IFT, señaló que el dictamen de esa reforma no explica por qué se beneficia así a las estaciones privadas de baja potencia. Los argumentos más extensos contra esa modificación los ha ofrecido la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en tres comunicados difundidos en los días recientes.
A pesar de que se ha demostrado que esa adición legal dispensa y de esa manera premia omisiones de la televisión privada, fue aprobada por la mayoría de los senadores. Resulta especialmente notoria, y deplorable, la complicidad de varios legisladores del Partido de la Revolución Democrática, que en otro tiempo estuvieron comprometidos con la reforma legal que acota a los consorcios de telecomunicaciones, con ese favorcito a Televisa y Televisión Azteca.
El apagón analógico sucederá este año. A partir del primer día de 2016 en todo el país, con excepción de algunas zonas perjudicadas con la mencionada dispensa, la televisión será digital. Eso significará la difusión de más opciones tanto en televisión pública como privada.
Las televisoras se opusieron a esa transición. Al final obtuvieron un pequeño logro que no cancela el avance de la televisión en el nuevo formato. Para Televisa y TV Azteca es una victoria pírrica. Para la dignidad y la independencia del Poder Legislativo es una derrota.