Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
15/05/2017
El más conocido de los videos de Palmarito muestra, claramente, una ejecución. Una persona tirada sobre el piso, boca abajo, se encuentra entre varios soldados uniformados y con armas largas en ristre. De pronto se aprecia una ráfaga dirigida a la cabeza de ese individuo y se puede advertir la sorpresa del militar colocado junto a él. Antes y después de esa escena se ve a elementos del Ejército mexicano cuando llegan a una esquina de ese pueblo en el municipio de Quecholac, en Puebla. Se suscitan varias balaceras; los soldados aseguran el sitio después de reducir a quienes los emboscaron.
En otro video se registra el asesinato de un soldado cuando un delincuente, que había sido detenido pero al que no se mantuvo en vigilancia, saca una pistola y le dispara a varios metros de distancia.
La noche entre el 3 y 4 de mayo, 7 civiles y 4 soldados murieron en esos enfrentamientos en Palmarito Tochapan. El Ejército ha recorrido esa zona para evitar el robo de combustible a cargo de los llamados huachicoleros. Según la Secretaría de la Defensa, los militares acudieron a Palmarito en respuesta a una llamada anónima y allí fueron emboscados por saqueadores que se escudaron detrás de mujeres y niños.
No es eso lo que aparece en los videos difundidos hace unos días, aunque en esas grabaciones se muestran escenas parciales. Se trata de videos grabados con cámaras de vigilancia que sólo enfocan ángulos de una esquina (avenida Hidalgo y 10 Norte-Sur) y en algunos casos las versiones que se han difundido están incompletas.
La propagación de esos videos develó un comportamiento abusivo e ilegal de por lo menos un elemento del Ejército mexicano. Esa exhibición de prepotencia fue tan palmaria que la Secretaría de la Defensa declaró de inmediato que tales acontecimientos ya eran investigados por el Ministerio Público.
La difusión de ese video no fue inocente. El martes 9 de mayo en la página “Palmarito Tochapan” en YouTube fueron colocados cuatro videos tomados por dos cámaras distintas y que registran escenas de los hechos del 3 de mayo.
Ese video dura 37 minutos, en el transcurso de los cuales aparece la escena de la ejecución de una persona que se encontraba en el piso. Según el cronómetro de la “Cámara 4”, eso ocurrió a las 20:44 horas del 3 de mayo.
Otro video, de la misma cámara, muestra aspectos del enfrentamiento entre las 9 y las 10 de la noche.
Los otros dos videos de la serie “Palmarito Tochapan” fueron tomados por la “Cámara 2”, enfocada hacia otro ángulo en esa misma calle. El primero tiene escenas entre las 21:00 y las 22:00 horas. El otro, de las 10 de la noche a las 10 con 22 minutos cuando un soldado se percata de la presencia de esa cámara y la desactiva.
Esos videos no muestran el otro crimen, el asesinato de un soldado por parte del individuo que había sido arrestado y que traía escondida una pistola. Ese video adicional fue tomado por la “Cámara 2” y, hasta donde se puede establecer, fue difundido inicialmente por un usuario o usuaria de YouTube identificado como “Paty Pérez”. En ese video, colocado en línea el mismo 9 de mayo, se muestran escenas de las dos cámaras entre las 20:23 y las 21:00 horas de aquel miércoles 3 de mayo. A las 20:25, en las escenas de la “Cámara 2”, se aprecian los disparos que le hace el civil al militar que cae víctima de esa agresión por la espalda.
Cada video muestra ángulos distintos de los mismos episodios. La difusión de esos contenidos tuvo, también, propósitos políticos diferentes.
Los videos de la página “Palmarito Tochapan” buscan mostrar a una comunidad agredida por el Ejército. Aunque se puede distinguir la emboscada a los vehículos militares que poco después de llegar a la mencionada esquina son balaceados desde las azoteas, la escena más dramática es la del civil que, tendido sobre el piso, recibe un disparo en la cabeza.
Los administradores de esa página, identificada según dicen con “Palmarito Tochapan”, omitieron el video del asesinato del soldado.
En cambio, la otra página en YouTube hizo evidente el otro flanco del enfrentamiento. Así se pudo conocer que un militar fue victimado a balazos por una persona que había sido detenida.
En ambos casos se puede constatar el incumplimiento de los protocolos para revisar y proteger a sus detenidos que debieran orientar, sin excepción, el comportamiento del Ejército. Desde luego, también es evidente la complejidad de situaciones como la de Palmarito, donde todos cometen abusos.
