Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
21/09/2015
Escasas, vergonzosamente pálidas, las reacciones en México ante la condena contra el dirigente venezolano Leopoldo López dan cuenta de la doble moral de quienes reivindican la democracia, pero como coartada retórica y no como compromiso en casos específicos.
El encarcelamiento de ese sociólogo de 44 años, igual que la persecución política contra muchos opositores al chavismo venezolano, es un asunto incómodo. Las izquierdas en México pretextan su ensimismamiento doméstico para ignorar el naufragio de la democracia en ese país latinoamericano. El gobierno guarda silencio, aunque las tropelías de Nicolás Maduro y sus adláteres ya son condenadas por organismos internacionales. Apenas algunas voces desde el PAN y en medios de comunicación alertan sobre el avasallamiento del orden jurídico en Venezuela. Pero no hay congruencia cuando se condenan los abusos contra los derechos humanos en nuestro país y se cierran los ojos ante atropellos como los que comete el régimen en Venezuela, al que algunos consideran progresista.
Entre 2000 y 2008 Leopoldo López Mendoza fue alcalde de Chacao, municipio que forma parte del área metropolitana de Caracas. Igual que muchos otros políticos venezolanos, rechazó los abusos de poder del presidente Hugo Chávez. Cuando quiso postularse para la alcaldía de la capital venezolana, a López lo acusaron por presunta corrupción durante su gestión en Chacao. Debido a esas imputaciones, la Contraloría General venezolana lo inhabilitó contra cualquier cargo público durante seis años.
El ex alcalde acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, el 14 de diciembre de 2009, consideró que con esa inhabilitación el Estado venezolano incurrió en “responsabilidad internacional por la violación de los derechos políticos” de López. El gobierno de Venezuela rechazó esa decisión del tribunal internacional. Cada vez que desde fuera del país se cuestiona sus arbitrariedades, el gobierno de Maduro, como antes el de Chávez, se dice víctima de una conspiración internacional.
Aunque impedido para postularse a un cargo de elección, López siguió haciendo política como parte de la amplia (aunque hasta ahora insuficiente) oposición al gobierno que se ha perpetuado en ese país. A comienzos de 2014 participó en la convocatoria a una jornada de protestas que tendría lugar el 12 de febrero. Ese día en el barrio de La Candelaria, en Caracas, murieron tres personas. Debido a esos incidentes López fue acusado de “instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir”.
Las protestas que comenzaron aquel 12 de febrero se extendieron durante tres meses. Durante ellas murieron 43 personas, en diversas circunstancias. A López la justicia venezolana lo consideró responsable de esa oleada de violencia, aunque sus llamados a las manifestaciones proponían acciones claramente pacíficas. En cambio, el gobierno reprimió las movilizaciones sociales con el pretexto de que no estaban autorizadas.
Las tres muertes del 12 de febrero, por las que López fue acusado penalmente, fueron causadas por agentes del gobierno. Un video, resultado de una investigación periodística, mostró que quienes dispararon y asesinaron a esos venezolanos fueron miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Acusado por esos hechos, López se entregó a la policía el 18 de febrero del año pasado. Pudo haberse escondido, o elegir el exilio como otros dirigentes sociales venezolanos, pero decidió hacer de su caso un símbolo de las inconsistencias de la justicia y la política en su país. Desde entonces se encuentra en la prisión de Ramo Verde, donde entre mayo y junio pasados mantuvo durante 30 días una huelga de hambre junto con el también ex alcalde Daniel Ceballos.
A López lo han tenido aislado, con escasas visitas de sus abogados y su familia. En junio, el gobierno de Maduro impidió que el ex presidente del gobierno español, Felipe González, lo visitara en la prisión. En aquella ocasión González le entregó en Caracas el Premio Ortega y Gasset al periodista Teodoro Petkoff, a quien el gobierno le prohibió viajar a Madrid para recibir ese importante reconocimiento iberoamericano.
