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El debate público

Narcos y gobierno: la especulación no basta

Raúl Trejo Delarbre

La Crónica

06/06/2022

En un contexto de tantas mentiras y datos falsos como el que padecemos hoy en día, los linderos entre la verdad y la especulación se vuelven resbaladizos. Cada vez más, en la opinión publicada y desde la oposición política se asegura que el presidente López Obrador y su partido tienen acuerdos con carteles del narcotráfico. La negligencia del gobierno para combatir a los delincuentes facilita esas especulaciones, pero no debiera ser suficiente para admitirlas.

El presidente López Obrador ha mantenido un comportamiento irresponsable frente a los grupos criminales. En algunos casos, además, se han conocido expresiones de afinidad entre funcionarios del gobierno o del partido oficial y el narcotráfico, como el video difundido a fines de 2021 en donde un miembro de la dirección de Morena en Tamaulipas aparece vitoreando al cartel del Golfo mientras se escucha al fondo un animado coro de mariachis.

Episodios como ese confirman la afinidad que puede existir entre personajes del oficialismo y la delincuencia organizada pero, sobre todo, hacen evidente la influencia no sólo criminal, sino con frecuencia también cultural, que puede alcanzar el narcotráfico en algunos segmentos de la sociedad.

El jueves 2 de junio Porfirio Muñoz Ledo, durante el encuentro de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, dijo que hay “contubernio entre el gobierno de México y el narcotráfico”. Según él, “todas las formas de financiamiento a las campañas políticas… son una nada frente a lo que significa hoy la colusión, yo le llamo narcoestado, yo le llamo narcogobierno”. Muñoz Ledo, ex dirigente nacional del PRI y el PRD, enfatizó: “Hay un paquete de poder. Y ese paquete de poder es una alianza entre el narco y el gobierno”.

Ese mismo día, entrevistado por Carmen Aristegui, el ex candidato presidencial y ex secretario de Gobernación, Francisco Labastida, dijo que hay “Indicios que apuntan a una protección que es muy sospechosa del gobierno sobre el narcotráfico”. Labastida se había referido a las visitas del presidente a Badiraguato, Sinaloa, la tierra del delincuente Joaquín Guzmán Loera. Cuando la periodista le preguntó a qué se debe que el presidente haya ido en cuatro ocasiones a ese sitio, que tiene apenas 5 mil habitantes, Labastida opinó: “detrás pueden estar cosas muy sospechosas, pero no tengo la evidencia suficiente. Hay indicios, como dicen los abogados, hay indicios pero no pruebas”.

Labastida expresó suspicacias sobre las elecciones del año pasado en varias entidades: “en Sinaloa hubo apoyo del narco y en Sonora también, en todo el Pacífico norte” Más tarde dijo que ha mantenido distancia respecto del actual gobernador sinaloense, Rubén Rocha, porque “la forma en la cual fue electo es particularmente sospechosa, que le ayude el narco en las elecciones, es sospechoso”.

Labastida distingue entre al respaldo de grupos criminales a Morena y los supuestos compromisos del presidente con ellos. No tiene duda de que, en ese y otros estados, en 2021 hubo candidatos de Morena apoyados por delincuentes que, entre otras cosas, amenazaron a candidatos y dirigentes de otros partidos. Pero sobre las decisiones del López Obrador expresa dudas y recalca que no tiene evidencias suficientes.

Muñoz Ledo en cambio, habló de una alianza entre narco y gobierno. La respuesta de López Obrador, en su alocución de la mañana siguiente, fue despectiva y vulgar porque quiso descalificarlo aludiendo a su edad (el mes próximo cumplirá 89 años). Pero el presidente tuvo razón cuando reclamó que si Muñoz Ledo tiene pruebas del pretendido compromiso con el narcotráfico, debe presentarlas.

Las declaraciones de Muñoz Ledo y Labastida ocurrieron en circunstancias relacionadas con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, cuyas conversaciones grabadas de manera ilegal han develado cuestionables intereses e intolerancias de ese personaje. 

La alocución de Muñoz Ledo ocurrió minutos después de que Moreno asumió la presidencia de la COPPPAL, en una ceremonia en donde varios dirigentes lo respaldaron. Labastida, en cambio, en la entrevista radiofónica se refirió a Moreno de manera enfáticamente desfavorable y recordó la opinión que dice tener de él desde hace años: “este señor no tiene estatura moral ni cosa por el estilo para sacar al PRI del problema que trae”.

La delicada versión del supuesto acuerdo entre el presidente y el narcotráfico ha sido reforzada por un artículo de la reportera Anabel Hernández publicado en el sitio para América Latina de la Deutsche Welle, la organización de radiodifusión pública de Alemania. Allí se asegura que Morena tiene un “narcopacto electoral” con el cartel de Sinaloa y que ese acuerdo es conocido por el presidente López Obrador, quien no lo reprueba.

Tales acusaciones son gravísimas. Sin embargo no están respaldadas en ninguna fuente documentada por esa reportera. Todas esas presuntas revelaciones se amparan en subterfugios como “así lo afirman fuentes directas que conocen de primera mano los hechos”, “fuentes de información que tuvieron datos precisos de esos acuerdos”, “fuentes que han sido testigos directos de los hechos”. Hernández nunca aclara cuáles son tales fuentes; los lectores tienen que creer en esas versiones simplemente porque ella dice “(las) he obtenido en mis pesquisas”.

De vez en cuando, el periodismo de investigación debe proteger a sus fuentes. Pero cuando al origen de la información se le oculta de manera sistemática, sin un solo dato original amparado en documentos que puedan ser verificados, sin declarantes que avalen denuncias como las antes mencionadas, es discutible que estemos ante un trabajo auténticamente periodístico. Ese es el estilo de la señora Hernández, cuyo profesionalismo ha sido cuestionado en distintas ocasiones porque se apoya en inferencias y no en testimonios ni en documentos verificables.

La negligencia del gobierno frente a los delincuentes es muy alarmante. Si se debe a algo más que incapacidad, engreimiento y torpeza de López Obrador, esas causas tienen que ser investigadas y documentadas con toda seriedad y responsabilidad. Ni a la opinión publicada, ni a las oposiciones, les sirve de nada propalar versiones que no están respaldadas en hechos, por verosímiles que les parezcan.