Los delincuentes que han hecho del robo de combustible un fructífero negocio regional, que contratan niños para que vigilen calles y predios y que organizaron la emboscada contra el Ejército, no son ciudadanos desprotegidos ni desamparados. Eso no implica que no tengan derechos y mucho menos que deban estar sometidos a ejecuciones extrajudiciales.
Los elementos del Ejército enviados a perseguir a esos delincuentes no tienen disculpa si cometen abusos. Pero los desmanes de alguno, o algunos, no descalifican al Ejército mexicano como institución. Sí ponen a la orden del día, desde luego, la necesidad de regular con eficacia su desempeño y de sancionar cualquier exceso que pudieran cometer integrantes suyos.
Gracias a las cámaras de vigilancia de Palmarito hemos podido asomarnos, aunque sea de manera fragmentaria, a una faceta en la actuación de las Fuerzas Armadas que se arriesgan al enfrentar a la delincuencia, pero en cuyas filas hay abusos. También hemos podido advertir la conducta de los delincuentes que, cuando se encuentran en desventaja, se dicen agredidos. En ese sitio del estado de Puebla, además, hay habitantes que se encuentran en medio del acoso delincuencial y la intervención militar y que son las víctimas especialmente indefensas en estos casos.
Los videos de Palmarito ayudan a conocer esa realidad, pero ninguno de ellos, ni todos juntos, muestran toda la realidad. Por eso es preciso atemperar los juicios apresurados a los que es tan proclive la comentocracia mediática, así como las condenas y descalificaciones que pululan con tanta rapidez en las redes sociodigitales.
Los simpatizantes de los grupos delincuenciales que difundieron los primeros videos de Palmarito consiguieron colocar en la agenda pública un perfil del Ejército como agresor. El otro video equilibró la apreciación mediática y en línea, pero un crimen no justifica ni disculpa el otro.
Sin embargo, las percepciones públicas acerca de ese episodio se han polarizado. En la discusión especializada, los analistas y las ONG que se han opuesto a la Ley de Seguridad Interior han sostenido que, de aprobarse, esa legislación incrementaría los abusos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas.
En el otro flanco, los legisladores que promueven ese ordenamiento consideran que, puesto que crearía nuevos controles para el desempeño de las Fuerzas Armadas, la Ley de Seguridad Interior evitaría episodios como los de Palmarito.
Impugnadores y defensores de esa ley tendrían que afinar sus argumentos y encontrar soluciones a una polarización que solamente ocasiona más confusión. En todo caso, es lamentable el empleo de la tragedia en Palmarito para ganar adhesiones contra esa ley o a favor de ella.
Más allá de la opinión publicada, en los segmentos de la sociedad que se expresan en redes digitales, el juicio sumario sobre esos acontecimientos parece ser muy adverso a los delincuentes. En la página “Palmarito Tochapan”, junto a los videos colocados para subrayar abusos del Ejército, la mayor parte de las expresiones colocadas en los foros de YouTube son favorables al Ejército y, paradójicamente, en contra de la defensa de los derechos humanos
Por ejemplo, un usuario que se identifica como “Leopardo di Caprio” dice: “Muy bien, ejército, maten a toda esa bola de mugrosos, si los dejan vivos al poco tiempo un juez corrupto los deja libres”. Lucas Hernández escribió: “Yo apoyo al ejército hubieran matado a todos los huachicoleros”.
Es diferente la opinión de Gonzayare: “Esos que festejan una ejecución extra-judicial no están festejando un acto de justicia de ningún modo, sino que nuestro país se vaya al carajo. Nos importa un pepino lo que piensen los militares o la policía sobre los huachicoleros, ellos no son jueces y si se les da armas es para que acaten las Leyes de nuestro país, que incluyen los Derechos Humanos…”.
El desempeño de las Fuerzas Armadas no debe ni puede estar sometido al aplauso de los espectadores en línea. Pero en ese comportamiento debe haber controles institucionales para garantizar que, en caso de ilegalidades, habrá indagaciones y sanciones.
Resulta sintomático, y además preocupante, que en las apreciaciones públicas se confunda el cumplimiento de la legalidad con una aplicación inadecuada de los derechos humanos. A pesar de lo mucho que se ha avanzado en la explicación y defensa del debido proceso legal y de otros derechos de las personas y la sociedad, todavía obtienen reconocimiento las posiciones conservadoras para las cuales la persecución a la delincuencia tiene que hacerse por encima de tales derechos.
No es fácil afianzar el cumplimiento del estado de derecho. Episodios como los de Palmarito ofrecen la oportunidad para que la aplicación de la justicia sea ejemplar, con o sin videos.