Temas sobre Medio Ambiente
Cuenta regresiva *Julia Carabias *Reforma 09/01/2009
No hemos terminado de recuperarnos de la debacle de la COP 15 cuando ya hay que empezar a trabajar intensamente para la COP 16. Con el año, inicia la cuenta regresiva. No se puede repetir el fracaso de la Conferencia de Copenhague y llegar a noviembre de este año a la COP 16, que tendrá lugar en la Ciudad de México, sin acuerdos previos. El tiempo se nos acaba. Es impostergable iniciar el cabildeo y las negociaciones a partir del punto en el que se quedaron en diciembre pasado. Tarea nada fácil ante los escasos avances obtenidos en la COP 15. Sin embargo, la ruta quedó trazada y los países clave se pronunciaron e iniciaron el diálogo; no obstante, a todos dejaron insatisfechos.
Aunque el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada sigue siendo vigente, ello no excluye que todos los países deben contribuir a resolver el problema del cambio climático. Si bien es cierto que los países desarrollados han abusado del libre uso de la atmósfera, a costa del derecho que también tienen los países en desarrollo de usar ese mismo bien público a favor de su crecimiento económico, el hecho es que la capacidad de la atmósfera de recibir más emisiones se ha rebasado y el desarrollo debe entonces hacerse bajo otros patrones de producción y consumo que no impliquen repetir los mismos atropellos.
Es indispensable entender, además, que al disminuir el consumo de combustibles fósiles y evitar la deforestación, no sólo se está contrarrestando el cambio climático y sus impactos nocivos, sino que, al mismo tiempo, se avanza en los objetivos de las agendas nacionales para el desarrollo sustentable ya que, con ello, se combate la contaminación y la pérdida del capital natural y se mejoran las condiciones de salud pública, de seguridad energética y alimentaria.
¿Cuáles serían los elementos mínimos que debería contener un acuerdo multilateral para garantizar que la humanidad no interfiera en la atmósfera a niveles riesgosos para el desarrollo y para los sistemas ecológicos? A continuación se señalan algunos de ellos: -Asumir que la temperatura de la atmósfera no debe elevarse más de 2 grados centígrados y que las concentraciones totales de gases efecto invernadero (GEI) no deben superar 450 partículas por millón (ppm) de CO2 equivalente.
-Reconocer que las emisiones, por habitante, de GEI no deben rebasar 2.4 toneladas de CO2e en el año 2050.
-Comprometerse a que las emisiones globales de GEI alcancen su máximo valor, a más tardar, en los próximos 10 años y, a partir de entonces, reducir su generación paulatinamente para que en 2050 se emita sólo la mitad de lo que se produjo este año, es decir, 25 gigatoneladas de CO2e como máximo.
-Lograr que el crecimiento económico de los países en desarrollo, indispensable para alcanzar el bienestar de su población y la superación de la pobreza, ocurra mediante un menor gasto de energía fósil por unidad de PIB, lo que se conoce como desacoplamiento entre el crecimiento económico y el consumo energético, es decir, producir más con menos energía.
-Establecer mecanismos justos, claros y transparentes para la transferencia de tecnologías y de recursos económicos de los países desarrollados a los países en desarrollo.
-Implementar una política agresiva por parte de los países responsables de las emisiones de GEI provenientes del cambio de uso de suelo para detener la deforestación y eliminar el uso del fuego en las actividades agropecuarias, lo cual no sólo contribuirá a mitigar el cambio climático, sino a conservar el capital natural necesario para el desarrollo.
-Incrementar los sumideros de captura de CO2 mediante la reforestación de áreas degradadas, así como el pago por el servicio ambiental de retención de carbono que aumentaría la rentabilidad de los bosques en pie.
-Establecer reglas claras para supervisar el control de las emisiones y compromisos vinculantes, es decir obligatorios.
A México, por ser la sede de la próxima COP 16, y por ser un país que ha asumido responsabilidades importantes en el Programa Especial de Cambio Climático, le corresponde una ardua tarea de negociación para lograr un acuerdo en la COP 16. Es necesario reforzar, además, que dicho acuerdo debe surgir en el contexto de las Naciones Unidas, particularmente, como parte de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. La vía de los acuerdos multilaterales, que son los únicos incluyentes de todos países y en los que cada país tiene el mismo peso, fueron vilipendiados en la COP 15 y, en especial, Estados Unidos optó, como es costumbre, por las negociaciones (y presiones) bilaterales.
¿Será posible que la humanidad pueda llegar a un acuerdo civilizatorio multilateral de esta envergadura o estará nuestra generación dispuesta a dejar que la catástrofe recaiga sobre quienes hoy están naciendo y que cuando tengan capacidad de tomar decisiones, sea ya demasiado tarde? ¿No es eso privar a nuestros hijos y nietos de su libertad?
El HMS ‘Beagle’ *Julia Carabias *Reforma 26/12/2009
Un día como hoy, 26 de diciembre, hace 178 años, la nave HMS Beagle estaba lista para iniciar el viaje de 57 meses que transformaría la historia de la ciencia biológica.
Durante la época victoriana, una vez finalizadas las guerras napoleónicas, las prioridades de la Marina inglesa cambiaron de la defensa a la custodia de su imperio y a la facilitación del comercio y la exploración. Las colonias británicas se diseminaron por Asia, América, África y Oceanía y era indispensable, para su control y para la extracción y transporte a Inglaterra de la riqueza mineral y de recursos naturales, contar con las mejores rutas de navegación. Fue por ello que el Almirantazgo británico realizó un gran esfuerzo en la elaboración de una cartografía precisa de las costas continentales e insulares.
Particularmente difícil era la navegación hacia la posesión extranjera más grande de Gran Bretaña, la India, a través del tortuoso paso entre el Atlántico y el Pacífico, el Estrecho de Magallanes. En éste, las embarcaciones pasaban meses yendo y viniendo sin avanzar hacia su destino, por laberintos de rocas, islas e isletas, en condiciones extremas de vientos y oleajes, bajas temperaturas, neblinas espesas y lluvias torrenciales. La tripulación de los barcos que navegaban por esa ruta no sólo se desmoralizaba sino que con mucha frecuencia moría por escorbuto, falta de alimento o naufragio. Se requería encontrar un paso marítimo en América, más seguro y mejor conocido.
