Jacqueline Peschard
La Crónica
30/06/2021
El domingo pasado, el INE dio el banderazo de salida para la realización de la consulta popular del próximo 1 de agosto para “enjuiciar a los expresidentes”. Se trata de la primera consulta popular de carácter nacional que se organiza con todos los requisitos de ley y, en ese sentido es importante, porque se colma un hueco que existía, porque es un ejercicio de democracia directa que permite que los ciudadanos se expresen, en principio, sobre asuntos de interés público. Sin embargo, el tema que se somete a la consideración de los ciudadanos no sólo es un despropósito, sino una trampa tanto para los ciudadanos, como para el organismo encargado de organizar la consulta. De hecho, para el INE es una manzana envenenada, porque la institución tiene la obligación legal de organizarla con todas las medidas de seguridad institucional y sanitaria con las que realizó la elección del 6 de junio pasado, pero sin contar con un solo peso adicional para hacerlo. Además, tendrá que convocar a la más alta participación ciudadana, colocando cerca de 57 mil casillas con ciudadanos capacitados para recibir la votación, sobre un asunto que es un atentado a la inteligencia y que carece de utilidad para resolver un problema de justicia, como pretende el presidente López Obrador.
Se ha dicho hasta el cansancio, la pregunta que habremos de responder con un sí o con un no, no sirve para activar un proceso que enjuicie a altos funcionarios del pasado, porque dicho proceso tiene reglas y requisitos legales específicos que no pueden ser suplantados por opiniones ciudadanas, por más que eventualmente se logre que se pronuncie el 40% de los electores -37.2 millones- que exige la ley para que el resultado de la consulta sea vinculante.
Es difícil que alguien esté en desacuerdo con la abigarrada pregunta “¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” ¿Quién podría oponerse a que se tomen medidas para castigar a quienes hayan incurrido en acciones ilegales y a que se repare el daño a las víctimas afectadas?
El verdadero propósito de la consulta no es que se haga justicia, sino movilizar a la población en respaldo al gobierno. No es casual, entonces, que Morena esté ya aceitando su maquinaria para que sus bases de apoyo y sus clientelas acudan a las urnas, pero sobre todo para culpabilizar al INE en caso de que no se logren los votos necesarios. Ya Mario Delgado acusó a la autoridad electoral de no desplegar desde ahora la campaña en medios de comunicación para invitar a la participación, ignorando que el propio Congreso fijó el 15 de julio para hacerlo. Morena quiere ahondar el embate contra el INE, acusándolo de que, con el argumento de la falta de presupuesto, limitará la participación de los ciudadanos, olvidando que la única ganancia que existe es apoyar o no la postura del gobierno.
No me cabe la menor duda de que el INE logrará organizar la consulta con todas las garantías de imparcialidad con la que ha probado desarrollar los procesos electorales; sabe hacerlo y tiene las capacidades técnicas necesarias. El gran dilema para el INE está en lograr una amplia participación para que no se diga que jugó en contra del gobierno, en medio de una división entre la obsesión presidencial y el desinterés, o la franca oposición de quienes consideran que la pregunta es una farsa.