Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
31/10/2022
En su batalla contra el INE, el presidente López Obrador manifiesta una mezcla de arrogancia, autoritarismo, fanatismo y miedo.
El presidente no tolera que haya equilibrios y mucho menos frenos a sus decisiones, por descabelladas que sean. El Instituto Nacional Electoral ha señalado y, cuando le ha parecido necesario, ha sancionado infracciones de todas las fuerzas políticas, incluyendo la que encabeza López Obrador.
Después de la elección de 2018, el INE sancionó a Morena por el fideicomiso supuestamente creado para damnificados del terremoto pero que era fachada de una red de financiamiento ilícito de ese partido. El obsecuente Tribunal Electoral anuló la multa impuesta a Morena, pero ya había sido develada la actuación de personas cercanas a López Obrador que se formaban una y otra vez en la fila del banco para hacer depósitos en efectivo que no superasen el límite legal. El año pasado, el INE aplicó de manera rigurosa la regla constitucional para que ningún partido tuviera una cantidad de diputados superior al 8% de su votación nacional. Esas son dos de las decisiones del Instituto que han incomodado a López Obrador. El presidente tiene una pronta disposición para propiciar o soslayar ilegalidades siempre y cuando favorezcan a su causa —y esa “causa” son, invariablemente, sus intereses—.
López Obrador no es un demócrata. Eso ya lo sabemos pero conviene repetirlo y demostrarlo ante la demagogia de él y los suyos, que se arropan en la democracia para vulnerarla. Un Estado democrático es conformado por instituciones que se equilibran unas a otras. De allí la división de poderes y, más recientemente, la pertinencia de los organismos autónomos. Frente a ese modelo, que es el de las democracias contemporáneas, López Obrador reivindica el presidencialismo intemperante en donde el todo Estado se subordina a la voluntad de un autócrata.
La aversión al INE se debe a esa manía, propia del populismo autoritario, para mandar sin contrapesos. Junto con ella López Obrador cree, o eso dice, que en 2006, con la anuencia de la autoridad electoral, le robaron la elección presidencial. Los resultados electorales de aquel año fueron muy ajustados, pero Felipe Calderón obtuvo más votos que AMLO. Sin embargo, construida con una endeble trama de mentiras y suposiciones, la versión del fraude alimentó el resentimiento del obradorismo durante dos sexenios. Incapaz siempre de cualquier autocrítica, en vez de reconocer sus muchos errores en aquella campaña (la ausencia en un debate, el desdén por los medios, entre otros) López Obrador culpó a la autoridad electoral.
El interés para debilitar y si es posible exterminar al INE, se debe además a la incapacidad del aparato del gobierno y Morena para garantizar su triunfo electoral en 2024. López Obrador sabe que su ascendiente personal, que sigue siendo amplio, no se lo puede transferir automáticamente al candidato para sucederlo. Además hay motivos para suponer que el estancamiento económico, las constantes ineficiencias en la gestión pública (las promesas del presidente cuando dice que resolverá el desabasto de medicinas, por ejemplo, ocasionan renovada irritación) y la ya inocultable corrupción en el gobierno, incrementarán la desconfianza social.
A Morena y AMLO les benefician las insuficiencias y la parsimonia de los partidos de oposición, pero no pueden confiar en mantener la mayoría en la elección presidencial dentro de 19 meses. Si el resultado se les dificulta, podrían intentar hacer trampa. El partido de López Obrador no es ajeno a la tentación del fraude, como ha demostrado incluso en sus elecciones internas. El presidente mismo ha demostrado que a él, la legalidad sólo le parece respetable cuando beneficia a sus propósitos. Para López Obrador, el fin justifica a los medios. Por eso le estorba la independencia del INE.
La iniciativa de reformas constitucionales que impulsan el presidente y su partido implica la desaparición del Instituto Nacional Electoral. No se trata de ajustes de forma, ni de medidas para ensanchar la democracia, como dicen. El atributo imprescindible que le ha permitido al INE, como antes al IFE, tomar decisiones ceñidas a la ley más allá de los intereses políticos que puedan afectar, es la independencia de sus consejeros. Tal independencia resulta de la autonomía constitucional del Instituto y de la capacidad y decisión que puedan tener los consejeros mismos.
Los consejeros son designados con el voto de al menos dos tercios de la Cámara de Diputados, a partir de listas de candidatos presentadas por un comité de evaluación. En vez de ese procedimiento López Obrador quiere que los consejeros, y además los magistrados del tribunal electoral, sean electos en votación popular. Los aspirantes tendrían que hacer campaña y los partidos movilizarían a sus simpatizantes para respaldar a los candidatos de su preferencia.
En vez del INE, López Obrador propone un “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”. También desaparecerían los institutos y tribunales electorales de los estados. Las cámaras de Diputados y Senadores se integrarían a partir de listas en cada estado: todos serían plurinominales y no habría diputados por distrito, en un diseño concebido para beneficiar a los partidos más grandes, comenzando por Morena.
El financiamiento público para actividades regulares de los partidos, más allá de las campañas, ya no estaría apoyado con recursos públicos sino por aportaciones privadas, con lo cual se abriría la puerta al dinero de la delincuencia. Los espacios para campañas electorales en radio y televisión se reducirían de 48 a 30 minutos en cada estación y el tiempo restante quedaría libre para el gobierno. Además Morena se reserva un recurso para, en caso de no ganar las elecciones, tener amenazado al próximo gobierno: el porcentaje de electores necesario para que fuese válida la revocación de mandato disminuiría del 40%, al 33%.
AMLO y Morena pretenden una contrarreforma para devastar a nuestra democracia. Destruir al INE significa terminar con las garantías de elecciones libres y limpias que hoy tenemos y que, por cierto, hace cuatro años permitieron el triunfo de López Obrador. Ahora, ya en el poder, quiere aniquilar al árbitro electoral.