La función que tuvo el primer viaje del Beagle fue la de explorar detalladamente Tierra del Fuego, en 1827, bajo la conducción de su capitán Pringle Stokes, quien aunque realizó una tarea destacada, las hostiles condiciones naturales lo vencieron y se suicidó al mando de su embarcación. Los nombres geográficos con los que fueron bautizados islas, cabos y puertos -Isla Desolación o Puerto Hambre- dan fe de las adversidades en la región.
En 1828, el capitán Robert FitzRoy tomó el mando del Beagle. Además de continuar con la misión cartográfica surgió en él un interés, casi obsesivo, por los indígenas de Tierra del Fuego, los fueguinos. Debido a un sinnúmero de incidentes desencadenados por el robo de un bote ballenero, FitzRoy terminó con cuatro prisioneros fueguinos a bordo del Beagle a quienes enseñó los hábitos occidentales. A juicio del capitán, los fueguinos estaban contentos con su nueva vida, por lo que decidió llevarlos a Inglaterra.
En Inglaterra pronto uno de ellos murió por viruela y los otros tres fueron hospedados en una escuela infantil. A pesar de que FitzRoy y los fueguinos se hicieron famosos y tuvieron innumerables actividades sociales para que la realeza conociera a los exóticos personajes, el capitán sintió una enorme carga moral por tenerlos en Inglaterra y se obsesionó con la idea de regresarlos a Tierra del Fuego.
La cartografía del primer viaje en el Beagle ofrecía rutas marítimas más seguras y rápidas y buenos puertos de abrigo, pero con la finalidad de volver a Tierra del Fuego, FitzRoy convenció al Almirantazgo de que estaban incompletas. El Almirantazgo autorizó la nueva expedición y, para satisfacción de FitzRoy, le asignó el Beagle renovado. Este segundo viaje del Beagle sería, además, un viaje científico para realizar investigaciones botánicas, zoológicas, geológicas y meteorológicas. FitzRoy, de carácter poco sociable, temía caer en un estado de depresión durante la larga travesía por las inhóspitas aguas de Sudamérica, como había ocurrido con sus predecesores. Por ello, solicitó al Almirantazgo que un científico joven y educado pudiera acompañarlo en su travesía. Ese joven de 22 años resultó ser Charles Darwin.
Finalmente, el Beagle quedó equipado con la mejor tecnología y los más avanzados instrumentos científicos de la época y listo para continuar con la tarea cartográfica, establecer misiones evangélicas, recabar información científica y sobre todo, para FitzRoy, saldar su deuda moral devolviendo a los fueguinos a casa. El 23 de noviembre de 1831 el Beagle inició su travesía por las costas de Inglaterra repleto de comida y de decenas de cajas inútiles llenas de finas vajillas, cristal cortado, crinolinas y sombreros entre otros absurdos e inútiles objetos que la aristocracia había regalado a los fueguinos. El mal tiempo impidió la navegación y fue necesario anclar nuevamente en el puerto de Plymouth. Después de varias semanas, el 26 de diciembre, siendo un día calmo, FitzRoy ordenó zarpar. Ingenuo capitán, no contaba con que sus marineros se encontraban ebrios y dispersos en la costa después de las fiestas navideñas y hubo que esperar a que su tripulación se curara la cruda para finalmente iniciar, el 27 de diciembre, su histórico viaje de cinco años.
Curioso que dos hechos fortuitos, el robo por los fueguinos de un bote ballenero y el temor a la soledad del melancólico capitán del Beagle, propiciaron que Darwin abordara la nave que lo llevaría a formular la revolucionaria teoría de la evolución y explicar el origen de las especies.
Compromisos ineludibles *Julia Carabias *Reforma 12/12/2009
Una vez más la atención del mundo está dirigida hacia el tema del cambio climático. La decimoquinta Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se está llevando a cabo del 7 al 18 de diciembre en Copenhague, ha convocado a más de 15 mil personas -representantes de 193 gobiernos, organizaciones sociales, empresarios y académicos. El jueves 17, se espera la llegada de más de 100 jefes de Estado. Se trata de una de las reuniones más complejas de la historia reciente de las Naciones Unidas debido a los impactos que el cambio climático ejerce sobre el desarrollo y bienestar de la humanidad.
La humanidad, a lo largo de su desarrollo, ha llegado a interferir en el sistema climático mediante la emisión de gases efecto invernadero (GEI). En el siglo XX, la temperatura promedio global aumentó 0.74 grados centígrados, mientras que el nivel del mar, producto de la expansión termal de los océanos y del deshielo, se incrementó 17 centímetros, como lo ha demostrado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés).
El reto central actual para impedir una catástrofe irreversible es evitar que la interferencia humana en el sistema climático alcance niveles de riesgo. A partir de la evidencia científica, la temperatura no puede incrementarse en más de 2 grados centígrados, lo que implica no rebasar la concentración global de 450 ppm de GEI en la atmósfera. Los límites físicos de hasta dónde se puede llegar los definió la ciencia; las formas de cómo evitar rebasar dichos límites se deben concretar con las negociaciones en el seno de la CMNUCC.
El Protocolo de Kioto, firmado en 1997, es el único instrumento vigente y vinculante que obliga a los países desarrollados a «reducir el total de emisiones de gases efecto invernadero a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el periodo comprendido entre el año 2008 y 2012». Las tendencias de emisiones señalan que la meta del 2012 no sólo no se logrará, sino que ya se superaron los peores escenarios previstos. Los países Anexo 1 no cumplieron sus compromisos. Toca ahora, en la COP15, encontrar la forma de construir los nuevos acuerdos para garantizar no poner en riesgo a la humanidad.
Sin duda alguna, el cambio hacia un modelo de desarrollo que conjugue el crecimiento económico al tiempo de disminuir la generación de GEI, implica, entre otras cosas, un importante costo económico. El Informe Stern sobre la economía del cambio climático señala que la implementación de las acciones de mitigación podría costar alrededor de 3 por ciento del PIB global para el año 2030, lo cual evidentemente afecta intereses económicos y genera grandes resistencias. Sin embargo, es también contundente al advertir que el costo de no hacer nada superará de 5 a 10 por ciento del PIB global.
Llegamos al límite de tiempo. Es urgente construir un acuerdo global que involucre a todas las naciones. El Protocolo de Kioto culmina su primera fase en 2012. O se definen los nuevos compromisos en el marco de este Protocolo y se adhieren los países que no están en él, particularmente Estados Unidos, o se conviene un nuevo instrumento legal vinculante, con compromisos claramente establecidos y mecanismos económicos para lograrlos. México ha promovido, de manera muy exitosa, una propuesta innovadora de instrumento económico que facilite el logro de los objetivos; el llamado Fondo Verde, que está siendo respaldado en este momento por varios países.
