José Woldenberg
Nexos
17/07/2015
Primero los números.
Del 8 de octubre de 2014 al 4 de junio de 2015, es decir, en el lapso de tiempo en el que se desarrollan las precampañas y las campañas electorales (incluyendo el extraño paréntesis de las “intercampañas”), los partidos políticos emitieron 27 millones 408 mil 688 spots. Si a ello le sumamos 2,936 de las coaliciones, 155,936 de los candidatos independientes y 13, 426,072 de las autoridades electorales, tenemos un gran total de 40 millones 993 mil 632 de mensajes breves en todas las estaciones de radio y canales de televisión.
Se trata de emisoras que se encuentran en las 32 entidades del país: 1,579 de radio (AM, FM, combos y demás) y 732 de televisión (abierta, digital, TDT/redes), que hacen un gran total de 2,311.
Solo un ermitaño no se enteró que en México había campañas electorales. Esa es la cara buena del asunto. La mala, la muy mala, es que esa catarata de proclamas, emparentadas a los anuncios comerciales, se convierte en un bumerang que harta a mucha gente y lo peor, que la fórmula de comunicación tiende a vaciar de sentido a la propia contienda.
Un poco de historia.
A lo largo del trayecto democratizador que vivió México no fue difícil detectar que uno de los déficits mayores era el de las condiciones de la competencia en las que transcurrían nuestros comicios. Los recursos con los que contaban los diferentes partidos y su acceso a los grandes medios de comunicación eran tan abismalmente desiguales que simple y llanamente no se podía hablar de una contienda legítima.
Fue durante la reforma de 1996 que el tema se colocó en el centro de la agenda. No quiere decir que antes no se hubiesen realizado algunas operaciones tratando de emparejar el terreno de juego, pero fue hace casi 20 años cuando se intentó ofrecer una solución integral al asunto.
Los legisladores modularon dos grandes palancas capaces de nivelar las condiciones del juego: el dinero y el acceso a los medios. En relación a lo primero, se incrementó considerablemente el financiamiento público a los partidos y se repartió con un criterio de equidad (combinando el arraigo electoral y una fórmula igualitaria). Se pensaba que esa receta ofrecería tres grandes ventajea: a) era transparente, b) equilibraba las condiciones de la competencia y c) debía blindar a los partidos de las presiones de los grandes grupos económicos y mejor aún de las pandillas delincuenciales.
Y en relación a lo segundo, se multiplicó el tiempo oficial para los partidos; con el dinero público recibido pudieron comprar, como nunca antes, espacios en radio y televisión; e incluso en el espinoso terreno del comportamiento de los noticieros, se establecieron normas que, sin ser vinculantes, contribuyeron a una cobertura más pareja de las campañas. Me refiero al monitoreo que, por ley, debe realizar la autoridad electoral sobre el tiempo que cada noticiero ofrece a las diferentes ofertas y a los lineamientos que antes el IFE y hoy el INE entregan a los radio y teledifusores para que realicen una cobertura equilibrada.
La reforma funcionó y puede afirmarse que los comicios de 1997 fueron los primeros medianamente equilibrados en la historia reciente del país. Antes, en 1991 y 1994, se habían sumado con pulcritud los votos, pero en 1997 por primera vez los distintos partidos contaron con el dinero suficiente para desplegar sus campañas y aparecieron en la radio y la televisión de manera nivelada.
No obstante, la reforma tuvo una derivación perversa: en cada nueva elección, un porcentaje mayor del financiamiento público acababa en las tesorerías de los grandes medios de comunicación. Los recursos salían de la Secretaría de Hacienda, pasaban por el IFE, luego por los partidos y desembocaban en los conglomerados de radio y televisión. Las campañas eran cada vez más caras y la espiral parecía no tener fin.
Por ello, luego de las polarizadas y cerradas elecciones de 2006, los legisladores decidieron cortar por lo sano. Dado que el Estado mexicano contaba con 48 minutos diarios en todas las estaciones de radio y canales de televisión se resolvió que sería en ese espacio en donde se realizarían las campañas electorales. Y se prohibió, en consecuencia, la compra de espacios en esos medios no solo a los partidos y candidatos sino a cualquier persona o entidad. Sobra decir que en esa operación también se redujo considerablemente el financiamiento público a los partidos en el rubro de campañas electorales.
Pero si la conseja dice que no hay mal que por bien no venga, tampoco hay bien que no genere algún impacto negativo. La fórmula con la que se distribuye ese tiempo en los medios ha generado el conocido fenómeno de la spotización, que emparenta a los mensajes de los partidos y los candidatos con los que emiten cerveceras, detergentes o camiones de volteo.
Un llamado de atención.
