Jorge Javier Romero
Sin Embargo
11/11/2021
El líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, anunció esta semana un pacto entre los diferentes grupos parlamentarios para que en este período de sesiones se discuta, entre otros temas prioritarios, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, empantanada al final de la anterior legislatura, lo que llevó a la Suprema Corte de Justicia a hacer la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud que prohíben de manera absoluta el consumo de marihuana a las personas adultas, con base en el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad.
La falta de acuerdo entre las dos cámaras del Congreso de la Unión sobre las características de la necesaria regulación del cannabis llevó al incumplimiento de la instrucción judicial para que se legislara el uso de cannabis de manera que los adultos que lo deseen tengan acceso seguro para su consumo, después de que en febrero de 2019 la Suprema Corte emitiera una jurisprudencia al respecto. La minuta que envió el Senado a la Cámara de Diputados era un proyecto abigarrado, con excesos regulatorios, pero los cambios hechos en la cámara revisora no lo mejoraron e incluso lo empeoraban con la inclusión nuevos delitos relativos a la mariguana. El resultado fue un engendro nonato.
La declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte, con la cual se le dio efectos generales a los amparos que ya antes habían causado jurisprudencia, obliga a la COFEPRIS a otorgar permisos de cultivo para el consumo individual de cannabis a todas las personas que lo soliciten. Sin embargo, la comisión no responde a las solicitudes ni ha emitido los lineamientos para expedir las autorizaciones, de manera que ha incumplido el mandato judicial y ha impedido que quienes quieran sembrar plantas de mariguana en su domicilio para el uso adulto puedan ejercer el derecho ya reconocido por el tribunal supremo.
Así, las personas que decidan consumir siguen sin poder acceder legalmente a la sustancia, por las omisiones de la autoridad administrativa y por la morosidad legislativa para construir un marco regulatorio claro. La inercia prohibicionista sigue impidiendo revertir el despropósito de una política fallida, que no ha tenido más que resultados negativos, pues nunca ha dejado de haber mariguana disponible en el mercado, pero su comercio ha beneficiado sobre todo a organizaciones criminales, mientras que los productores y los consumidores han sido víctimas de persecución, extorción y encarcelamiento.
Quienes, como el senador Demián Zepeda, se siguen oponiendo a la regulación porque, según ellos, el consumo se dispararía y la mariguana estaría al alcance de los niños y los adolescentes no parecen entender que los traficantes que hoy controlan el mercado no tienen ningún escrúpulo para venderla sin verificar la edad de sus compradores y que un mercado bien regulado establecería puntos seguros de venta con mucho mayor control para prevenir el consumo temprano.
La regulación urgente del cannabis, como primer paso para desmontar el contraproducente prohibicionismo con el que se ha enfrentado de manera fallida desde el Estado al consumo de sustancias psicoactivas, debe poner en el centro la protección de los derechos de los consumidores: su derecho a la salud y su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Al mismo tiempo, debe generar mecanismos de reducción de daños y de prevención del consumo de niños y adolescentes. También debe garantizar que los beneficiarios del mercado regulado sean los productores tradicionales que hasta ahora han sufrido bajo el yugo del narcotráfico y por la persecución estatal, que destruye sus sembradíos, los extorsiona y los encarcela.
Una una regulación eficaz debe comenzar por la despenalización. El cannabis y sus componentes activos deben cambiar de lugar en la clasificación de la Ley General de Salud, para pasar de la lista de las sustancias con poco valor terapéutico o medicinal y alto riesgo para la salud, al listado de los compuestos con bajo riesgo sanitario y alto potencial médico. Con ello en automático desaparecería el delito de posesión simple de cannabis, que hoy es fuente de corrupción y acoso de los consumidores, cuando no es motivo de su encarcelamiento. En segundo lugar, el cannabis debe salir del artículo 198 del Código Penal Federal, para dejar de criminalizar a los campesinos productores.
A partir de ahí es donde se puede comenzar a construir una regulación sensata de la mariguana. En la nueva discusión, el Senado debe renunciar a muchos de los elementos planteados en el proyecto de la anterior legislatura, como la trazabilidad de las semillas y el complejo sistema de licencias de cultivo, que solo beneficiarían a las empresas con gran capacidad de inversión y muy probablemente conducirían al fracaso de la ley, pues no lograría el principal objetivo de una regulación de este tipo: sacar al mayor porcentaje del mercado de la ilegalidad. Una legislación excesiva podría conducir a que la mayoría de la producción y el consumo se mantuviera en la informalidad, controlado por traficantes y sin alcanzar los objetivos de reducción de riesgos en el consumo.
La regulación necesaria debe ser clara, fácil de aplicar y debe garantizar tanto el autocultivo legal como la existencia de un mercado seguro, que permita el aprovisionamiento a los consumidores adultos, mientras que, a diferencia del mercado clandestino, restringe el acceso a los menores y garantiza la calidad del producto, sin adulteraciones o sustancias dañinas añadidas, como los defoliantes usados para la fumigación de plantíos ilegales.
A estas alturas, no se requiere ya más evidencia para mostrar los males de la prohibición y su ineficacia. Es tiempo de que México dé el paso a una regulación sensata, que comience a construir una nueva forma de abordar el problema de las drogas, de manera que no sea un gran negocio para las organizaciones violentas, mientras el riesgo de los consumidores crece exponencialmente por la clandestinidad, la falta de atención y el estigma. Falta dar el paso definitivo para cambiar de ruta.