La COP15 inicia sin acuerdos pese a las decenas de reuniones preparatorias, lo cual es muy alarmante. Sin embargo, a la fecha, la COP ha detonado expresiones de posibles nuevos compromisos por parte de algunos países desarrollados. Éste es el caso del anuncio de Estados Unidos de reducir 17 por ciento de sus emisiones para 2020 con respecto a las producidas en 2005, de Australia (entre 36 y 49 por ciento) o de Japón (entre 15 y 30 por ciento). Muy significativo ha sido el pronunciamiento de China -el mayor productor de GEI en el mundo que se resistía a abrir la discusión- de reducir la intensidad de sus emisiones de carbón en 40-45 por ciento entre 2005 y 2020. Asimismo, otros países no pertenecientes al Anexo 1 han anunciado reducciones para el año 2020 como el caso de la India (20-25 por ciento), Brasil (36-38.9 por ciento), Indonesia (26-41 por ciento), Sudáfrica (34 por ciento), Corea del Sur (30 por ciento) y México (50 por ciento para 2050), entre otros.
No obstante la importancia de estos señalamientos, el esfuerzo en conjunto es tajantemente insuficiente. Sin la adhesión de los demás países y sin el incremento de los compromisos, no podrá evitarse la catástrofe.
La COP15 no llegará a acuerdos definitivos, pero la reunión de jefes de Estado será clave para elevar los compromisos y trazar una ruta para que la COP16 (del 8 al 19 de noviembre de 2010), que seguramente se celebrará en México, culmine con un contundente acuerdo legalmente vinculante, un acuerdo civilizatorio y transgeneracional inédito, justo la víspera del centenario de la Revolución. La mejor forma de celebrarlo.
La Estación Chajul, 20 años *Julia Carabias *Reforma 28/11/2009
Hace 30 años, impresionaba el contraste de la belleza de la espesura de la selva chiapaneca frente a las masivas deforestaciones tabasqueñas y veracruzanas. Iniciaba el devastador desarrollo del trópico húmedo y la inmigración a la región de miles de familias campesinas provenientes de toda la República. Pronto la inmigración alcanzó a la parte más sureña de la Selva Lacandona, la región del Marqués de Comillas.
Los primeros pobladores llegaron en avionetas que aterrizaban en los playones de arena del río Lacantún. En esos años, un grupo de expertos en mariposas, la familia De la Maza, intuyendo que, por las características biogeográficas de esa región, la diversidad de la zona debía ser única, se trasladó al lugar para estudiarlo. Tenían razón, las investigaciones de Javier de la Maza durante 10 años demostraron que esta área alberga 50% de todas las mariposas diurnas de México, las cuales representan 90% de las especies conocidas en el trópico húmedo mexicano.
La galopante deforestación debida a la colonización inducida por el gobierno no se limitaba a la zona del Marqués de Comillas, sino que, por tratarse de ricas tierras de vega a la orilla del río, se extendió a la margen del Lacantún correspondiente a la recién creada Reserva de la Biosfera Montes Azules, propiedad, en su mayoría, de la Comunidad Lacandona.
Ante la amenaza de destrucción de la reserva, Javier de la Maza decidió que la conservación de esa reserva sería su proyecto de vida, y lo ha sido. Fue así que, cuando trabajó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en 1984, y en acuerdo con la Comunidad Lacandona, promovió la construcción de una estación de campo en la reserva con el fin de establecer, por primera vez, una presencia permanente para la defensa de un área natural protegida. La estación no llegó a operar debido a problemas burocráticos y pronto fue abandonada. En 1989, no trabajando ya para el gobierno, y con recursos de diferentes organizaciones no gubernamentales y fundaciones, reconstruyó la estación y, junto con los lacandones, acordó con los ejidatarios la desocupación de las tierras que no les pertenecían dentro de la reserva. Ése fue el primer gran logro desde la Estación Chajul.
Hoy la Estación Chajul constituye un enclave para la conservación de la reserva. Las imágenes de satélite dan fe de ello. La Selva Lacandona ha perdido, en los últimos 30 años, tres cuartas partes de su cobertura original. Sólo quedan los ecosistemas naturales de sus seis áreas naturales protegidas.
No ha sido tarea fácil mantener la Estación Chajul operando durante 20 años ininterrumpidos. La búsqueda de recursos económicos para su operación y para la realización de proyectos de investigación y de fomento para el desarrollo sustentable se convierte, año con año, en un tortuoso y complejo desafío.
La Estación Chajul ha sido un bastión fundamental para la búsqueda de soluciones a los problemas de las invasiones en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, así como para controlar la cacería, tala y pesca ilegales y combatir los incendios forestales. Por ello, la estación y quienes trabajamos en ella, nos hemos hecho de numerosos enemigos a quienes esta presencia estorba para materializar sus ilícitos y, al mismo tiempo, pretenden, mediante difamaciones, desacreditar la labor de la estación presentándola como un sitio de saqueo de recursos naturales. Nada más lejos de la realidad.
Durante sus 20 años de vida, la Estación Chajul ha sido: el laboratorio natural de cientos de científicos y estudiantes y un centro de capacitación de centenas de ejidatarios, comuneros y profesionistas dedicados a la conservación, el manejo y la restauración de los ecosistemas naturales; la extensión de la escuela de cientos de niños de las comunidades vecinas; un espacio de deliberación abierta entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y los legisladores con los habitantes de las comunidades vecinas y los dueños de la tierra para resolver sus conflictos y mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, desde la estación se han promovido proyectos productivos exitosos para el desarrollo sustentable en la región, se ha contribuido al monitoreo y alerta temprana de las amenazas de la reserva y se ha difundido, en México y en el mundo, la importancia de este valioso y único espacio del territorio nacional.
La Estación Chajul ha creado capacidades humanas e institucionales para la conservación del patrimonio natural más importante del país. Sus trabajadores, habitantes de las comunidades vecinas, muchos de ellos con más de 15 años de antigüedad, cuentan con una capacitación inigualable y están plenamente comprometidos con la conservación de la selva.
