Julia Carabias
Nexos
05/06/2020
Tiempos sin precedente. La crisis múltiple que estamos viviendo la visibiliza un virus, el SARS CoV-2, de la familia de los coronavirus que provoca la enfermedad de COVID-19. Pero sería absurdo atribuir la magnitud de los impactos económicos, sociales, políticos y culturales a este coronavirus. Lo que la pandemia evidencia, es el mundo insustentable que hemos construido, frágil y en el límite de su funcionamiento estable para los humanos. El virus nos puso en jaque, pero las condiciones para llegar a esta situación extrema las creamos nosotros mismos.
La pandemia nos alerta sobre uno de los mayores desafíos que tenemos los humanos en el siglo XXI: la insostenible relación sociedad–naturaleza. Después de la sorpresa y de la atención a la emergencia sanitaria, han surgido una cascada de reflexiones sobre lo que viene, muchas de ellas de gran profundidad, tanto en México como en el mundo, y desde distintas visiones y sectores. Es común que se reconozca que el origen de la pandemia es la mala relación que tenemos los humanos con la naturaleza. Sin embargo, en la búsqueda de soluciones para enfrentar la crisis, las propuestas se limitan a la perspectiva económica y social y el medio ambiente sigue sin estar presente.
Las crisis son evitables, o al menos mitigables, y está en nuestras capacidades anticiparnos a que se repitan situaciones semejantes. Para ello, estamos obligados a cambiar el rumbo de nuestro desarrollo e identificar los cambios estructurales profundos, con acciones de corto y largo plazo, que pueden detonar el impulso hacia la sustentabilidad, es decir, superar la pobreza, combatir las desigualdades y respetar la naturaleza. Las orientaciones de qué hacer y cómo hacerlo están planteadas en la Agenda de Desarrollo 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que México adoptó, convirtió en una estrategia nacional y, ahora, está obligado a cumplir.
Los cambios tienen que ser paulatinos, pero sin retraso ni retroceso; deben ser diseñados desde ahora para impulsarse al inicio de la reactivación económica pospandemia. Lo que se haga o deje de hacer ahora va a impactar severamente el futuro. Si volvemos a las mismas tendencias de antes de la pandemia, se repetirán otras más, iguales o peores, además de otras crisis provocadas por el cambio climático, por la pérdida de la biodiversidad, del agua limpia y del suelo fértil.
Señalo ocho temas en los que considero es necesario profundizar en la reflexión:
Reconstruir la relación con la naturaleza y respetar los ecosistemas naturales
Sabemos que esta pandemia es de origen zoonótico (enfermedad que se trasmite de animales a humanos) aunque aún no está claramente definida cual es la interacción causal; incluso es posible que el SARS CoV-2 sea una mutación de un virus hospedado en un mamífero llamado pangolín.
Lo que es indispensable entender es por qué pueden estos virus y otros microorganismos brincar de sus hospederos, con quienes viven en armonía, o relativa armonía, a los humanos y desatar una pandemia de esta magnitud. La explicación la encontramos en la forma en que los ecosistemas naturales funcionan cuando se encuentran en buen estado de conservación; es decir, mantienen su estructura y función en equilibrio. Cuando estos sistemas tienen alguna disrupción natural, su capacidad de resiliencia les permite, después de procesos naturales de ajuste, regresar a su estado de balance. Pero esto solo ocurre cuando los ecosistemas están exentos de la alteración humana y las cadenas tróficas pueden mantenerse, así como todas las demás interacciones; poco sabemos de la diversidad de microorganismos y de los virus, menos aún de los millones de interacciones entre los seres vivos.
En la medida en que los humanos hemos transformado y degradado los ecosistemas naturales –más de la mitad del planeta ya se encuentra deforestado–, alteramos los equilibrios de las interacciones de la biodiversidad y la dinámica de sus poblaciones, provocando que algunas especies proliferen y se incremente el contacto con los humanos. Estas son condiciones que propician la transmisión de microorganismos y virus a los humanos y pueden convertirse en patógenos.
Otro factor que facilita las zoonosis es la sobreexplotación para el consumo de fauna silvestre. El tráfico ilegal constituye la segunda causa de pérdida de la biodiversidad. La fauna silvestre es extraída de su hábitat y vendida ilegalmente en muchos mercados en el mundo, ya sean individuos vivos o muertos o parte de ellos, como es el caso del mercado de Wuhan, y muchas veces, su tráfico, está vinculado a mafias internacionales como el narcotráfico. Son negocios multimillonarios, prohibidos por normas internacionales y nacionales, no obstante, están al alcance de quienes pueden pagarlos; son mercados suntuosos, muchas veces basados en supersticiones, prejuicios e ignorancia. La sobreexplotación de la vida silvestre, además de poner en riesgo la supervivencia de las especies, constituye un riesgo para la salud de los humanos.