Teodoro Petkoff es uno de los personajes más destacados en el complejo bloque social que rechaza al autoritario chavismo en Venezuela. Antiguo guerrillero y militante comunista, en los años setenta fundó el Movimiento al Socialismo con una mirada democrática y renovadora frente a la ortodoxia de las viejas izquierdas. Algunos, en México, hace más de tres décadas leímos con entusiasmo y cierta ilusión su libro Proceso a la izquierda porque proponía con inteligencia la necesidad de una política sin dogmatismos. Más tarde, Petkoff fue diputado y ministro de Planificación. En 2000, a los 68 años, después de que Hugo Chávez modificó la Constitución venezolana para mantenerse en el poder, Petkoff fundó el periódico Tal Cual.
En ese espacio y a pesar de dificultades y amenazas, se ha mantenido una tenaz crítica contra el chavismo. En ocasiones con áspero humor y siempre con información dura que le da notoria contundencia, Tal Cual ha sido muy incómodo para el gobierno venezolano. Igual que otros periódicos críticos, ha tropezado con el control gubernamental sobre la distribución de papel y con la inexistencia de divisas para comprar esa materia prima fuera del país. Desde mayo pasado Tal Cual se edita de manera impresa solamente una vez a la semana, pero todos los días su edición digital es leída dentro y fuera de Venezuela.
Los amagos a Tal Cual, que tiene nueve demandas judiciales presentadas por dirigentes chavistas, son ejemplo de la persecución que vive la prensa independiente en Venezuela. Petkoff y sus compañeros defienden el orden constitucional, apuestan a un cambio a través de las elecciones y hacen política a contracorriente del pensamiento único que quieren imponer Maduro y los suyos.
Las represalias a la prensa crítica y la uniformidad a la que han sido forzados otros medios han sido perseverantemente documentadas por los más destacados investigadores de la comunicación en Venezuela. Conozco muy de cerca el trabajo de académicos como Antonio Pasquali, pionero en el examen latinoamericano de los medios y promotor histórico de los medios públicos; Marcelino Bisbal que dirige los posgrados en Comunicación de la Universidad Andrés Bello y Carlos Enrique Guzmán Cárdenas, director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Ellos, entre otros investigadores y a pesar de acosos y represalias, mantienen una mirada analítica ante el hostigamiento oficial a la libertad de expresión en ese país.
La misma condena contra Leopoldo López es sintomática del control gubernamental sobre los medios en Venezuela. La noche del 10 de septiembre, cuando fue sentenciado a 13 años y 9 meses de cárcel, esa decisión de la jueza Susana Barreiros era conocida en todo el mundo, pero muchos de sus compatriotas la ignoraban porque no se difundía en los medios locales. Los venezolanos con acceso a la CNN en español estuvieron al tanto de la sentencia y de las declaraciones de Lilian Tintori, la valiente esposa de Leopoldo López que ha recorrido el mundo para denunciar el ilegal encarcelamiento de su marido. Muchos más se enteran de lo que sucede en su país a través de periódicos en línea y en las redes sociodigitales.
Entre las pruebas que se consideraron para mantener a Leopoldo López en prisión se encuentran fotografías de los grafitis contra el gobierno que fueron pintarrajeados por asistentes a la manifestación del 12 de febrero de 2014. A López lo culpan por todo lo que sucedió en esa marcha, independientemente de quiénes hayan pintado paredes, o disparado armas. Ese irregular veredicto seguramente será recurrido en instancias locales e internacionales. Ya en abril pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió al gobierno de Venezuela para que garantice la vida y la integridad personal de López y Daniel Ceballos.
La huelga de hambre que esos ex alcaldes venezolanos mantuvieron en prisión hace tres meses logró que el Consejo Electoral de Venezuela definiera fecha para renovar la Asamblea Nacional. Las elecciones legislativas serán el 6 de diciembre.
Leopoldo López está encarcelado debido a sus convicciones políticas. Es uno de varias docenas (diversos recuentos señalan entre 60 y 100) de presos políticos en ese país. La libertad de esos ciudadanos es parte del necesario retorno a la regularidad democrática en Venezuela. No hay pretexto que valga para que los mexicanos callemos ante esa ilegalidad.