Fuente: La Crónica
Ciro Murayama
Estamos en la jornada de reflexión previa al día de la votación de las elecciones federales de 2009. Es este un buen momento para hacer un primer balance de las nuevas reglas que rigieron la contienda que está por concluir. El tema central de la reforma a la Constitución de 2007 en materia electoral fue la prohibición para la compra de publicidad político electoral. Esa determinación, que en su momento suscitó una airada reacción de los concesionarios de la radio y la televisión, tuvo dos grandes objetivos complementarios: a) reducir los costos de las campañas electorales y, en ese sentido, inducir una reducción de la dependencia de los recursos económicos por parte de partidos y candidatos para comprar anuncios en los medios electrónicos y, b) asegurar la equidad en el acceso a la radio y la televisión por parte de los distintos actores políticos evitando distorsiones generadas por la capacidad de compra, tanto de los partidos y candidatos como de particulares que quisieran intervenir con sus adquisiciones de tiempos en radio y televisión para favorecer o dañar a determinada fuerza política.
Este tema ocupó buena parte del debate a lo largo de las precampañas y las campañas. Inicialmente, porque las dos principales televisoras fueron renuentes a cumplir a cabalidad con las obligaciones que el nuevo marco constitucional les especificó: transmitir sin alteraciones distintos promocionales especificados por el Instituto Federal Electoral hasta acumular 48 minutos diarios en cada canal televisivo y estación radiofónica. Hubo, asimismo, incumplimientos puntuales en la transmisión de pautas publicitarias fijadas por la autoridad electoral para distintas campañas locales. Pero esos árboles que dieron lugar a discusiones en el Consejo General del IFE y a resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no pueden ocultar un bosque frondoso: la enorme mayoría de concesionarios cumplió la ley de manera pulcra, muestra de que no todo en el terreno de los medios es arbitrariedad.
En lo que toca al desempeño de los actores políticos, la adquisición de anuncios por parte de legisladores del PVEM suscitó la discusión de si ello implicaba una transgresión a la prohibición de comprar publicidad electoral. El IFE estableció que se cometía una violación a la norma, pero el Tribunal Electoral consideró lo contrario en una sentencia que marcó un punto de inflexión en el desempeño de la autoridad judicial en el proceso electoral en curso. Hubo, asimismo, casos aislados donde diferentes candidatos como Demetrio Sodi, del PAN, en el Distrito Federal aparecieron haciendo propaganda política en los medios fuera de los espacios propiamente de cobertura de noticias. A la vez, continuaron algunos comportamientos de diferentes gobernantes locales que, incluso desde antes del proceso electoral, aparecen de manera extremadamente frecuente en los principales noticieros y canales de televisión, transgrediendo la prohibición de usar las campañas de comunicación social de las instituciones públicas para promover la imagen personal de los servidores públicos, en un conjunto de casos que pueden evidenciar un claro ánimo de hacer fraude a la ley. Pero son conductas atípicas porque una vez más la amplia mayoría de los gobernadores no lo viene haciendo, y sería oportuno que las autoridades aplicaran un correctivo antes que la impunidad dé pie a que esa práctica se generalice.
Pero en general el balance es correcto: la gran mayoría de los concesionarios y es obligado reconocerlo cumplieron con la ley y transmitieron con toda normalidad las pautas publicitarias fijadas por el IFE. Asimismo, los partidos y sus candidatos salvo las excepciones mencionadas se abstuvieron de dedicar su energía y recursos a comprar espacios en la radio y la televisión. Estas campañas a diputados federales, por lo anterior, son las que más baratas le han salido al erario desde 1997. No es un dato menor. Quienes dijeron que el nuevo modelo de reforma electoral era inaplicable habrían de reconocer que fallaron en sus pronósticos claro, en caso de que se tratara de una crítica genuina y no interesada.
Asimismo, el IFE fue capaz de rastrear “monitorear” se dice en la jerga mediático electoral los spots de los partidos políticos en todo el territorio nacional y a través del conjunto de frecuencias de radio y canales de televisión que hay en el país. Aunque la tarea encomendada fue titánica, el IFE demostró que es una muy robusta institución de Estado, capaz de generar confianza al realizar sus labores de manera escrupulosa y transparente.
En suma, el nuevo modelo de comunicación electoral en México funciona y ha contribuido a la equidad en la contienda y le ha inyectado austeridad. Por supuesto, la reforma no es perfecta y hay un exceso en el número de spots y de promocionales en radio y TV. Para adelante queda la opción de corregir ese exceso, dando lugar a formatos de transmisión de los mensajes de los partidos que sean más adecuados para difundir propuestas y diagnósticos antes que meros slogans publicitarios. Mas en ese empeño reformador, habría que cuidar lo fundamental: que no sea el poder del dinero el que determine qué partidos y candidatos pueden llegar a la ciudadanía a través de la radio y la televisión. Para decirlo en términos coloquiales: hay que tirar el agua sucia (dejar atrás el esquema de comunicación basado en los spots) sin deshacernos del niño (la prohibición de la compra de publicidad electoral).
Pero antes de abordar a fondo el tema, el domingo tenemos una cita en las urnas.