La pandemia demuestra la falla e insuficiencia de las normas internacionales y nacionales que rigen el tráfico de especies, pero, sobre todo, la aplicación de la ley. Deben ser revisados los tratados sobre el tráfico de la vida silvestre (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres -Cites-) e incluir el tema en la Organización Mundial de Comercio.
Por otro lado, es necesario enfrentar la falacia de que la conservación de amplios territorios de ecosistemas naturales con la mínima intervención humana posible, mediante áreas naturales protegidas (ANP) u otros instrumentos, es un lujo que los países en desarrollo no se pueden permitir mientras exista gente sin tierra y en condición de pobreza. Si seguimos atacando y debilitando a las ANP y promoviendo su ocupación territorial, como es el caso de México, esta pandemia será solo el inicio de muchas otras zoonosis y de otras crisis provocadas por los humanos como el cambio climático y la pérdida de los servicios ecosistémicos que proporciona la biodiversidad.
En este contexto, la sociedad mexicana debe defender a las ANP y exigir al gobierno que recupere su nivel de financiamiento, su capacidad de gestión y de recursos humanos, para que las ANP cumplan con su función de proteger la vida de todos los seres vivos y de los humanos. Es irónico que días antes del vigésimo aniversario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (5 de junio de 2020) se anuncien nuevos recortes presupuestales y despido de personal de campo que defiende el patrimonio natural. La administración actual está desmantelando a la Conanp.
Reorganizar la economía con sustentabilidad ambiental
El impacto económico de la pandemia de COVID-19 ha sido comparado con el de la Gran Depresión (1929–1932), cuando en América Latina cayó el PIB a -5 % y costó mucho a los países salir de la crisis. En esta ocasión se estima que el decrecimiento de esta región será de -5.3 % (E. Provencio, Economía y Pandemia ). Sin embargo, la situación actual es muy distinta; hace casi un siglo, la población global era una cuarta parte de la actual y la cobertura de los bosques casi un tercio más, la atmósfera y el agua estaban mucho menos contaminadas y los suelos menos erosionados. Las condiciones del planeta no son las mismas y la capacidad de recuperación, debido a la devastación, son mucho menores que antes y menos duraderas.
Sin haber terminado la crisis sanitaria se manifiestan ya las presiones por la reapertura de la actividad económica. Muchas reflexiones se han hecho sobre cómo obtener los recursos financieros para la reactivación, evitar el quiebre de las empresas y el incremento del desempleo. Sin duda, es urgente y prioritario combatir la pobreza y revertir las desigualdades, pero también deben estar en la reflexión, al momento de diseñar las medidas económicas, los cambios de fondo necesarios que hay que hacer en el modelo económico para transitar hacia la sustentabilidad y evitar situaciones semejantes a las actuales.
Es necesario fomentar cambios en las formas de producción, impulsar sectores limpios, menos demandantes de recursos naturales y bajos en carbono, al tiempo de ir disminuyendo el peso en la economía de los sectores más depredadores y contaminantes, muchos de los cuales siguen contando con importantes incentivos económicos. Es la oportunidad de crecer con equidad generando cientos de miles de empleos justos, incluyentes y verdes.
Una gran oportunidad para la reactivación económica se encuentra en la descarbonización del sector energético mediante el impulso decidido de las energías renovables, las cuales, además de movilizar inversión privada, son fuente de muchos nuevos empleos. En la última década el país dio pasos significativos en esta dirección y la tendencia era propicia, aunque el trecho andado aún es corto. México fue el primer país en desarrollo en establecer la “Contribución Prevista y Determinada a nivel Nacional” (conocidas como INDC en inglés), previo a la firma de los Acuerdos de París en 2015. Posteriormente, en 2018, mediante una reforma legislativa, las INDC se incluyeron en la Ley General de Cambio Climático: “el país se compromete a reducir de manera no condicionada un veintidós por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero y un cincuenta y uno por ciento sus emisiones de carbono negro al año 2030 con respecto a la línea base”. La misma ley estableció que 31 % de esta reducción se lograría con compromisos en la generación eléctrica y 14 % con mejoras en el sector del petróleo y gas. Alineada a esta estrategia la Ley de Transición Energética establece una meta de generación de energías limpias del 35 % al 2024.
