Jorge Javier Romero Vadillo
Sin embargo
07/04/2016
Mientras escribo, en el Palacio de Minería se lleva a cabo el último foro de los debates sobre el usos de la mariguana a los que convocó el Gobierno federal, cuyas conclusiones adelantó Peña Nieto antes de que empezaran: durante su gobierno no se va a regular el uso de la mariguana para uso personal. Hoy de Minería saldrá el producto del parto de los montes, un pequeño engendró que no irá más allá permitir la importación de derivados farmacéuticos de la cannabis y de modificar la tabla de umbrales de tolerancia al uso personal para aumentar el precio de la extorsión a los usuarios de sustancias psicoactivas. Al menos esa es la intención gubernamental, apoyada por las bancadas del PRI en el Congreso, que para eso están ahí, a pesar de que no todos sus integrantes compartan la miopía moralizante del Presidente de la República.
Sin embargo, el proceso de cambio en la política de drogas se ha iniciado y se han colocado importantes cabezas de playa que hacen previsible el avance de una regulación sensata e integral de la cannabis en el corto plazo. El fallo de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional la prohibición absoluta de la mariguana, ha abierto las puertas a una reforma legislativa que aborde tanto el uso médico, el terapéutico, el científico y el personal de la cannabis, aunque sin duda el proceso se verá obstaculizado por las reticencias de la coalición mayoritaria y la oposición presidencial a dar un paso enorme en la rectificación de una estrategia errada que ha causado muchos males a los largo de un siglo y no ha alcanzado ninguno de sus objetivos.
Hace algunos días, la revista Harper’s publicó un artículo de Dan Baum donde hacía públicos los dichos de John Ehrlichman –quien fuera asesor de Nixon en la Casa Blanca hasta que fue a dar a la cárcel por el escándalo Watergate– en una entrevista que el propio Baum le hizo en 1994, pero que fueron excluidos de la versión publicada entonces. Con descaro pragmático, Ehrlichman declaraba que la guerra contra las drogas la decretó Nixon porque necesitaba un pretexto para acosar y perseguir a sus enemigos políticos: los opositores a la guerra de Vietnam y los defensores de los derechos civiles de los negros. Como no podían prohibir ni a los negros ni a los manifestantes, entonces lanzaron la estrategia de guerra en la que identificaban a los negros con el consumo de heroína y a los hippies con el de mariguana. Así tuvieron un pretexto para perseguir a los activistas molestos no por sus causas sino por sus supuestos consumos.
Esta historia es sólo un botón de muestra de los despropósitos en los que se ha basado la política de drogas durante el último siglo. Los únicos beneficiarios han sido los especialistas en mercados clandestinos que se han enriquecido con el control del comercio de sustancias prohibidas, mientras las víctimas han sido los usuarios convertidos en criminales por delitos sin víctimas y sin violencia, las familias deshechas, las comunidades descompuestas y los mismos Estados que han pagado costos altísimos tanto en recursos como en eficacia sin resultado positivo alguno.
La prohibición absoluta de la mariguana ha sido especialmente absurda, por su baja peligrosidad relativa respecto a otras sustancias, incluido el alcohol; por ello, su regulación puede ser el primer paso para modificar la manera en la que los Estados han abordado tradicionalmente el tema de las sustancias psicoactivas y sus potenciales riesgos sanitarios y sociales. Diferentes grupos de académicos, intelectuales, científicos y activistas hemos impulsado desde hace tiempo la necesidad de crear un nuevo marco regulatorio que permita reducir el mercado negro y le arrebate el negocio al crimen organizado, que deje de criminalizar a los consumidores, proteja de mejor manera su salud y aumente la edad del primer consumo con medidas de prevención entre los menores, cosa que hoy no hacen los traficantes, quienes no le piden su credencial del INE a sus clientes.
El modelo regulatorio, cuyas bases hemos planteado Catalina Pérez Correa y yo en unartículo publicado este mes en la revista Nexos, no pretende crear un mercado competitivo basado en la publicidad y en las marcas, sino un mercado fuertemente controlado por el Estado, con un órgano regulatorio especializado y una empresa estatal encargada de comprar toda la producción, clasificarla, etiquetarla y distribuirla tanto a los puntos de venta para el consumo personal, como a los dispensarios terapéuticos y a las farmacéuticas, al tiempo que saca a la mariguana del código penal con la excepción de lo relacionado con los menores de edad.
El diseño de la regulación ha quedado plasmado en una iniciativa de Ley General para la Regulación del Cannabis, elaborada por un grupo amplio en el que participaron académicos del Programa de Política de Drogas del CIDE y de la Universidad de Georgetown, especialistas en política de drogas de México Unido Contra la Delincuencia, activistas y políticos involucrados en el tema y que ha sido presentada en el Senado de la República por Roberto Gil Zuarth. Se trata de un proyecto integral de regulación que supera la separación entre el uso personal y el terapéutico de la mariguana. Una explicación sencilla del proyecto se puede ver aquí:
No es la única iniciativa puesta sobre la mesa. Un grupo de senadores del PRD también ha planteado su propio proyecto, que se suma a los de la Senadora Cristina Díaz, del PRI, sobre usos medicinales y farmacéuticos. El Congreso tiene ya suficiente material para discutir y los argumentos son bastantes. Mientras, el gobierno dedicó los últimos meses a unos foros donde subieron a cualquier merolico de pueblo a decir sandeces, como pretexto para argumentar la oposición de una parte de la sociedad a acabar con la prohibición de la mariguana. Subterfugios para justificar el empecinamiento.