José Woldenberg
El Universal
16/02/2021
No son pocas las personas que creen que la vocación del gobierno actual es la de ofrecer una atención prioritaria a los pobres. Los programas de transferencias monetarias han sido publicitados como el instrumento para ello. Y sin entrar a cuestionar esos programas que, en efecto, pueden aliviar las condiciones de vida de millones, es necesario tratar de ver el bosque y no solo algunos árboles, porque todo parece indicar que la insuficiencia de esas transferencias, el impacto de la pandemia y la inacción gubernamental para apoyar la supervivencia de empresas y puestos de trabajo, convertirá a nuestro país en uno con mayor pobreza que la que ya de por sí existía en el pasado inmediato.
CONEVAL, la institución encargada de hacer las mediciones en ese terreno, anuncia que en agosto de 2021 generará “las cifras de la medición multidimensional de la pobreza nacional y estatal 2018-2020”. Y sin duda será un material fundamental para dilucidar con mayor precisión lo que ha sucedido en los dos últimos años.
Mientras, el propio CONEVAL dio a conocer a través de un comunicado emitido el 9 de febrero de 2021 un resumen del “Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020”. Y las mediciones no pueden sino alarmar. Es más, me llama la atención que esa información oficial no haya generado un debate más intenso y, por el contrario, haya pasado casi desapercibida.
Reproduzco algunas de las cifras que me parecen más relevantes: se calcula que entre 8.9 y 9.8 millones de personas pasen a incorporarse a la categoría de aquellas que están por debajo de la línea de pobreza por ingresos, y que entre 6.1 y 10.7 millones se encuentren con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema. El porcentaje de la población en pobreza laboral se incrementó de abril a septiembre de 2020 en 8.7 puntos porcentuales, pasando del 35.7% al 44.5%. En el universo urbano el aumento porcentual fue incluso mayor que en el rural: en el primero de 31.8 a 41.4% y en el segundo de 47.9 a 54.3%. Entre el primero y el tercer trimestre de 2020 la tasa de desocupación abierta pasó del 3.4 al 5.2% y la de subocupación de 8.5 a 17.0%. Y si los números relativos les dicen poco, baste señalar que entre marzo y diciembre del año pasado el número de personas aseguradas en el Seguro Social decreció en 709,211; es decir, de 20,482,943 a 19,773,732.
El propio CONEVAL señala: “existe el riesgo de que las afectaciones de la pandemia por COVID-19 reviertan los avances obtenidos en la reducción de las carencias sociales hasta 2018”. Por supuesto, no se trata de una institución dada a la exageración, a subrayar las tintas. Es un Consejo que nos ha permitido en el pasado y hoy evaluar el impacto de las políticas contra la pobreza.
Y es que por supuesto, la irrupción de la pandemia ha tenido un impacto devastador en la economía: cierres temporales o definitivos o reducción de empresas de todos tamaños, pérdida de millones de empleos, encogimiento incluso del mercado informal. Y todo ello está produciendo millones de nuevos pobres. Pero, caray, ¿el gobierno no hubiese podido desplegar un auténtico programa de apoyo para intentar preservar el mayor número de empresas y puestos de trabajo posibles? Porque, dígase lo que se diga, en ese terreno ha decidido desarrollar una política neoliberal descarnada que al principio y al final significa que cada quien se rasque con sus propias uñas.