José Woldenberg
Reforma
30/03/2017
Esa fue la pregunta que presidió los trabajos de la 80 Convención Bancaria. Me temo que no solo se trata de una opción maniquea sino impermeable a lo que sucede en nuestro país (y en buena parte de América Latina).
El liberalismo -que por supuesto no es uno, sino muchos- ha intentado a lo largo de la historia preservar un área de autonomía de los ciudadanos en relación a las instituciones estatales y al mismo tiempo ha buscado que los poderes públicos se encuentren regulados, fragmentados, vigilados y que sus decisiones puedan ser recurridas ante el Poder Judicial que debe ser autónomo. La pulsión que pone en acto al liberalismo es el temor a un poder estatal invasivo que coarte las libertades individuales y/o que concentrado se convierta en arbitrario, incontestado, absoluto.
Buena parte de lo construido en México en los últimos años en materia política (el neoliberalismo en la economía es otra cosa, aunque con fuertes puentes de contacto con lo anterior), se ha realizado bajo el influjo positivo de esa corriente en convergencia con otras. La reivindicación del voto libre, secreto y respetado, la creación de instituciones estatales autónomas, el fortalecimiento de la división de poderes, la judicialización de no pocos diferendos políticos, han tenido la impronta del liberalismo. Y en buena hora. Por supuesto las nuevas realidades no pueden explicarse solamente por el impacto de las ideas, lo que en el fondo cambió fue la correlación de fuerzas en el Estado y en la sociedad. El equilibrio de poderes, la necesidad de activar a la Corte para resolver conflictos entre los mismos, los fenómenos de coexistencia de representantes de diversos partidos en el espacio estatal, son el resultado del tránsito de un sistema de partido «casi único» (como lo bautizó un ex Presidente) a un sistema de partidos más o menos equilibrado. Pero la preocupación por regular, dividir y fiscalizar a los poderes públicos sin duda tiene una fuente en el pensamiento liberal-democrático.
En contraste, el populismo -que también asume muchas expresiones- no tiene demasiado aprecio por las construcciones liberal-democráticas. Asumiendo que el pueblo es uno tiende a construir una representación personalísima del mismo. Ese pueblo sin fisuras, concebido como un bloque monolítico, no requiere de un complejo sistema de mediaciones para expresarse. Por el contrario. El pueblo y su liderazgo son una y la misma cosa y el laberinto democrático suele ser contemplado como una barrera innecesaria para la manifestación de las aspiraciones populares. Al líder populista le atrae y alimenta la relación directa con el pueblo. Le gusta la plaza no el Congreso. Tiende a despreciar o minusvaluar las Cámaras donde se expresa el pluralismo, no soporta que se le contradiga o impugne ante el Poder Judicial, las instituciones que le hacen contrapeso son vistas como enemigas.
Pero el populismo -por lo menos en América Latina- suele poner en el centro de sus preocupaciones las carencias populares, las desigualdades sociales, las necesidades no atendidas de amplísimas capas de la población. De ahí su éxito y de ahí su poder de atracción. No se trata solamente de una retórica y una práctica que flote en el aire, sino de una política que genera empatía entre millones de personas que se sienten -y con razón- excluidas, maltratadas, olvidadas.
Lo malo y limitado de la pregunta que presidió la Convención Bancaria es que parece que no existen más que dos sopas. Y ese problema de diagnóstico lo que construye es un callejón con dos salidas falsas, aunque sería mejor decir, dos salidas insatisfactorias. México requiere apuntalar, fortalecer y ampliar muchos de los logros que han edificado una germinal democracia. Pero si a esa agenda no se le agrega la llamada cuestión social, mucho de lo alcanzado se puede reblandecer (de hecho eso ya está sucediendo).
Es decir: a la agenda liberal-democrática es necesario sumar una agenda socialdemócrata. Que junto a la división de poderes, el Estado de derecho, las libertades individuales y súmele usted, aparezcan con fuerza y en el centro de las políticas los temas del empleo, los salarios, la cobertura universal de salud, la vivienda y por ahí. Una agenda que no solo amplíe y fortalezca las libertades, sino que construya un mínimo de cohesión social.