Por todo lo anterior, y por su vigésimo aniversario, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Semarnat entregó ayer, para la Estación Chajul, un «Reconocimiento Especial a la Conservación de la Naturaleza». Enhorabuena.
La Estación Chajul, 20 años *Julia Carabias *Reforma 28/11/2009
Hace 30 años, impresionaba el contraste de la belleza de la espesura de la selva chiapaneca frente a las masivas deforestaciones tabasqueñas y veracruzanas. Iniciaba el devastador desarrollo del trópico húmedo y la inmigración a la región de miles de familias campesinas provenientes de toda la República. Pronto la inmigración alcanzó a la parte más sureña de la Selva Lacandona, la región del Marqués de Comillas.
Los primeros pobladores llegaron en avionetas que aterrizaban en los playones de arena del río Lacantún. En esos años, un grupo de expertos en mariposas, la familia De la Maza, intuyendo que, por las características biogeográficas de esa región, la diversidad de la zona debía ser única, se trasladó al lugar para estudiarlo. Tenían razón, las investigaciones de Javier de la Maza durante 10 años demostraron que esta área alberga 50% de todas las mariposas diurnas de México, las cuales representan 90% de las especies conocidas en el trópico húmedo mexicano.
La galopante deforestación debida a la colonización inducida por el gobierno no se limitaba a la zona del Marqués de Comillas, sino que, por tratarse de ricas tierras de vega a la orilla del río, se extendió a la margen del Lacantún correspondiente a la recién creada Reserva de la Biosfera Montes Azules, propiedad, en su mayoría, de la Comunidad Lacandona.
Ante la amenaza de destrucción de la reserva, Javier de la Maza decidió que la conservación de esa reserva sería su proyecto de vida, y lo ha sido. Fue así que, cuando trabajó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en 1984, y en acuerdo con la Comunidad Lacandona, promovió la construcción de una estación de campo en la reserva con el fin de establecer, por primera vez, una presencia permanente para la defensa de un área natural protegida. La estación no llegó a operar debido a problemas burocráticos y pronto fue abandonada. En 1989, no trabajando ya para el gobierno, y con recursos de diferentes organizaciones no gubernamentales y fundaciones, reconstruyó la estación y, junto con los lacandones, acordó con los ejidatarios la desocupación de las tierras que no les pertenecían dentro de la reserva. Ése fue el primer gran logro desde la Estación Chajul.
Hoy la Estación Chajul constituye un enclave para la conservación de la reserva. Las imágenes de satélite dan fe de ello. La Selva Lacandona ha perdido, en los últimos 30 años, tres cuartas partes de su cobertura original. Sólo quedan los ecosistemas naturales de sus seis áreas naturales protegidas.
No ha sido tarea fácil mantener la Estación Chajul operando durante 20 años ininterrumpidos. La búsqueda de recursos económicos para su operación y para la realización de proyectos de investigación y de fomento para el desarrollo sustentable se convierte, año con año, en un tortuoso y complejo desafío.
La Estación Chajul ha sido un bastión fundamental para la búsqueda de soluciones a los problemas de las invasiones en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, así como para controlar la cacería, tala y pesca ilegales y combatir los incendios forestales. Por ello, la estación y quienes trabajamos en ella, nos hemos hecho de numerosos enemigos a quienes esta presencia estorba para materializar sus ilícitos y, al mismo tiempo, pretenden, mediante difamaciones, desacreditar la labor de la estación presentándola como un sitio de saqueo de recursos naturales. Nada más lejos de la realidad.
Durante sus 20 años de vida, la Estación Chajul ha sido: el laboratorio natural de cientos de científicos y estudiantes y un centro de capacitación de centenas de ejidatarios, comuneros y profesionistas dedicados a la conservación, el manejo y la restauración de los ecosistemas naturales; la extensión de la escuela de cientos de niños de las comunidades vecinas; un espacio de deliberación abierta entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y los legisladores con los habitantes de las comunidades vecinas y los dueños de la tierra para resolver sus conflictos y mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, desde la estación se han promovido proyectos productivos exitosos para el desarrollo sustentable en la región, se ha contribuido al monitoreo y alerta temprana de las amenazas de la reserva y se ha difundido, en México y en el mundo, la importancia de este valioso y único espacio del territorio nacional.
La Estación Chajul ha creado capacidades humanas e institucionales para la conservación del patrimonio natural más importante del país. Sus trabajadores, habitantes de las comunidades vecinas, muchos de ellos con más de 15 años de antigüedad, cuentan con una capacitación inigualable y están plenamente comprometidos con la conservación de la selva.
Por todo lo anterior, y por su vigésimo aniversario, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Semarnat entregó ayer, para la Estación Chajul, un «Reconocimiento Especial a la Conservación de la Naturaleza». Enhorabuena.
Educación y naturaleza *Julia Carabias *Reforma 31/10/2009
Durante las últimas dos décadas el interés sobre la naturaleza se ha incrementado y puede decirse que hoy existe una mayor sensibilización hacia los problemas del deterioro ambiental. En la medida en que la ciencia ha documentado los desequilibrios ambientales y sus causas, la población ha reaccionado y las instituciones han ido, paulatinamente, construyendo estrategias para enfrentarlos, aunque no a la velocidad que exige la gravedad de los problemas.
Existen obstáculos medulares por los cuales no se ha logrado un avance más rápido que permita detener y revertir el deterioro ambiental como son la escasa conciencia social y la distancia que adoptan los individuos para involucrarse en las soluciones. Si bien nadie se regocija de dicho deterioro, muy pocos están dispuestos a ajustar o cambiar hábitos y conductas de vida para armonizarlos con los límites de la capacidad de renovabilidad que impone la naturaleza.
Para dar ese paso, es necesario que los ciudadanos comprendan las causas del deterioro ambiental y sus posibles soluciones, lo cual no sólo requiere contar con la información adecuada sino, además, con formación y capacidad analítica. Es por ello que la educación formal sobre los temas ambientales se convierte en un instrumento crucial de cambio y, aunque sus efectos se manifestarán plenamente en el mediano plazo, ésta es la forma más sólida para lograr una transformación tanto de actitud como de conducta por parte de la sociedad. Así se podrá conservar la naturaleza y aprovechar, de manera sustentable, su potencial para el desarrollo y bienestar social.
Si bien la educación trasciende la escuela y está influida por los medios de comunicación y por el entorno que nos rodea, sigue siendo ésta el espacio socializador más importante y su aporte es decisivo. Por ello, la organización curricular y los libros de texto son básicos, así como las nuevas técnicas didácticas, la capacitación y orientación de maestros y el equipamiento adecuado.
