José Woldenberg
Reforma
27/07/2017
Un cierto sentido común postula que entre más facultades posea una autoridad más fuerte será. Quizá. Pero si las facultades no le son pertinentes, si el costo de ejercerlas resulta muy alto, si suponen un desgaste mayúsculo, en ocasiones menos puede ser más. Si se quiere reforzar la labor del INE y apuntalar el sistema electoral más nos vale prescindir de conjuros. Hay que detectar lo que el INE hace bien y aquello que genera la espiral de impugnaciones que tienden a debilitarlo. Antes de los comicios de 2018 muy poco se puede hacer -el tiempo de las reformas constitucionales y legales se agotó- pero en el 2019 se podrían emprender ajustes en un clima quizá menos cargado de incertidumbre.
Los eslabones que comprenden la cadena electoral -en su sentido original- cada vez se realizan de mejor manera. El padrón, las listas nominales y la credencial para votar; la organización que va de la impresión y distribución de las boletas, la tinta indeleble, las urnas y mamparas hasta las actas de escrutinio y cómputo; la capacitación de los funcionarios de casilla, la tarea que realizan los ciudadanos insaculados y habilitados; el cómputo de los votos, el programa de resultados electorales preliminares y los conteos rápidos, cada vez se discuten menos y quizá se aprecian menos precisamente porque son un basamento firme para la celebración de elecciones que se han convertido en una rutina institucional cada vez mejor aceitada.
Muy lejos estamos de aquellos necesarios y enredados debates para cerrarle el paso a los «fantasmas» y «rasurados» del padrón, las urnas embarazadas, las boletas sin control, los ciudadanos que votaban varias veces o la carencia de fórmulas para conocer la misma noche de los comicios las tendencias de los resultados. Es decir, los eslabones esenciales del proceso funcionan bien. Y ello es posible porque el INE y los partidos, en esos campos, pueden mirar hacia un mismo horizonte, el de la certeza para todos.
No obstante, esas fortalezas se reblandecen cuando al INE se le convierte en una institución con facultades impertinentes. El INE es cada vez más juez de los litigios entre partidos. El problema no es solo que el INE no es un tribunal, sino que haga lo que haga siempre quedará mal con alguno de los litigantes. Porque mientras A quiere que se condene a B, B ambiciona salir absuelto. Y sea el que sea el fallo del INE, el perdedor recurrirá la resolución ante el Tribunal. ¿Por qué entonces convertir al INE en un juez de primera instancia cuyas resoluciones siempre son impugnadas si existen 33 tribunales en el país (el TEPJF y los 32 locales)? Esa labor solo lo desgasta porque entre nosotros los perdedores en una querella invariablemente se presentan como víctimas de una autoridad facciosa.
El caso del famoso (bueno, famoso en el mundillo electoral) procedimiento espacial sancionador puede ser un buen ejemplo. La última reforma estableció que el INE solo sería una especie de ministerio público que integraría el expediente, pero que tocaba al Tribunal resolver sobre los asuntos. Pero la ley obligó, al mismo tiempo, que las medidas cautelares debía tomarlas una comisión del Consejo General del INE. Así, cuando un partido denuncia a otro por calumnia, de entrada una comisión del CG del INE debe establecer si el promocional debe ser bajado o no del aire…a sabiendas de que la última palabra la tendrá el Tribunal. ¿Por qué esos litigios no los resuelven desde el inicio los tribunales que para ello fueron creados?
La fiscalización es otro asunto espinoso. A diferencia de los eslabones de la cadena electoral en los cuales puede producirse un encuentro entre partidos y autoridad, en el caso de la fiscalización -por su propia naturaleza-, el INE debe colocarse frente a los partidos y eventualmente sancionarlos. Eso no solo genera una tensión natural sino descalificaciones a granel porque el Instituto no puede cumplir con las aspiraciones de todos los partidos ni menos con las del «respetable». ¿No sería bueno volver al esquema original? Que las autoridades locales fiscalicen los procesos estatales y que el INE haga lo propio con los federales. Sé que hoy los institutos locales no tienen esas capacidades, pero las podrían ir adquiriendo sobre todo porque la Constitución sigue señalando que somos una República federal.