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El debate público

Medina Mora, ni experiencia ni independencia

Raúl Trejo Delarbre

La Crónica

09/03/2015

En el corazón del Soho londinense, la Iglesia de San Patricio se ufana de tener una réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe. La capilla donde se aloja ese retrato fue construida con recursos de cuyo origen hay constancia en una placa que indica:

In grateful thanks to Virgen de Guadalupe from friends of México:

Familia C. Salinas de G.

Familia C. Hank R.

Familia A. Quintero

Familia E. Medina M.

Familia J. Collado M.

T.V. Azteca

El periodista Jenaro Villamil, que difundió en Proceso la existencia de esa insólita placa, ha explicado que la capilla fue promovida por Eduardo Medina Mora cuando fue embajador de México en la Gran Bretaña. Su aportación personal fue acompañada por los donativos del ex presidente Carlos Salinas, el empresario Hank Rohn, el directivo de Televisa Alejandro Quintero, el abogado Juan Collado Mocelo y la empresa televisiva de Ricardo Salinas Pliego.

La autolaudatoria placa da cuenta de algunas de las amistades y de los compromisos políticos, así como de las preferencias religiosas, de Medina Mora. Puesto que se trata de un testimonio colocado en un sitio público, resulta pertinente recordarlo ahora que es candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las relaciones políticas refrendadas en aquella lámina en la St. Patrick’s Church han acompañado a Medina Mora durante las dos décadas recientes y podrían ser contradictorias con varios de los asuntos que tendría que atender, en caso de llegar a la Corte.

En 2006, Medina Mora, siendo parte del gabinete presidencial, promovió entre legisladores de varios partidos la “Ley Televisa”, que ese consorcio y Televisión Azteca impulsaron para moldear a su gusto la normatividad para las telecomunicaciones. En marzo de ese año en una reunión de directivos de Televisa por la que desfilaron, uno tras otro, los candidatos presidenciales de PAN, PRI y PRD, el vicepresidente ejecutivo de ese consorcio, Bernardo Gómez (de acuerdo también con versión del periodista Villamil) presentó a Medina Mora como “futuro vicepresidente de Televisa”.

En aquellos días Medina Mora llevaba algunos meses como secretario de Seguridad Pública. Antes, durante casi todo el gobierno de Vicente Fox, fue director del CISEN, el centro de inteligencia político-policiaca del gobierno. Luego, en los tres primeros años del gobierno de Felipe Calderón, fue Procurador General de la República. (Más tarde, con escasos logros, sería embajador en Gran Bretaña y hasta hace poco en Estados Unidos).

Esa trayectoria ha sido reivindicada por el presidente Enrique Peña Nieto para impulsar a Medina Mora a la Suprema Corte. Pero la familiaridad con tareas policiacas no basta para hacer un buen jurista. Peor aún, hay motivos para recelar del desempeño de ese personaje en la persecución al delito.

Cuando Medina Mora llegó a la PGR, a pesar de que había estado seis años en el CISEN y la SSP, consideraba que uno de los narcotraficantes más buscados, Joaquín El Chapo Guzmán, ya no era relevante: “No importa dónde esté. Es como una estrella de futbol desgastada”. Poco después se conocieron nuevas ramificaciones de los negocios de ese delincuente, como su asociación con el traficante de precursores químicos Zhenli Ye Gon.

Además se supo que El Chapo Guzmán pagaba a toda una red de altos mandos de la Procuraduría. El periodista Héctor de Mauleón, recordando aquellas declaraciones y develaciones, ironizó en Nexos, en agosto de 2010: “Los hombres más cercanos a Medina Mora seguían a pie juntillas las instrucciones que la ‘estrella desgastada’ dictaba desde la clandestinidad”.

Además de errores como esos, que en el menos peor de los escenarios demostraban la ineficaz información que tenía Medina Mora sobre las tareas que le correspondía desempeñar, su designación para la Corte ha sido impugnada debido a varias decisiones suyas en contra de los derechos humanos.

Los doctores Alejandro Madrazo Lajous, Catalina Pérez Correa y Jorge Javier Romero promovieron una carta dirigida al Senado, que ayer había sido respaldada por más de 26 mil ciudadanos, en donde se demuestra que el perfil de Medina Mora “es del todo inadecuado para ocupar el cargo de Ministro de la Corte”. La designación como Ministro de un funcionario “caracterizado por la parcialidad y la incompetencia” sería contradictoria con la necesidad de restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones judiciales.

Ese documento recuerda varios episodios de ilegalidad bajo la gestión de Medina Mora en la PGR. Uno, fue la irregular causa contra tres mujeres otomíes acusadas de secuestrar a seis agentes federales con acusaciones tan inverosímiles que fueron revocadas años después por la Suprema Corte.

Otro hecho fue la detención, en 2009, de 38 funcionarios públicos en Michoacán acusados de colaborar con el crimen organizado. Todos fueron liberados tiempo después, pero se puede considerar que tales aprehensiones se debieron a una decisión política. En aquellas fechas estaban por realizarse las elecciones para el gobierno michoacano y era candidata la hermana del presidente Calderón. La PGR de Medina Mora sirvió entonces no a la justicia, sino al partido que estaba a cargo del gobierno para el que trabajaba.

Desde la Procuraduría, Medina Mora promovió una inusitada cantidad de acciones de inconstitucionalidad contra decisiones de congresos locales. Quizá la más significativa fue en 2007 contra la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación que había aprobado la Asamblea del Distrito Federal. La Suprema Corte rechazó, con 8 de once votos, esa demanda de Medina Mora y consideró que la reforma legal de la Asamblea del DF salvaguardaba los derechos de las mujeres.

Por otra parte la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, que reúne a 73 organizaciones de 21 estados del país, ha recordado las vinculaciones de Medina Mora con el Grupo Desc, en donde fue Director Corporativo, que tiene intereses en las industrias farmacéutica y petroquímica. La previsible intervención de la Corte en la solución de disputas relativas a la nueva reforma energética conducen a esas agrupaciones a considerar: “resulta preocupante que sea postulado como Ministro alguien que en algún momento ha tenido intereses en el ramo de la industria petroquímica”.

En la Suprema Corte no debiera haber sitio para representantes de intereses particulares. Mucho menos para quien ha cometido o ha consentido acciones ilegales, o en contra de derechos sociales, especialmente derechos de las mujeres.

Sin la independencia ni la experiencia que hacen falta para ejercer esa relevantísima responsabilidad, con antecedentes ominosos como los aquí anotados, la llegada de Eduardo Medina Mora al máximo tribunal de la justicia mexicana sólo podría entenderse como un capricho del presidente Peña Nieto. Sería, en ese caso, un capricho muy costoso.