Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
11/04/2016
Las dimensiones, la importancia y la complejidad de los negocios descubiertos gracias a los Panama Papers darán lugar a varias películas y por lo pronto han propiciado denuncias y crisis políticas en docenas de países. El tamaño de las bases de datos que recibió el diario alemán Süddeutsche Zeitung es inimaginable: 11 millones y medio de documentos. La operación para examinarlos requirió de una organización y una discreción excepcionales: durante casi un año más de 400 periodistas, de más de 100 medios de comunicación en 76 países, estudiaron segmentos de esa abundante documentación, los cotejaron con datos de sus respectivas naciones, les dieron contexto y, lo que quizá fue más difícil, aguardaron con disciplinada paciencia hasta el pasado domingo 3 de abril cuando habían acordado difundir esa información.
Se trata del trabajo periodístico de carácter colectivo más importante que se haya realizado en la historia de la prensa. A diferencia del tradicional recelo que hay entre unos y otros medios, en esta ocasión la causa común que era el análisis de esa enorme cantidad de documentos se sobrepuso a la disputa por la exclusividad de una nota. La prensa nunca dejará de buscar primicias, pero en este caso se demostró que con paciencia (que es un atributo eminentemente reñido con la compulsión del periodismo) y desde luego cuando hay información relevante y sólida que lo amerite, se puede preferir la consistencia de la documentación al impacto de la revelación inmediata.
La amplísima gama de personajes de todo el mundo que en busca de secrecía y para evadir impuestos han invertido dinero en paraísos fiscales es tan variada que, por encima de cada nombre y nacionalidad, los Papeles de Panamá confirman que el traslado de capitales constituye una práctica global. Tan sólo entre los dirigentes políticos involucrados en esos movimientos de dinero se encuentran el primer ministro de Islandia, el actual y los anteriores presidentes de Argentina, el presidente de Ucrania, ex primeros ministros de Irak, Qatar y Jordania, un ex presidente de Sudán, familiares cercanos del primer ministro británico, del presidente y el ex primer ministro de China, de los presidentes de Sudáfrica y Siria, amigos del presidente de Rusia.
De México el nombre más mencionado, junto a otros empresarios, ha sido el de Juan Armando Hinojosa. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que organizó el análisis de losPanama Papers, ha denominado a ese personaje como “el contratista favorito” del presidente Enrique Peña Nieto. Propietario del Grupo Higa que participa en proyectos del gobierno federal y gobiernos estatales, Hinojosa es el empresario que le prestó dinero, en condiciones inusualmente favorables, a la esposa del presidente Peña Nieto para que edificara la casa de varias docenas de millones de pesos que tenía en Las Lomas.
La operación para financiar la casa de la familia Peña Nieto fue conocida en noviembre de 2014 gracias a la investigación de los periodistas coordinados por Carmen Aristegui. Ahora se sabe que, poco después de ese escándalo, Hinojosa sacó del país 100 millones de dólares para invertirlos en tres fideicomisos que manejarían nueve entidades radicadas en Nueva Zelanda, Holanda y Reino Unido.
Si ese traslado de dinero fue legal o no, lo tiene que determinar la autoridad fiscal mexicana. Sin embargo, la capacidad del Servicio de Administración Tributaria para investigar los negocios de Hinojosa está comprometida debido a que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también fue beneficiado por el Grupo Higa con un financiamiento (aunque ya lo liquidó) para comprar su casa de descanso en Malinalco.
Invertir dinero en el extranjero no es ilegal. Lo que resulta ilegal es no declarar esas operaciones a las autoridades fiscales y, sobre todo, no reportar las ganancias que puedan obtenerse gracias al depósito o la inversión de capitales en firmas de otros países.
Los llamados paraísos fiscales existen precisamente porque en todo el mundo hay quienes buscan ganancias sin pagar impuestos como los que hay en los países donde radican. En otros casos, a esas entidades llega dinero mal habido. Entre los inversionistas mencionados en los Panama Papers hay capos del narcotráfico y, también, políticos que no podrían haber reunido con sus salarios las fortunas que invirtieron a través de la firma Mossack Fonseca.
