Jacqueline Peschard
La Crónica
12/05/2021
Durante la “mañanera” del pasado 6 de mayo, a raíz de la muy conveniente pregunta de una reportera de la revista Contralínea en la que se refirió al financiamiento de diversas agencias internacionales a la organización de la sociedad civil, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el presidente López Obrador ordenó enviar una nota diplomática a la Embajada de EUA para solicitar una explicación sobre lo que consideró un acto de intervencionismo extranjero.
MCCC se ha dedicado durante los últimos 6 años a investigar y difundir casos de corrupción en México como “La Estafa Maestra”, “El Paso Express de Cuernavaca”, o los de los exgobernadores priistas de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, entre muchos otros. Sin embargo, el presidente López Obrador ha colocado a esta organización en la silla de los acusados por el solo hecho de continuar haciendo su trabajo de investigación y por documentar las deficientes gestiones del gobierno de la 4T. AMLO se ha referido en múltiples ocasiones a MCCI y, en particular, a quienes la han dirigido, Claudio X González y María Amparo Casar, etiquetándolos de actores políticos, con militancia opositora y recientemente, a raíz de sus denuncias por el subejercicio presupuestal en el Metro de la Ciudad de México, llegó al extremo de calificarlos de “golpistas”.
La nota aclaratoria que la SRE envió a la embajada norteamericana pone francamente en ridículo al gobierno de AMLO, porque la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), que es una de las que ha financiado a MCCI -junto con las Fundaciones Mac Arthur y Ford y la National Endowment for Democracy (NED)-, ha ofrecido recursos financieros a muy diversas dependencias del gobierno mexicano, desde hace muchos años. USAID ha financiado proyectos de seguridad y combate al narcotráfico, o de fomento al desarrollo en diversos campos. Además, desde el surgimiento del IFAI, financió proyectos para promover el ejercicio del derecho de acceso a la información entre grupos indígenas y apoyó programas de investigación del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción en 2018, por mencionar algunos. Es más, los recursos que USAID destina a organizaciones de la sociedad civil representan la proporción más pequeña del financiamiento que dicha agencia ha proporcionado en nuestro país, porque la mayor parte se los llevan los proyectos gubernamentales.
Cabe señalar, que dicho respaldo financiero está sustentado en una estricta rendición de cuentas de parte de las organizaciones de la sociedad civil y, en ese sentido, les ofrece un mecanismo que, por un lado, refuerza su independencia, en tanto no tienen que acudir a financiamiento de su propio gobierno y, por otro, les ayuda a ganar en consistencia administrativa, al tener que demostrar que son capaces de manejar con transparencia los recursos aportados.
Cuando un jefe de Estado descalifica a una organización civil y, en particular a sus dirigentes, porque ejercen una función crítica, no sólo genera un daño moral a su imagen, sino que viola el derecho a la libertad de expresión de dichas personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el uso arbitrario del lenguaje de altos funcionarios gubernamentales, a través de la publicidad oficial, basado en mentiras consistentes, o en estigmatizaciones, tiene un efecto intimidatorio que suele derivar en el silenciamiento de las personas que se sienten intimidadas. Hay que recordar que las ruedas de prensa matutinas acercan al presidente a los medios de comunicación, pero también son espacios para promover las acciones del gobierno y, en ese sentido, son actos de publicidad oficial.
La denostación en contra de una organización y sus dirigentes, basada en una interpretación sesgada del trabajo que realiza, es particularmente dañina porque proviene de la más alta magistratura. Las afirmaciones del presidente en contra los fundadores y directivos de MCCI tiene una resonancia enorme y por ende un efecto particularmente nocivo para la integridad moral de las personas, al estar basadas más que en documentación certera, en ocurrencias producto del enojo que las investigaciones críticas le provocan al presidente. Las destempladas acusaciones en contra de esta organización de la sociedad civil parecen más bien una cortina de humo para ocultar o distraer la atención en la coyuntura actual marcada por la tragedia de la Línea 12 del STC de la Ciudad de México.
La nota aclaratoria interpuesta ante la embajada norteamericana es una muestra de cómo la cancillería mexicana se ha subordinado a las directrices políticas de la presidencia. Con esta actitud, la SRE renuncia a su cometido de aconsejar adecuadamente al titular del Ejecutivo sobre las acciones diplomáticas más pertinentes.
El presidente López Obrador tiene ya una lista de villanos favoritos que cada cierto tiempo vuelve a invocar para poner reflectores sobre asuntos mediáticamente estridentes que, en realidad, sirven para distraer la atención de los grandes problemas que nos aquejan y que merecemos que se resuelvan puntualmente, echando mano de todas las recomendaciones que pongan sobre la mesa diferentes instancias, y desde luego, organizaciones de la sociedad civil.