La SEP, en este ciclo escolar 2009-2010, está desarrollando una prueba piloto de los libros de texto de primaria, desde primero hasta sexto, en 5 mil escuelas de todo el país como parte de la Reforma Integral de la Educación Básica. En primero y segundo grados los libros que abordan los temas ambientales son los de Exploración de la naturaleza y de la sociedad, y de tercero a sexto los de Ciencias Naturales. Los conceptos básicos van apareciendo en los libros conforme se avanza de grado y, en conjunto, quedan abordados los principales aspectos de la problemática ambiental. Además, en los libros de Formación Cívica y Ética está incluido el cuidado a la naturaleza articulando así, de manera transversal, los temas ambientales en la educación básica.
Los libros son esenciales, y los buenos libros serán la clave para un cambio, pero de poco servirán éstos si no se refuerza la formación de los maestros para manejar estos temas, saber utilizar los libros y guías e incorporar los nuevos valores. Esta tarea se encuentra muy rezagada en el país, en particular en las zonas rurales más marginadas en donde la carencia de buenos maestros es alarmante ya que para los niños de estas regiones la educación constituye la herramienta más poderosa para superar la pobreza.
Dos excelentes textos que contribuirán a mejorar la calidad académica de los maestros son los pertenecientes a la serie ¿Y el medio ambiente?, elaborados recientemente por el Sistema Nacional de Información Ambiental de la Semarnat. El primero es el de Problemas de México y el otro el de Cambio climático: ciencia, evidencia y acciones -ambos pueden consultarse en línea. Gracias a su lenguaje ameno y riguroso su utilización en las escuelas complementa los temas más relevantes de la agenda ambiental.
Otras herramientas indispensables para consolidar la formación de alumnos y maestros son las computadoras, el acceso a internet y los múltiples materiales electrónicos didácticos que existen. Nuevamente, es en el medio rural en donde miles de escuelas carecen de estos beneficios. Es de resaltar, en este sentido, la importancia del trabajo que, desde hace 10 años, ha llevado a cabo la asociación civil UNETE en el equipamiento de las escuelas rurales. A manera de ejemplo, conozco directamente el impacto positivo que en pocos meses tuvo sobre el aprendizaje de los niños de la escuela primaria del ejido de Boca de Chajul de la Selva Lacandona, la donación que hizo UNETE de una antena para internet y de 17 computadoras. Estos nuevos instrumentos han estimulado la capacidad de los niños para descubrir y asombrarse ante los nuevos conocimientos. Su horizonte se amplió, afortunadamente, sin marcha atrás.
La educación ambiental formal debe ser capaz de transformar a las nuevas generaciones en sujetos críticos y fomentar la reflexión y el análisis sobre los impactos negativos que la humanidad tiene sobre la naturaleza con el fin de crear una nueva actitud, nuevos valores y un sentido de responsabilidad ante el futuro de las generaciones venideras.
Certidumbre *Julia Carabias *Reforma 17/10/2009
El deterioro y la destrucción de los ecosistemas naturales del país debido a la deforestación, al crecimiento urbano, a los desarrollos turísticos e inmobiliarios, al establecimiento de asentamientos humanos en terrenos inadecuados, áreas agrícolas, ganaderas, de plantaciones forestales o granjas acuícolas, entre otras formas impropias de ocupación y uso del territorio, se han tratado de detener e incluso de revertir mediante la aplicación de diversos instrumentos de política ambiental.
Uno de los instrumentos más importantes para estos fines es el ordenamiento ecológico del territorio (OET), que tiene por objetivo regular o inducir el uso del suelo y de las actividades productivas con el fin de lograr la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente reconoce tres tipos de OET: el general, tanto terrestre como marino, que es atribución de la Federación; el regional, que incluye todo o sólo parte del territorio de una entidad federativa y compete a los gobiernos estatales formularlos, expedirlos y ejecutarlos; y el local, que otorga a los gobiernos municipales la atribución de regular los usos de suelo en el medio rural. Para 2008 se habían expedido 44 OET terrestres, que abarcaban una cuarta parte del territorio nacional, además de seis marinos.
No obstante la importancia estratégica de este instrumento para el desarrollo nacional, los OET adolecen de un conjunto de problemas como son los siguientes.
Los ordenamientos se elaboran mediante amplios procesos de participación en donde se expresan los distintos actores involucrados. Aunque la Federación y los gobiernos estatales generalmente intervienen aportando recursos económicos y asesoría técnica, la responsabilidad legal de la expedición y aplicación de estos OET corresponde a los gobiernos municipales. Sin embargo, es muy común que las autoridades municipales se enfrenten a fuertes presiones por parte de agentes locales -con poder político y económico- y, que por ello, no respeten los OET o, incluso, que mediante un simple acuerdo de cabildo se modifiquen unilateralmente los ordenamientos expedidos, sin respetar que dichos instrumentos son producto de extensos procesos de consulta. Este comportamiento anómalo vulnera al instrumento y provoca que pierda su sentido.
Otra cuestión importante a la que se enfrentan los OET tiene que ver con la evaluación y seguimiento del instrumento. No se han desarrollado metodologías ni mecanismos interinstitucionales para dar seguimiento y evaluar los OET, tanto en relación con el cumplimiento de su función ambiental, es decir, si efectivamente están evitando el deterioro ecológico, como si en realidad constituyen la base de planeación territorial de una región.
Por otro lado, la elaboración y la aplicación de los OET se ven limitadas por el reemplazo trianual de las autoridades locales. El tiempo que lleva la elaboración técnica, los consensos y la expedición de los OET suele ser muy largo y, en muchas ocasiones, no logra culminar durante el periodo de una administración. Es muy frecuente que cuando ocurre el cambio de autoridades no exista continuidad de los procesos, por lo cual los OET no concluyen. Es por ello que resulta tan importante que los municipios cuenten con agencias técnicas profesionales no sujetas a los cambios de gobierno para permitir así construir políticas locales de largo plazo.