Esa empresa panameña, de cuyos archivos fueron tomados los ahora reveladores documentos, tiene relaciones con más de 14 mil bancos y compañías dedicadas a trasladar capitales de unos países a otros. Gracias a esas prácticas han sido creadas 214 mil compañías off shore, o “fuera de la costa” como se les llama a las empresas distantes de jurisdicciones legales y fiscales incómodas para los inversionistas. En esta ocasión, como se ha podido apreciar, había moros en la costa que resultaron demasiado indiscretos.
Los Panama Papers son resultado de un periodismo colaborativo que, para indagar un asunto eminentemente trasnacional, construyó mecanismos de intercambio y análisis también más allá de las fronteras nacionales. Tanto la transferencia instantánea de fondos como la articulación de la red de periodistas que ha develado esos negocios, ocurren gracias a la digitalización de grandes bases de datos. La posibilidad de infiltrar equipos de cómputo, copiar enormes cantidades de documentos y transferirlos, permitió que fueran conocidas las transacciones realizadas a través de la empresa panameña.
Esa filtración permite que hoy sean del dominio público negocios que, en no pocos casos, utilizaron recursos de carácter público. Pero la enorme operación logística que permitió el examen de esos documentos y la filtración misma que los condujo al periódico alemán también ameritan ser parte de la discusión acerca de este asunto.
Toda filtración obedece a intereses que el medio de comunicación que recibe documentos de manera subrepticia tiene la responsabilidad de aquilatar. Nadie sabe qué consideraciones precisas movieron al John Doe que filtró los Papeles de Panamá (se dice que cuando le preguntaron, siempre a distancia y sin revelar su anonimato, expresó simplemente “quiero que estos delitos sean públicos”). En todo caso, resulta significativo que entre los personajes públicos mencionados en esas bases de datos aparezcan líderes políticos o familiares suyos del Medio Oriente, África, Asia y América Latina, algunos pocos de Europa y ninguno de Estados Unidos.
También se puede recordar que el financiamiento que permitió articular el trabajo de 400 periodistas, reunir en varias ocasiones a docenas de ellos, investigar durante meses e intercambiar resultados a través de redes digitales así como crear los sitios web en donde se han difundido, fue proporcionado por fundaciones que reciben dinero del gobierno estadunidense. No hay evidencias de que tal financiamiento le haya permitido a ese gobierno conocer los documentos que serían filtrados o influir en su clasificación. Pero resulta prácticamente imposible que todo ese trabajo haya transcurrido con absoluta discreción, sin que las autoridades de Estados Unidos y otros países occidentales no se enterasen de las revelaciones que se darían a conocer.
Los Panama Papers confirman que la transferencia de dinero en busca de ahorros fiscales (es decir, en detrimento de las finanzas de los países en donde surgen esos recursos) o con el propósito de mantenerlos en secreto (para evitar la fiscalización social y política en cada nación) es una práctica extendida, constante y sofisticada. Los estados en todo el mundo tienen que tomarla en serio. Desde hace tiempo ha circulado la propuesta para establecer una “Tasa Tobin” que gravaría cualquier transacción financiera. Se trata de un impuesto inicialmente sugerido por el Premio Nobel James Tobin para cualquier operación en mercados de divisas. Ampliada a toda transacción, esa sería una medida para limitar el atractivo de los llamados paraísos fiscales. En diciembre pasado, 10 países de la Unión Europea estuvieron de acuerdo en crear un impuesto de esa índole pero la decisión ha sido postergada y para ser eficaz tendría que resultar de un acuerdo internacional mucho más amplio.
Los Panama Papers permitirán que la Tasa Tobin tenga, en muy diversos países, un apoyo social del que ha carecido. Pero al mismo tiempo indican la gran resistencia que hay para crear un impuesto a las transacciones financieras. Los líderes políticos, empresarios y personajes de las más variadas filiaciones ideológicas en más de 200 países cuyas transacciones trasnacionales han sido conocidas, así como el poder institucional y financiero que representan, no querrán permitir un impuesto de esa naturaleza.