Jorge Javier Romero
Sin embargo
05/03/2015
Que hoy gobierna una coalición de derecha poco centrada es un hecho conspicuo. El PRI y el PAN llevan ya una larga temporada operando en una gran coalición. Con sus altibajos, desde 1989, Acción Nacional ha logrado imponerle su agenda al PRI, el cuál la ha hecho avanzar a cambio de la complicidad de los políticos católicos con la rapiña tradicional priista. Al PRD le dejaron la ciudad de México y le permitieron participar en la rebatiña del botín público en el resto del país, siempre como opción de salida de los disidentes priístas. Esa es la coalición que gobierna México y que se consolidó con el pacto político de 1996.
Desde los tiempos de Salinas se hizo evidente que la larga estrategia de la iglesia de penetración en el régimen, comenzada en los tiempos de la relajación ideológica de la organización hegemónica, aquella que se dio con la desaparición del Partido de la Revolución Mexicana y el nacimiento del PRI en 1946, había sido realmente eficaz. De anticlerical, el PRI pasó a defensor del estado laico a la mexicana, basado en la negociación de la desobediencia de la ley por parte de la curia a cambio de la aceptación de no hacer política contra el régimen y de no criticarlo, y de ahí, gradualmente, a un partido al que difícilmente se le podía diferenciar del PAN cuando de moralina se trata. La iglesia, cómplice del arreglo depredador del PRI, había optado por formar cuadros en sus movimientos seculares —Movimiento Familiar Cristiano, damas de esto o de aquello, etcétera— y por educar a los hijos de los políticos que desde la década de los sesenta dejaron de confiar a sus hijos al sistema público y los pusieron en escuelas católicas con el pretexto de la calidad. Los herederos de la elite priista resultaron, así, sociológicamente idénticos a los panistas: habían sido compañeros en la Ibero, o en el ITAM. El PRI laico, con algunos rasgos moralmente progresistas, se encogió y sus restos acabaron en el PRD.
La coalición hegemónica ha mantenido en lo esencial su agenda económica y social desde hace más de veinte años. Pero lo nodal del acuerdo es el arreglo político. Lo preferirían bipartidista, pero la disidencia priísta reclamaba un espacio y para ello acabaron incluyendo en el pacto al PRD. El asunto, sin embargo, ha sido mantener el reparto de rentas estatales y la capacidad de determinar la viabilidad de los negocios a cambio de tajadas de las ganancias esperadas. Claro que cada ronda del juego requiere de intercambios de favores entre los incluidos en la coalición. Y parece que uno de los precios que han puesto los panistas a su connivencia con el actual gobierno ha sido el indulto, si no es que premio, a la estulticia de la política de seguridad y a la guerra contra las drogas de Calderón.
¿Qué otra cosa si no puede significar el despropósito de convertir a Eduardo Medina Mora —un funcionario de resultados lamentables— en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Desde luego que trayectoria tiene: fue cinco años director del CISEN con Fox y durante el último año de aquel inefable gobierno estuvo de Secretario de Seguridad Pública; pero sin duda el momento culminante de su carrera fue su desempeño entre diciembre del 2006 y septiembre del 2009 como Procurador General de la República. Nueve años de carrera en la seguridad y la procuración de justicia precisamente en la época en la que la seguridad y la justicia se deterioraron en México como nunca en casi un siglo. ¿De verdad el señor que fue Procurador al arranque de la desastrosa guerra de Calderón debe ser ministro de la SCJN? Suena a mala broma o a que existe una deuda grande que debe ser saldada entre camarillas mafiosas.
No es aquí el espacio para repetir la retahíla de desaguisados que dejó durante sus gestiones el señor Medina. Un muestrario de ellos se exponen en la carta que un nutrido grupo de ciudadanos enviamos al Senado para pedirle que detenga la barbaridad de hacer ministro a un personaje que demostró una y otra vez su ignorancia y su desprecio por la legalidad, que solapó cuando no propició violaciones descaradas a los derechos humanos, como en el caso de Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, tres mujeres indígenas detenidas en 2006 y encarceladas por más de tres años acusadas de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación con una averiguación previa lamentablemente armada y que mereció el revés de la misma Corte a la que Medina pretende ahora acceder, tal vez como revancha.
El currículo de Medina Mora no resistiría ningún escrutinio riguroso en un parlamento que se tomara en serio los contrapesos democráticos. La discusión estaría en torno a cualquiera de los otros dos candidatos, evidentemente colocados ahí como comparsas del histrión protagónico, quién por lo demás no ha demostrado una elocuencia foral notable, pues más bien suele balbucir con una sintaxis precaria cuando se expresa oralmente. A un juez constitucional se le debería exigir, en primer término, capacidad de argumentación y habilidad en la formulación de sus razonamientos. Desde luego que esa no es la tradición mexicana, tierra de leguleyos cantinflescos y herméticos, copistas de tópicos manidos para fundamentar sus juicios.
Pero es más que probable que, con el voto del PRI, de la mayoría del PAN y de los palerillos del Verde y el PANAL, se consume la aberración de nombrar ministro de la Corte al corto personaje. Será, sin duda, el refrendo de una ya larga complicidad que premia la ineptitud y le cuida las espaldas al latrocinio. Eso sí, garantes de la moral cristiana que persigue a las mujeres que quieren decidir sobre su maternidad y que santifica a las buenas familias tradicionales. Sólo un voto de conciencia de los liberales del PAN, junto a una izquierda que al menos en esto recupere su unidad, podrá evitarse que Medina obtenga la mayoría calificada que requiere su nombramiento en el Senado.
Si con el nombramiento de Arely Gómez en la PGR se dejó de lado cualquier proceso de reforma seria de la fiscalía, de profesionalización y especialización de unos agentes del ministerio público con precarios conocimientos jurídicos, con miras a su transformación en una fiscalía general autónoma, de consumarse la aberración del nombramiento de Medina la coalición de poder habrá optado simplemente por un voto conservador en el máximo tribunal, no por elevar la calidad de los juicios y fortalecer el Estado de derecho que tanto le urge al país. Se premiará, además, a la política pública más desastrosa de las últimas décadas de la historia de México: la guerra contra el narcotráfico y su brutal secuela de violaciones de derechos humanos, ineficacia y muerte.