Un problema adicional tiene que ver con la desvinculación de la planeación urbana y la rural. Cada uno de estos ámbitos territoriales cuenta con un instrumento distinto -el OET para lo rural y el ordenamiento territorial (OT) para lo urbano-, como si existiera una verdadera frontera entre ambos espacios. La falta de coordinación de las instituciones responsables, Semarnat para el caso del OET y Sedesol para el del OT, y la carencia de enfoques comunes y de un marco metodológico para planear integralmente el territorio urbano, el rural y sus fronteras permeables han generado, en varias ocasiones, importantes conflictos debido a las contradicciones que surgen entre ambos tipos de instrumentos.
A pesar de las dificultades que el OET ha enfrentado, y de su lento avance, éste sigue siendo el mejor instrumento de planeación del territorio y debería ser fortalecido. Cuando los OET se construyen con los consensos necesarios entre los distintos órdenes de gobierno, sectores, actores sociales y agentes económicos, y se respeta su aplicación, se convierten en un instrumento de fomento de actividades productivas sustentables, se aprovecha el potencial productivo de los ecosistemas naturales sin transformarlos, se generan nuevos empleos e ingresos a partir de la diversificación productiva basada en los recursos naturales regionales y se ofrece certidumbre de largo plazo para la inversión pública y privada. Se trata, en síntesis, de un instrumento de transformación territorial hacia el desarrollo sustentable.
Municipios y medio ambiente *Julia Carabias *Reforma 03/10/2009
La creciente complejidad de la agenda ambiental y su estrecha vinculación con los asuntos sociales, económicos y políticos obliga a que la gestión de las políticas públicas ambientales deba ser cada vez más incluyente de los distintos órdenes de gobierno y de la sociedad.
Dentro de las modificaciones más importantes realizadas en la reforma de 1996 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente están, precisamente, la distribución de competencias entre órdenes de gobierno y la creación de nuevos espacios de participación social. A pesar de esta reforma, la descentralización en materia ambiental no ha avanzado lo suficiente en el país y, cuando ha sucedido, comúnmente la transferencia de facultades y atribuciones ocurre de la Federación a los estados sin llegar a involucrar a los municipios. La falta de reglas claras y mecanismos eficaces genera vacíos de poder regionales y discrecionalidad de la intervención local.
Muchos de los recursos naturales, que por sus características intrínsecas rebasan los límites estatales o por su carácter estratégico para la nación, deben ser regulados y gestionados desde el ámbito federal, sin embargo, muchos otros, pueden gestionarse mediante mecanismos innovadores de cooperación y concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno. Éste es el caso de la gestión de territorio, en la cual, sin el involucramiento de los actores locales, no es posible compatibilizar los múltiples intereses que se confrontan en el uso y ocupación del espacio natural.
Un extraordinario ejemplo exitoso de gestión territorial lo constituye la Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila (IIGICRA). Se trata de la cuenca del río Ayuquila- Armería, localizada entre los estados de Jalisco y Colima. En ella se encuentran cinco áreas naturales protegidas -la más importante es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán- y tres presas hidráulicas. La contaminación en la parte media de la cuenca, durante los últimos 20 años, ha sido muy severa debido a las descargas de aguas residuales de la industria azucarera y de los asentamientos humanos, principalmente del Grullo y Autlán. Año con año, durante la zafra, se descargaban aguas residuales del ingenio que provocaban la mortalidad masiva de la fauna acuática y daños a la población que habita en la parte baja de la cuenca.
La creación de la IIGICRA fue un largo proceso paulatino de más de dos décadas, que inició con el trabajo conjunto entre los ayuntamientos locales, el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, la dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente A.C. Actualmente la IIGICRA constituye un mecanismo de gobernanza local para la gestión ambiental, sólido y exitoso, que cuenta con la participación de 10 municipios, el gobierno federal y el estatal de Jalisco, la sociedad civil y el sector académico.
Algunos resultados de esta gestión intermunicipal son el control de la contaminación de la industria azucarera, la reducción de las descargas contaminantes al río Ayuquila, la gestión integral de residuos sólidos, la creciente participación ciudadana, el acceso a nuevas fuentes de financiamiento nacionales e internacionales y la creación de un fideicomiso. Esta iniciativa ha recibido en dos ocasiones el premio Gobierno y Gestión local del CIDE.
Los logros obtenidos se deben al fortalecimiento de las capacidades, técnicas y de gestión, de las autoridades locales mediante la capacitación, acceso a la información, organización, participación de la sociedad y de la academia y la creación de mecanismos jurídicos innovadores. Uno de los mecanismos innovadores ha sido la creación de un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal que otorga personalidad jurídica a la IIGICRA, patrimonio y presupuesto propio, que permite profesionalizar la gestión ambiental municipal asegurando servicios de calidad a la población, manejando recursos financieros propios y dando continuidad ante los cambios de gobierno.
Este proceso ha permitido que la IIGICRA se haya convertido en una instancia pública intermunicipal de planeación y seguimiento de largo plazo, no sujeta a los cambios trianuales de las autoridades locales, con capacidad para atender los temas de la compleja agenda ambiental local. Es un ejemplo innovador de gobernanza para la sustentabilidad ambiental, con todas las posibilidades de ser replicado en otras cuencas prioritarias del país, que requiere de la voluntad de las autoridades federales y estatales y de recursos económicos, no onerosos, para impulsar los procesos. Quizá, durante la discusión del presupuesto de 2010, los diputados podrán conocer esta experiencia con más detalle y contribuir a fortalecer las capacidades de las autoridades locales para sumarse a la conservación y uso del capital natural en beneficio de las comunidades locales y del país en su conjunto.
Nuevo aire en Conafor *Julia Carabias *Reforma 18/09/2009
En muchas ocasiones hemos insistido en que el principal problema de la destrucción de los ecosistemas naturales del país, el capital natural, es la falta de su valoración económica a pesar de que constituyen la base material del desarrollo. El capital natural proporciona materias primas, regula el ciclo hídrico y de nutrientes, captura bióxido de carbono, produce y mantiene suelo fértil, entre muchos otros servicios ambientales de los que depende la sociedad y de los que somos conscientes sólo cuando los perdemos y escasea el agua, la tierra deja de producir o las inundaciones provocan desastres.
El ProÁrbol es un programa del gobierno federal que otorga estímulos económicos a los dueños de los ecosistemas naturales para realizar acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, maderables y no maderables. Este programa forestal ha contado, entre 2007 y 2009, con 16 mil 551 millones de pesos, cantidad sin precedente en el sector forestal.
