Jorge Javier Romero
Sin Embargo
18/11/2021
¿A qué se debe el encono de Morena contra el Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué tanto odio sobre todo contra el consejero presidente Lorenzo Córdova y contra el consejero Ciro Murayama? Una campaña de denuestos orquestados que reverbera como lugar común entre los seguidores más obtusos del Presidente de la República y su partido ha marcado la relación con el órgano del Estado encargado de organizar las elecciones, como si se tratara de un bastión reaccionario a demoler para poder consolidar el nuevo régimen al que dicen aspirar. Pero ¿qué les ha hecho el INE que tanto furor les causa?
El rencor presidencial contra la autoridad electoral podría tener su origen en el supuesto agravio causado contra su candidatura en 2006, el tan alegado como mítico fraude que, según la épica lópezobradorista, le dio injustamente el triunfo a Felipe Calderón. Sin embargo, en todo caso el actor malévolo fue el IFE, un instituto distinto, cuyo Consejo General estaba integrado por personas completamente diferentes a quienes hoy encabezan hoy a la autoridad electoral. Después de aquella malhadada elección, hubo una reforma constitucional que incluso destituyó a los consejeros y cambió sustancialmente las reglas al gusto de quien se consideraba víctima de entuerto y desde entonces las reformas se sucedieron, impulsadas por los propios partidos políticos y alcanzadas con mayorías calificadas. Así, resulta muy retorcido atribuirles a los consejeros actuales la culpa de lo ocurrido hace tres lustros.
Por otra parte, más allá de los insultos y los aspavientos, en lo que va de la existencia del actual INE no ha habido un solo conflicto postelectoral relevante, pues todos los litigios en torno a campañas y resultados se han resuelto en el marco de la ley y los diferentes actores han terminado aceptando los fallos del Tribunal Electoral, el cual en muchas ocasiones ha revertido los acuerdos del INE, mientras que en otras ocasiones los ha ratificado. Ese solo hecho es prueba de que el sistema electoral es funcional. Tanto en 2018 como en las elecciones de este año, lo mismo que en los comicios locales que le ha tocado gestionar al INE, la ciudadanía ha podido votar en libertad, las casillas se han instalado y los resultados han fluido oportunamente. Quien recuerde el clima creado por las protestas postelectorales de los años ochenta y noventa del siglo pasado no podrá más que reconocer el enorme avance que en la normalización de la competencia política ha representado la existencia de una autoridad electoral no controlada desde el gobierno federal o desde los gobiernos locales.
La existencia misma de Morena como un partido competitivo, que irrumpió hace apenas siete años en la escena política y hoy es con mucho la primera fuerza electoral del país, es prueba del enorme avance democrático vivido por México durante el último cuarto de siglo. Es insostenible, sin recurrir a falsedades históricas, que fue el vuelco electoral de 2018 el momento inaugural de la auténtica democracia. Y es todavía más insostenible acusar a los consejeros del INE de actores empeñados en cerrarle el paso al cambio cuando cada uno de los triunfos de la coalición presidencial ha sido producto de elecciones impecables.
¿Por qué les irrita entonces tanto al Presidente de la República y a su partido la actuación del INE? Todas las decisiones del órgano electoral tienen como referencia un marco normativo especialmente detallado y todas sus actuaciones se hace con la vigilancia de representantes de los partidos políticos. Pocos espacios estatales son tan transparentes como el electoral. Una de las cantaletas recurrentes de López Obrador y sus jilgueros es que el INE es muy oneroso y han sembrado la imagen entre sus huestes de corrupción en el manejo de los recursos, además de difundir la especie de que los consejeros viven una vida opulenta a costa del erario.
Empero, ni un solo peso se gasta en el INE sin rendir cuentas. El órgano de fiscalización del instituto es nombrado directamente por el Congreso y la mitad de los recursos presupuestales están etiquetados constitucionalmente para los partidos políticos. Otra buena parte del gasto del INE se va a una tarea de Estado fundamental: la de la identificación de la ciudadanía, mientras que todo lo gastado en los procesos electorales está claramente justificado por las funciones que la ley le otorga.
Así, solo la demagogia y una aviesa intención de reversión autoritaria pueden explicar el empeño del gobierno y su partido en desprestigiar al INE. El majadero trato dado por los diputados de Morena a Lorenzo Córdova el día de su comparecencia para explicar la solicitud presupuestal del instituto estuvo claramente orquestado y tuvo tintes de linchamiento propio de un comité de salud pública. Frente al cañamazo vulgar de los legisladores oficialistas, Córdova hizo filigrana con su seriedad y aplomo y contuvo la grosería con argumentaciones sólidas. De poco sirvieron al final las razones, pues la mayoría sorda de la Cámara, en una muestra de levanta dedos que no se veía desde los tiempos más oscuros de la unanimidad priista, decidió negarle al INE los recursos supletorios para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato en caso de que se presente la solicitud con el número de firmas necesario.
Los tramposos de Morena no ocultan sus torcidas intenciones de desprestigiar al INE y mostrarlo como parcial o incapaz. No solo quieren forzarlo a hacer una consulta sin los recursos indispensables, sino que le están poniendo una trampa con la recolección misma de firmas para llamara a la consulta. El evidente fraude a la ley que hacen al pedir apoyos para una inconstitucional e innecesaria ratificación de mandato es, además de un recurso para simular una suerte de reelección de su caudillo, una emboscada contra el órgano electoral, pues en estricto derecho debería desechar las firmas obtenidas mediante engaño, con lo cual provocaría la ira del Júpiter Tonante de Palacio Nacional.
La pervivencia del INE es crucial para la supervivencia de la democracia mexicana. Ya ha anunciado el Presidente su iniciativa para demolerlo. El resto de las fuerzas políticas tienen la responsabilidad de contener ese atentado contra un patrimonio institucional colectivo.