Con esta certidumbre legal y programática hacia la transición energética iniciaron las inversiones privadas en la generación de energías limpias, principalmente en energía solar y eólica. Aunque los avances no iban a la velocidad que se requería para alcanzar los compromisos (por muy distintas razones que desbordan este texto), esta tendencia recibió recientemente un revés por parte de la Secretaría de Energía. Las nuevas disposiciones pretenden quitarle competencia a la Comisión Federal de Electricidad poniendo obstáculos a la inversión privada que ha invertido en energías limpias. Algunas empresas privadas se ampararon y obtuvieron la suspensión temporal de estas disposiciones, pero la incertidumbre que se generó desincentiva el crecimiento de esta actividad indispensable. Además, se está facilitando que el combustóleo (altamente contaminante), derivado de la producción de gasolina en las refinerías, se utilice en las termoeléctricas de CFE para generar electricidad, ya que no tiene otra salida comercial por su alto contenido de azufre. Los obstáculos a la producción de energías limpias y el impulso de un sistema energético altamente petrolizado, son una política energética regresiva, que no solo va a contracorriente con las tendencias mundiales de países desarrollados y en desarrollo (como India y Costa Rica), sino que impedirá el cumplimiento de los Acuerdos de París y de nuestra propia legislación.
Es evidente que no toda la gente está convencida de la imperiosa necesidad de cambio, y a muchos no conviene (aunque la pandemia podrá contribuir a ganar adeptos), pero es inaceptable que el gobierno no sea el promotor de una nueva ruta hacia el desarrollo sustentable que garantice la economía del bienestar para la población de hoy y de mañana. Debemos cuidar, gobierno y sociedad, que la recuperación económica no sea haga por la ruta más rápida y fácil arriesgando el largo plazo.
Cambiar radicalmente los patrones de consumo y producción
Otro de los temas que la pandemia puso al descubierto es el consumo insustentable que tenemos la mayor parte de las sociedades del mundo, tanto de países desarrollados como en desarrollo, sobre todo de la población urbana que se cuenta ya en más de 55 % de la población mundial. Deben desincentivarse, mediante mecanismos económicos y normativos, la producción y consumo de bienes y servicios altamente demandantes de agua, energía, minerales y biodiversidad y que generan importantes volúmenes de residuos. Para reducir al mínimo posible la elevada huella ecológica que genera el transporte de productos a largas distancias es necesario promover la producción y los mercados locales y regionales.
Particular atención debe ponerse en la alimentación. La dieta mundial de la población urbana es altamente dependiente de productos de origen animal; cuando se producen de manera extensiva, como la ganadería bovina, son el principal factor de deforestación, sobre todo en los trópicos. Cuando la producción es intensiva y masiva, como pollos, cerdos y también reses, el hacinamiento facilita los contagios de enfermedades y para controlarlas se aplican altas cantidades de medicamentos. Las dietas basadas en menos productos cárnicos son más saludables y sustentables. La población rural, aunque se basa más en vegetales y granos, no está exenta de malos hábitos debido a la accesibilidad, en prácticamente todas las comunidades, de alimentos procesados y con alto contenido de azúcares; estos alimentos provocan tanto malnutrición como obesidad y propensión a la diabetes. Las dietas basadas en productos regionales activan la economía local, son más saludables, ambientalmente más amigables y rescatan la cultura.
El manejo de residuos tiene que entrar en una lógica de la economía circular, la cual tiene por objetivo “la erradicación del uso de materias primas vírgenes como insumo en la fabricación de bienes, la prolongación de la vida útil de éstos y su retorno a las actividades productivas para cerrar su ciclo de vida”; la economía circular tiene un gran potencial de generación de empleos dignos.
Un replanteamiento a fondo de lo que consumimos pasa por un proceso de toma de conciencia y de acceso a información verídica. ¿Qué tanto está dispuesta la gente, no a renunciar a condiciones de comodidad, sino a sustituirlas y ajustarlas a patrones de consumo más sustentables? La pandemia ha sido un detonador de conciencia y debería convertirse en una oportunidad para demandar productos más sanos y limpios en un proceso de transformación hacia la sustentabilidad.
Transformar las ciudades hacia las sustentabilidad y resiliencia
La población urbana en México es casi 80 % de la población total. Las ciudades son el principal motor del crecimiento del país, de empleos y servicios. En ellas es donde la pandemia ha impactado más profundamente, no solo por la crisis sanitaria sino también por los impactos económicos y sociales. La pandemia ha evidenciado la insustentabilidad y el desorden territorial de estos espacios urbanos, creando conciencia de los cambios necesarios para transitar hacia la resiliencia y sustentabilidad, es decir, ser capaces de anticiparse y recuperarse de situaciones de impacto y riesgo y sobre todo de organizarse de manera más racional, disminuyendo el consumo de energía, agua, y otros recursos naturales y la generación de residuos.
La reordenación de la actividad productiva y de los servicios y, paulatinamente, de la ocupación del territorio para disminuir la movilidad, junto con el fomento del transporte público eléctrico; de la infraestructura hidráulica de saneamiento, reciclamiento, captación de agua de lluvia y control de fugas; del incremento de áreas verdes de recreo y culturales, pueden recuperar la vida de barrio, mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de los cerca de 110 millones de mexicanos que vivirán en las ciudades en 2030.