Uno de los componentes más sustantivos del ProÁrbol, al que se refirió el Presidente en su mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno, es el pago por servicios ambientales (PSA). Se trata de un estímulo económico que recibe el dueño de la tierra, la comunidad o el ejido, por cada hectárea de bosque o selva que conserven. En general, ha tenido buena aceptación entre los campesinos y se cuenta ya con más de un millón de hectáreas conservadas bajo este esquema. Sin embargo, quedan algunos temas sustantivos pendientes de resolverse dentro de este programa. Por ejemplo, los apoyos de PSA se otorgan sólo durante cinco años y el monto del subsidio es mucho menor al de los subsidios agropecuarios. Para que el programa cumpla con su objetivo en el largo plazo será necesario establecer, entre otros aspectos, mercados de servicios ambientales, basados en la contribución económica de los múltiples beneficiarios directos de dichos servicios, la mayoría de los cuales radicamos en las zonas urbanas; incrementar el monto de los subsidios; y desarrollar instrumentos económicos complementarios, que, en conjunto, garanticen una retribución justa para los dueños de la tierra que conservan sus ecosistemas.
De igual importancia, el ProÁrbol debe destinar recursos económicos suficientes para incrementar la superficie bajo manejo forestal sustentable y el uso de la flora y fauna silvestres. Estas actividades productivas sustentables deberían convertirse en el eje central de la vida económica de las comunidades campesinas e indígenas que poseen ecosistemas forestales y con ello, al tiempo de generar ingresos y empleo, poder conservar su capital natural.
La conservación en el largo plazo de los ecosistemas forestales y el pleno uso de toda su potencialidad van a depender, entre otras cosas, de la puesta en marcha de un conjunto de instrumentos económicos competitivos y viables social, ambiental y económicamente. Es por ello que el nombramiento del nuevo titular de la Conafor, doctor Juan Manuel Torres Rojo, especialista en economía de los recursos naturales e investigador del CIDE, resulta muy alentador para consolidar la política forestal en México con una visión renovada y una perspectiva diferente.
El doctor Torres se enfrenta a un reto formidable. La Conafor, después de seis meses sin titular y de un año de críticas implacables por parte de algunos sectores, se encuentra muy herida y su personal muy desconcertado. Este año está ya muy avanzado y las metas programadas son muy ambiciosas. Y además, la crisis económica en nada ayuda a un sector que lleva muchos años a la baja.
Por ello, quienes estamos involucrados con las tareas de conservación, uso y restauración del capital natural del país tenemos ahora un compromiso ineludible: trabajar juntos, sin clientelismos, cerrar filas e impulsar acciones, con todos los medios a nuestro alcance, para que la Conafor, con su nuevo titular al frente, logre ejercer los cuantiosos recursos económicos que tiene para la conservación de los ecosistemas naturales mexicanos y para el beneficio directo de sus dueños.
El director general de Conafor tendrá que ser muy paciente, abierto al diálogo con quienes forman parte del sector, sensible a las demandas de los dueños de los ecosistemas forestales y, al mismo tiempo, enérgico y creativo para aplicar su gran experiencia en economía de los recursos naturales al servicio de la conservación y uso sustentable de nuestro capital natural.
Es evidente que ni el tiempo ni los recursos económicos ni humanos son suficientes para enfrentar simultáneamente el conjunto de problemas del sector en todo el país. Por ello, a todas luces, resulta imprescindible determinar las regiones prioritarias, por su riqueza natural y su potencial productivo, en donde se concentren todos los instrumentos para conservar y revertir el deterioro de los ecosistemas naturales y detonar el desarrollo regional sustentable. No se puede perder más tiempo, ni escatimar esfuerzos en la conservación de nuestro patrimonio natural.
Nuevo aire en Conafor
En muchas ocasiones hemos insistido en que el principal problema de la destrucción de los ecosistemas naturales del país, el capital natural, es la falta de su valoración económica a pesar de que constituyen la base material del desarrollo. El capital natural proporciona materias primas, regula el ciclo hídrico y de nutrientes, captura bióxido de carbono, produce y mantiene suelo fértil, entre muchos otros servicios ambientales de los que depende la sociedad y de los que somos conscientes sólo cuando los perdemos y escasea el agua, la tierra deja de producir o las inundaciones provocan desastres.
El ProÁrbol es un programa del gobierno federal que otorga estímulos económicos a los dueños de los ecosistemas naturales para realizar acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, maderables y no maderables. Este programa forestal ha contado, entre 2007 y 2009, con 16 mil 551 millones de pesos, cantidad sin precedente en el sector forestal.
Uno de los componentes más sustantivos del ProÁrbol, al que se refirió el Presidente en su mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno, es el pago por servicios ambientales (PSA). Se trata de un estímulo económico que recibe el dueño de la tierra, la comunidad o el ejido, por cada hectárea de bosque o selva que conserven. En general, ha tenido buena aceptación entre los campesinos y se cuenta ya con más de un millón de hectáreas conservadas bajo este esquema. Sin embargo, quedan algunos temas sustantivos pendientes de resolverse dentro de este programa. Por ejemplo, los apoyos de PSA se otorgan sólo durante cinco años y el monto del subsidio es mucho menor al de los subsidios agropecuarios. Para que el programa cumpla con su objetivo en el largo plazo será necesario establecer, entre otros aspectos, mercados de servicios ambientales, basados en la contribución económica de los múltiples beneficiarios directos de dichos servicios, la mayoría de los cuales radicamos en las zonas urbanas; incrementar el monto de los subsidios; y desarrollar instrumentos económicos complementarios, que, en conjunto, garanticen una retribución justa para los dueños de la tierra que conservan sus ecosistemas.
De igual importancia, el ProÁrbol debe destinar recursos económicos suficientes para incrementar la superficie bajo manejo forestal sustentable y el uso de la flora y fauna silvestres. Estas actividades productivas sustentables deberían convertirse en el eje central de la vida económica de las comunidades campesinas e indígenas que poseen ecosistemas forestales y con ello, al tiempo de generar ingresos y empleo, poder conservar su capital natural.
La conservación en el largo plazo de los ecosistemas forestales y el pleno uso de toda su potencialidad van a depender, entre otras cosas, de la puesta en marcha de un conjunto de instrumentos económicos competitivos y viables social, ambiental y económicamente. Es por ello que el nombramiento del nuevo titular de la Conafor, doctor Juan Manuel Torres Rojo, especialista en economía de los recursos naturales e investigador del CIDE, resulta muy alentador para consolidar la política forestal en México con una visión renovada y una perspectiva diferente.
