Rolando Cordera Campos
El Financiero
20/08/2020
Si en efecto se trata de cambiar el régimen político e ir más allá de la “manera de hacer las cosas”, de ser distintos como el Presidente repite, entonces tendríamos que prepararnos para ese momento constitucional que, para muchos, significa redactar una nueva Constitución. Lo que a su vez podría darnos una nueva república, como insistentemente propuso por un buen tiempo Porfirio Muñoz Ledo.
Un cambio de esta naturaleza no podría quedarse en una mera revisión de la actual construcción constitucional o restituirle cierta coherencia de la que ha sido despojada a lo largo de los años, las querencias y los caprichos de los encargados del gobierno desde los años treinta. Un examen de la arquitectura constitucional fue acometido hace un tiempo por juristas universitarios encabezados por Diego Valadés y Héctor Fix Fierro, y es un ejercicio de mucha utilidad para conocer y transitar la selva constitucional mexicana.
Una nueva Carta Magna tendría, entonces, que ir más allá y redefinir los órdenes de gobierno, las vinculaciones y formas de comunicación entre ellos y con la ciudadanía. También, someter a un escrutinio riguroso la actual conformación de las relaciones entre el poder público y la actividad privada, tema que adquirió particular intensidad al calor de la nacionalización bancaria de 1982.
Hoy sabemos que aquellos linderos entre lo público y lo privado que el presidente De la Madrid imaginó, reconformados con sus primeras reformas económicas e institucionales, han sido alterados para dejarlos prácticamente irreconocibles, como ha reiterado el presidente López Obrador para así justificar sus polémicas decisiones en la materia. Sin un diseño expreso, su propósito es separar el poder político del económico para, suponemos, restaurar la rectoría económica del Estado y apoyar una estrategia de desarrollo congruente con los postulados de la IV-T.PUBLICIDAD
Saber quién manda dejó de ser referencia a Humpty Dumpty, para convertirse en divisa central del proclamado cambio de régimen. Tal convicción se ha dejado caer sobre la mecánica institucional erigida para la gobernanza del nuevo régimen del sector energético nacional fruto de las reformas de 2013. Hacer una “pausa” para enmendar a fondo esas reformas constitucionales, destinadas a “hacer época”, parece ser una de las tareas principales del gobierno a la espera de un desenlace electoral que haga factible esta reedición constitucional.
El encuentro democrático electoral será inscrito por el Ejecutivo en los marcos del mencionado momento constitucional; así está fechado para 2021 y es probable que forme parte de su plataforma electoral para la justa por la Cámara de Diputados y, ¿Por qué no?, para las campañas en que se disputarán gobiernos estatales y municipales. Tales son sus alcances e implicaciones.
Municiones tiene y tendrá Morena, si se piensa en los saldos que le dejarán los oprobiosos episodios sobre la corrupción energética que apenas empieza a desgranar para la opinión pública la fiscalía y sus rejegos apéndices hacendarios. Propiciar una regresión constitucional que le otorgará todo el poder a PEMEX y la CFE tendría implicaciones incalculables. Pero, abordar la cuestión energética desde la perspectiva que abre esta crisis y de la magna plataforma del cambio técnico que tiene en la energía uno de sus conductos de acción y transformación naturales, podría auspiciar una reflexión productiva en el corazón de una economía moderna y abierta al mundo que trace un camino de desarrollo económico dinámico y socialmente sustentable.
Lo fundamental es que se asumiera, como objetivo ordenador del desarrollo energético, la generación suficiente y eficiente de energía para un escenario distinto al actual, determinado por el crecimiento óptimo de la economía, la diversificación productiva y una sintonía efectiva con los grandes objetivos derivados del cambio climático y el desarrollo sostenible.
La restitución de la rectoría estatal, para que fuera directa y no tanto regulatoria, tendría que responder a criterios como los sugeridos y no poner por delante un ejercicio de la soberanía que, sin responder a esa matriz productiva y tecnológica, no solo sería vacuo sino destructivo de capacidades instaladas y formas de cooperación y asociación más afines a un esquema futuro de economía mixta para el desarrollo y la expansión. En la energía esto debería ser entendido ya como indispensable.
Un momento constitucional como el señalado no cuenta hoy con el consenso mínimo requerido para darle legitimidad a la operación jurídica reformadora. De empeñarse en imponerlo, el gobierno pondría en riesgo su credibilidad y, en particular, todo el paquete retórico y de políticas destinado a la inversión extranjera directa y a las visiones de integración regional asociadas al T-MEC. Pero, sobre todo, pone en peligro lo que es sustancial para el conjunto nacional: la generación adecuada y sostenible de energías limpias.
No vayamos a leer mal y pasemos del momento constitucional al momento democrático.