Con las elecciones de 2009 se hizo patente ese impacto negativo de la reforma de 2007 y acicateados por ello 8 personas enviamos, en febrero de 2011, al Senado de la República una atenta solicitud para que se modificara “el modelo” . Por su pertinencia reproduzco los últimos párrafos.
“En el año de 2007 el Congreso realizó una importante reforma en materia electoral. Construyó un nuevo modelo de comunicación política durante las campañas. No obstante, todos pudimos observar en las campañas federales de 2009 que la mencionada reforma tuvo una derivación que nos parece perniciosa: la llamada “spotización” de la propaganda electoral. Distribuido el tiempo de radio y televisión en pequeños segmentos de 20 y 30 segundos la publicidad tendió a parecerse más a la de tipo comercial que a la deseable comunicación política. Se adelgazó el debate, los mensajes se transformaron en “comerciales” y las posibilidades de los análisis se redujeron hasta convertirse en simples frases “ocurrentes”.
“Creemos que antes de que inicie el próximo proceso electoral sería conveniente que se ajustara ese aspecto de la reforma para abrir la posibilidad de que el tiempo del Estado al que tienen derecho los partidos, fuera distribuido de tal manera que se fomentaran los programas de debate entre ellos y espacios unitarios en los que cada partido pudiera exponer sus tesis, sus análisis y sus propuestas. Por supuesto podría mantenerse una pequeña franja de “spots”, pero lo medular sería utilizar las posibilidades que abren los grandes medios de comunicación masiva para intentar inyectarle un mayor sentido al debate electoral.
“Hay tiempo para esa reforma. La creemos necesaria. Sin duda ayudaría a que el proceso electoral contribuya a una mejor comprensión del momento que vive el país. El tema está en sus manos”.
Por desgracia, la iniciativa no prosperó. Y el llamado “modelo de comunicación política” reapareció en 2012 y ahora, en 2015.
Necesario ajuste
Que las campañas en los medios sigan desplegándose a través de los tiempos oficiales parece conveniente. No solo porque se explota el tiempo que el Estado ya de por sí tiene en radio y televisión, no solo porque con ello se extrae del circuito comercial la compra-venta de espacio en los medios, no solo porque de esa manera se evita un eventual trato diferenciado hacia los partidos y candidatos, sino porque en términos de la necesaria equidad en las condiciones de la contienda ha funcionado.
Pero hay que atajar la derivación contraproducente de la spotización. Satura a los escuchas y televidentes y tiende a adelgazar –hasta niveles irreconocibles- el nivel del debate.
La catarata de anuncios breves –uno tras otro- a lo largo de dos o tres minutos fastidia a los auditorios que en lugar de prestar atención a los partidos y candidatos, claman por un “cese al fuego”. En un fundado estudio elaborado por Marco Arellano Toledo y José Rubén Jara Elías demuestran una “saturación publicitaria” ya que las pautas de los anuncios de los partidos son mucho más intensivas –repetitivas- que las de los productos comerciales . Ello molesta e irrita a las audiencias de manera innecesaria.
Pero quizá el mal mayor sea el del vaciamiento del sentido de las campañas. Se supone que en ellas, partidos y candidatos deben poner a circular en el espacio público sus diagnósticos y propuestas, de tal suerte que los ciudadanos puedan confrontarlas y evaluarlas. Durante esas semanas, la disputa por los votos debe jugar un papel “pedagógico”, intentado elevar el nivel del debate y de comprensión de nuestros problemas y retos. Y con el actual formato difícilmente sucede. Porque en 30 segundos se puede acuñar una música pegajosa, una frase ocurrente o una descalificación del contrario supuestamente ingeniosa. Lo que no se puede hacer es presentar una iniciativa medianamente sofisticada y un análisis serio y responsable.
Por ello, manteniendo intocado el criterio de que las campañas se desplegarán en los medios a través de los tiempos oficiales y manteniendo el veto a la compra-venta de espacio, se puede remodelar el formato de comparecencia de los actores estelares de las elecciones. Y retomando lo que se decía en aquella carta de 2011, habría que multiplicar los debates entre candidatos (hoy en la legislación federal solo se contemplan 2, entre los candidatos presidenciales), ampliándolos para incorporar a diputados y senadores; y además abrir un espacio para programas unitarios de los partidos (digamos de cinco minutos cada uno), en los cuales éstos pudieran desarrollar con algún grado de complejidad sus exámenes de los problemas que cruzan al país y sus eventuales soluciones.
No debemos olvidar que ante el malestar creciente en torno a los políticos, los partidos, los congresos y los gobiernos (instrumentos imprescindibles de la democracia), es obligado intentar recargar de sentido las contiendas electorales.
Vos y voto Nº 269, julio de 2015