El doctor Torres se enfrenta a un reto formidable. La Conafor, después de seis meses sin titular y de un año de críticas implacables por parte de algunos sectores, se encuentra muy herida y su personal muy desconcertado. Este año está ya muy avanzado y las metas programadas son muy ambiciosas. Y además, la crisis económica en nada ayuda a un sector que lleva muchos años a la baja.
Por ello, quienes estamos involucrados con las tareas de conservación, uso y restauración del capital natural del país tenemos ahora un compromiso ineludible: trabajar juntos, sin clientelismos, cerrar filas e impulsar acciones, con todos los medios a nuestro alcance, para que la Conafor, con su nuevo titular al frente, logre ejercer los cuantiosos recursos económicos que tiene para la conservación de los ecosistemas naturales mexicanos y para el beneficio directo de sus dueños.
El director general de Conafor tendrá que ser muy paciente, abierto al diálogo con quienes forman parte del sector, sensible a las demandas de los dueños de los ecosistemas forestales y, al mismo tiempo, enérgico y creativo para aplicar su gran experiencia en economía de los recursos naturales al servicio de la conservación y uso sustentable de nuestro capital natural.
Es evidente que ni el tiempo ni los recursos económicos ni humanos son suficientes para enfrentar simultáneamente el conjunto de problemas del sector en todo el país. Por ello, a todas luces, resulta imprescindible determinar las regiones prioritarias, por su riqueza natural y su potencial productivo, en donde se concentren todos los instrumentos para conservar y revertir el deterioro de los ecosistemas naturales y detonar el desarrollo regional sustentable. No se puede perder más tiempo, ni escatimar esfuerzos en la conservación de nuestro patrimonio natural.
Reformas ambientales * Julia Carabias *Reforma 05/09/2009
Esta semana entró en funciones la LXI Legislatura. Nuevamente ningún partido tiene mayoría absoluta por sí mismo, como sucede desde 1997. Ahora, el partido con mayoría relativa (PRI) es diferente al partido en el gobierno, lo cual obligará a negociar acuerdos y a un entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder avanzar en la agenda nacional, llena de pendientes. Por otro lado, el Partido Verde resultó muy fortalecido en las últimas elecciones y jugará un papel crucial como minoría capaz de inclinar la balanza a la hora de tomar decisiones. Ojalá que este privilegio lo utilice para impulsar seriamente la agenda ambiental y no continúe proponiendo reformas dispersas y desarticuladas que parecen responder más a un afán mediático que cualitativo.
Debemos reconocer que México cuenta con una buena legislación ambiental que se ha construido paulatinamente desde la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico (LGEEPA) en 1987 -reformada profundamente en 1996-, y a la cual se sumaron posteriormente la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) en 2000, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) en 2003 y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en 2004, entre otras. Sin embargo, también es necesario aceptar que el marco jurídico se ha dispersado, sigue desintegrado, tiene omisiones, contradicciones, repeticiones y fragilidades y, en cuanto a la regulación del manejo de los recursos naturales, sigue predominando una perspectiva sectorial.
A continuación señalo algunas prioridades para la agenda legislativa relacionada con la conservación y uso de los ecosistemas naturales y su biodiversidad. -Sería muy conveniente hacer un diagnóstico detallado del marco jurídico ambiental y las leyes relacionadas con éste para armonizar los principios y criterios básicos de sustentabilidad ambiental.
-La regulación de las áreas naturales protegidas es frágil e insuficiente, lo cual provoca, de manera creciente y preocupante, conflictos de interés entre distintos actores poniendo en riesgo la conservación de la biodiversidad. Algunos países han promulgado una ley especial para las áreas naturales protegidas con resultados muy satisfactorios. Convendría analizar la viabilidad de esta opción para México o, en su defecto, reformar a fondo el capítulo respectivo de la LGEEPA.
-El marco regulatorio del uso de los recursos forestales no maderables es complejo y no corresponde a la realidad. Por lo general, la normatividad sobre el uso de estos recursos suele hacer inviable económicamente esta actividad y desincentiva el cumplimiento de la ley. -El marco normativo para la conservación y uso sustentable de los ecosistemas marinos y de las zonas costeras y ribereñas es casi inexistente, débil y está disperso; particularmente, el concepto de zona federal está basado en principios obsoletos. Es indispensable revisar este marco a fondo para modificarlo e integrarlo.
-La Ley de Aguas Nacionales necesita ajustes para eliminar contradicciones y fortalecer los criterios de sustentabilidad ambiental. Por ejemplo, se requiere aclarar los conceptos de capacidad de carga y de uso para la conservación ecológica, hacerlos compatibles en todo el articulado de la ley, así como obligar a su cumplimiento.
-El marco jurídico de la restauración ambiental es poco sólido. La LGEEPA, la LGVS y la LGDFS, aunque aluden a este tema, carecen de un capítulo específico que defina e incorpore los criterios, los actores y la multiplicidad de acciones que se pueden y deben instrumentar con este fin.
-El ordenamiento ecológico del territorio (OET) es un instrumento de política ambiental definido en la LGEEPA para inducir y regular el uso de suelo. Los conflictos entre autoridades federales, estatales y municipales y de éstas con actores privados y núcleos agrarios se han incrementado en torno a los OET, así como los conflictos entre los OET y los ordenamientos de los asentamientos humanos llegando, incluso, a generar controversias constitucionales tal y como se documenta en el libro de Antonio Azuela, Miguel Ángel Cancino y Concepción Contreras El Ordenamiento Ecológico del Territorio en México: génesis y perspectivas, publicado por Semarnat en 2006. Es indispensable armonizar y compatibilizar las leyes que planean el uso del suelo, los asentamientos humanos y el desarrollo urbano.
Esta legislatura cuenta con varios diputados interesados en el tema ambiental. Si agregamos a ese interés el que el presidente de la República ha manifestado por el tema, podemos tener la ilusión, con algunas bases de realismo, de que, con la unión de las distintas fuerzas políticas, es posible fortalecer el marco legislativo ambiental como se ha demostrado en otras ocasiones. Para ello, el Congreso deberá, además, realizar un serio esfuerzo de investigación para evaluar los programas ambientales y legislar con pleno conocimiento de los temas. El reto será evitar que los arreglos y compromisos políticos obstaculicen esta responsabilidad ineludible con la nación.