Rolando Cordera Campos
La Jornada
14/05/2017
En 2011, el Congreso de la Unión decidió cambios trascendentales en lo que podríamos llamar la definición constitucional del Estado. Tras años de deliberación y estudio, los legisladores cambiaron el capítulo primero de la Carta Magna y se pasó de las garantías individuales a los derechos humanos y sus garantías. Asimismo, la Constitución se abrió al derecho internacional, al reconocer la paridad entre los derechos consagrados explícitamente en ella con todos aquellos reconocidos por los tratados internacionales firmados por México.
Así, de la noche a la mañana los mexicanos, mediante representación política en los congresos, nos declaramos ciudadanos a la altura de los tiempos del mundo, cuyos vuelcos fulgurantes habían adoptado velocidad de crucero al calor de la irrupción globalizadora y, en particular, del formidable sismo que se llevó a la tumba a la Unión Soviética y su sistema internacional de alianzas y satélites. El capitalismo que mutaba al son de sus propias crisis, se afirmó como capitalismo democrático y puso por delante de su campaña final contra el comunismo soviético la plataforma de los derechos humanos. Desde luego, en primer lugar todos aquellos que remitían a la libertad y su ejercicio, la construcción de democracias pluralistas y a la implantación de economías políticas de libre mercado, dispuestas a formar parte cuanto antes del mercado mundial unificado de los profetas del globalismo.
Asumir los derechos conforme al credo heredado de 1790 y (re)inaugurado en 1948 luego de la derrota de las dictaduras nazi fascistas, fue una operación de amplio y ambicioso espectro. Portaba el reclamo de las revoluciones de terciopelo cuyas vanguardias se aprestaban a refundar no sólo sus sistemas políticos sino el conjunto de sus economías políticas en una dirección casi única al capitalismo abierto que, a la vez, requería de un cemento retórico e ideológico para el cual los derechos humanos, en especial lo civiles y políticos, constituían un invaluable mortero.
Con un capitalismo impetuoso y hasta salvaje, como ocurrió y ocurre en vastos territorios de la antigua URSS, se imaginaba que con la adopción de la era de los derechos de la que hablara el gran turinés Norberto Bobbio se podían crear nuevos acomodos, hasta nuevos poderes compensatorios que pudiesen funcionar como palancas de equilibrio y hasta de renovación político-social antes de que el capitalismo recientemente instaurado hiciera de las suyas y rompiera todo resorte de estabilidad, heredada del socialismo realmente existente o buscada por algunos agrupamientos inspirados en la visión social democrática.
Sea como fuere o haya sido, esta refundación, que en más de un lugar fue más bien una suerte de colonización orquestada por consultores y financieros de los poderes del Primer Mundo, en especial de Estados Unidos, se desdobló en nuevas o híbridas realidades socioeconómicas y regímenes políticos inclinados a replicar los sistemas parlamentarios dominantes en Europa occidental a cuya unión querían unirse cuanto antes. Los resultados de esta portentosa mudanza histórica y cultural están por calibrarse, diseccionarse, incluso entenderse a cabalidad, sobre todo si se les quiere ver como parte de los nuevos mundos de una globalización que ha quedado no sólo inconclusa sino deshilachada por la reproducción de sus asimetrías originarias y las que la crisis global, que despegara en 2008, ha profundizado y ampliado.
Para nuestra experiencia es preciso pensar y acuñar otras coordenadas. El advenimiento y tropicalización de la era de los derechos formó parte del reclamo democrático que se forjó un tanto tortuosamente, a cámara lenta por largos periodos, a partir del gran movimiento estudiantil y popular de 1968. En los años noventa del siglo XX, de cara al recrudecimiento de la violencia criminal organizada y ya articulada por el narcotráfico, pero también frente a flagrantes participaciones ilegales, criminales en verdad, de policías judiciales y anexas, los derechos humanos se pusieron en el centro del reclamo social pero también del discurso del gobierno.
Las abyectas complicidades de las fuerzas del orden irrumpieron cuando el gobierno de Carlos Salinas, cuestionado de origen, buscaba formas de legitimación y recuperación de algún tipo de hegemonía propiamente política. Así, se pensaba, podría tejerse un buen acuerdo con Estados Unidos, echar a andar las reformas estructurales globalizadoras y arribar con bien a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En esta endiablada y múltiple empresa de reconstrucción política del Estado y no sólo del gobierno, tuvieron un lugar destacado y principalísimo universitarios, servidores públicos ejemplares como Jorge Carpizo. También, aunque progresiva y desigualmente, la batería de ONG y las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, la primera de las cuales habría de fundar y lanzar con solidez el propio Jorge Carpizo.
Los partidos que nacían o renacían gracias al cambio de régimen que tomaba curso y cuerpo en esos duros años, hicieron su parte y lo hicieron estelarmente, al darle credibilidad y lustre al pluralismo silvestre que emergía y pugnar por la vía de la legalidad y la organización por un pronto arribo a un régimen democrático propiamente dicho.
Podríamos arriesgarnos a decir que la importante reforma constitucional de 2011, al igual que la lograda este año por los constituyentes de la Ciudad de México, ofrecen una culminación de esa indudable larga marcha por convertir los derechos humanos, su protección, garantía y expansión, en el mandato universal del Estado y el México democrático. No fue ni es miel sobre hojuelas.
Los malquerientes de un régimen político como el sugerido; los pusilánimes de siempre junto con las legiones de la defensa del privilegio, conforman batallones bien dispuestos a impedirlo y han sembrado ya miles de minas terrestres, obstáculos impensables, argumentaciones poderosas cuanto falaces, para torcer el rumbo y al final de las jornadas otorgarnos como don generoso de las cumbres del poder un remedo de Estado social y una democracia constitucional contrahecha, desfigurada, fuente de mil y un desengaños.
De eso y más, nos hablaron el jueves pasado en el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía, Clara Jusidman, Marta Lamas, Enrique y José del Val, Mario Luis Fuentes y David Ibarra. Dos de los muchos foros universitarios convocados por el rector Graue para examinar y buscar superar los desafíos que la nación enfrenta hoy, en medio de los cambios ominosos y hostiles por si faltara que el presidente Trump quiere imponerles al mundo.
Hay que seguir hablando… y montar un nuevo reclamo…