Impulsar el desarrollo rural diversificado, resiliente y sustentable
Sin duda, cuando las comunidades rurales son menos dependientes de un solo sistema productivo, mantienen en buen estado de conservación parte de sus territorios, al igual que las riberas de ríos, arroyos y cuerpos de agua, presentan mejores condiciones para enfrentar condiciones extremas como esta pandemia u otros riesgos como los vinculados al cambio climático. Los sistemas agroforestales, son reservorios y generadores de biodiversidad y aportan múltiples beneficios a los productores y habitantes rurales por los servicios ecosistémicos que brindan. Una planeación regional, aplicando el ordenamiento de estos territorios bajo criterios ambientales, económicos, culturales y de tenencia de la tierra y articulados con cadenas productivas bien diseñadas, así como fortaleciendo e innovando formas de gobernanza, son tareas pendientes que las políticas de desarrollo rural regional deberían fomentar.
Basar en la ciencia las decisiones sobre el futuro
Cada vez tenemos más evidencia científica de las causas y efectos de las intervenciones humanas en la naturaleza. Las evaluaciones nacionales y globales sobre el estado de la naturaleza del país y del planeta dan cuenta del deterioro. Instituciones nacionales como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad o internacionales como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), o la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos (IPBES), por solo mencionar algunos ejemplos, han sistematizado un enorme cúmulo de información, accesible y basada en la mejor ciencia existente, que no deja lugar a dudas sobre los desequilibrios provocados en muchas funciones planetarias esenciales para la vida. Esta información científica es la base que orienta la cooperación y los acuerdos globales.
La emergencia sanitaria puso a la ciencia en el centro. Es sorprendente como a nivel global los científicos están siendo capaces de trabajar en un propósito común con gran creatividad y velocidad. Se demuestra que la ciencia es imprescindible. Esta debería ser la regla para todas las políticas, más ahora que, salir de la crisis, implicará decisiones de fondo que modelarán el futuro, por acción u omisión.
Lamentablemente, en el caso de nuestro país, las decisiones no están basadas en la evidencia científica y la inversión para la generación de ciencia es insuficiente y recientemente castigada. Además, carecemos de estructuras de vinculación y diálogo y de mecanismos que obliguen en los procesos de toma de decisiones a la consulta de la comunidad científica ; asimismo, que finquen responsabilidades en caso de omitir información científica en una decisión.
Recuperar la confianza en las instituciones multilaterales, cumplir los acuerdos globales y convertirlos en acciones de la agenda nacional
Los niveles de globalización sin precedente facilitaron la vertiginosa transmisión del virus SARS CoV-2; de un pequeño grupo de personas contagiadas en China, en pocas semanas la enfermedad se manifestó en todos los continentes.
Esta pandemia nos pone de manifiesto que la acción individual de los países no es suficiente para enfrentar los problemas globales; este tema, al igual que todos los otros vinculados al cambio global –cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y del aire, invasión de especies exóticas, tráfico de vida silvestre–, son problemas que demandan la cooperación de todos los países. Esa es la función precisamente de la Organización de las Naciones Unidas que este año cumple su 75 aniversario; lamentablemente, esta institución se encuentra en un momento crítico, sin recursos económicos y debilitada.
Sin embargo, la ONU ha logrado consensuar los acuerdos globales del desarrollo sustentable más ambiciosos y visionarios de la historia. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible; el Acuerdo de París para combatir el cambio climático; los planteamientos en proceso de negociación sobre la protección y usos sustentable de la biodiversidad del Marco Global para la Biodiversidad Post-2020, entre muchos otros acuerdos ambientales, plantean una clara ruta hacia el desarrollo sustentable que las naciones deben concretar en sus agendas locales.
La tendencia de desinterés del gobierno federal en materia ambiental, no le permitirá cumplir con sus compromisos multilaterales. En contraste, las agendas locales de muchos gobiernos estatales son más ambiciosas que la federal.
Promover un cambio de actitud para una cultura de la sustentabilidad y el respeto a la naturaleza
La crisis ambiental actual tiene que ver con la crisis de la civilización moderna y su código ético. La condición de encierro obligado de millones de personas por la pandemia debería propiciar la reflexión de lo que hemos hecho mal con la naturaleza y estar dispuestos a contribuir a un cambio, tanto desde la acción personal como la colectiva. La información sobre la enfermedad de COVID-19 ha sido masiva y ha cambiado muchas conductas. Esto demuestra que cuando hay información clara y accesible la gente puede cambiar; hoy, el acceso a la información no tiene precedente. Un cambio de actitud es la base de la construcción de una nueva cultura de la sustentabilidad y respeto a la naturaleza. Los jóvenes se están formando con una visión diferente y no quieren el mundo que les estamos dejando. Son ellos el motor del cambio con quienes hay que apostar para la transformación hacia un mundo mejor. Por el bien de todos los seres vivos, no regresemos a más de lo mismo.