Jacqueline Peschard
La Crónica
21/07/2021
El día de mañana, el INE deberá presentar los dictámenes de fiscalización de las campañas electorales de los ámbitos federal y locales del pasado 6 de junio, porque esta tarea está centralizada en la autoridad electoral nacional. A diferencia de lo que sucedía antes de la reforma electoral de 2014 en que el entonces IFE tenía que elaborar sólo los dictámenes de las elecciones federales y la ley le otorgaba un plazo de tres meses para concluirlos, después de validadas las elecciones, hoy, los tiempos se han recortado.
Además, la concurrencia de elecciones federales y locales ha ampliado la cantidad de cargos a fiscalizar y las revisiones de los ingresos y gastos de partidos y candidatos exigen análisis más detallados.
Esto se debe, en buena medida, a que existe una causal de nulidad por rebasar los topes de gastos de campaña, en el caso de que algún candidato ganador rebase en 5% o más de dicho tope y que la diferencia en la votación entre él y su más cercano seguidor sea de 5 puntos porcentuales, o menos.
La fiscalización es una tarea particularmente compleja porque aborda el tema del dinero y la política y, como sabemos, en México, los partidos políticos reciben importantes sumas de dinero público -este año, el financiamiento de los partidos nacionales asciende a 7 mil millones de pesos- y en el imaginario social, tal asignación no resulta justificable porque la fama pública de los partidos está por los suelos.
El primer gran reto de la fiscalización es generar confianza en que la autoridad tiene la capacidad técnica y la solvencia política y moral para verificar lo que reportan los partidos y candidatos y, en caso de encontrar irregularidades sancionar en consecuencia.
Un segundo reto es ir más allá del análisis de lo que reportan los partidos en sus informes. Por eso, el INE hace un monitoreo de los actos de campañas, promocionales y propaganda en general para asegurarse de que no hay recursos erogados que no se informaron a la autoridad.
Este rastreo en tiempos de Covid-19 es muy complicado, pero hay que recordar que, en años pasados, este ejercicio ha llegado a representar más del 20% de las multas impuestas por fiscalización.
Desde luego que esta revisión es posible respecto de los recursos que fluyen por el sistema bancarizado que sí dejan huella, a diferencia del dinero en efectivo que, por ley es excepcional y que sólo la inteligencia financiera puede detectar.
Un tercer reto es que la labor de fiscalización ha corrido a la par que el INE organiza y promueve la primera consulta popular que, como mucho se ha dicho, somete a la consideración de la ciudadanía una pregunta confusa que hace difícil imaginar qué procedería en caso de que se alcance el 40% de la participación para hacerla de obligada aplicación.
Un reto adicional, que cae fuera de la cancha del INE, es el relativo al TEPJF que junto con los tribunales locales son los encargados de declarar la validez de las elecciones.
El descrédito del magistrado presidente que estuvo bajo investigación de la UIF por ingresos y gastos personales desproporcionados a sus encargos, ha dañado la credibilidad del Tribunal y si bien acaba de ser exonerado por la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, su desempeño ha generado tensiones internas que difícilmente podrán dirimirse con la propuesta de sortear los recursos de impugnación entre los magistrados ponentes.
Para que la fiscalización sea confiable, es necesario que el trabajo colegiado de las autoridades administrativas y jurisdiccionales evidencie que se dejan de lado preferencias políticas para privilegiar solamente los elementos jurídicos y técnicos.