María Marván Laborde
Excélsior
08/12/2016
Los primeros meses de 2017 el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de hacer nombramientos clave para el funcionamiento de nuestra democracia. Por más de dos décadas, con razón o sin ella, hemos apostado a construir un mejor sistema político a partir de la deconstrucción del presidencialismo. La ruta ha sido la creación de los órganos constitucionales autónomos.
Cada nuevo órgano es dirigido por un cuerpo colegiado. Cada cuerpo colegiado es formado por hombres y mujeres que merecen la confianza de uno de los tres grandes partidos nacionales. Cada proceso de negociación es fuente de conflicto.
Por siete décadas tuvimos un presidente superpoderoso; le hemos arrancado poderes de nombramiento para entregarlos al Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática. En el primer semestre de 2017 la Cámara de Diputados deberá nombrar a tres consejeros electorales que durarán en su encargo nueve años, o hasta que la próxima reforma constitucional determine un cambio completo de baraja, cuestión que ya ha sucedido varias veces.
Hace un mes, el proceso de nombramiento de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral dejó incompletas a las salas regionales que ahora hay que completar. En teoría, además, deberán conformarse otras dos salas regionales auxiliares para que los magistrados puedan resolver en tiempo y forma la inmensa cantidad de litigios que entablarán los partidos en el 2018. Los magistrados los nombra el Senado a propuesta de la Suprema Corte.
Ávidos de fichas, los dirigentes de los partidos comenzarán a hacer llamadas. Convocarán a funcionarios o funcionarias que poco tiempo atrás fueron llamados para otro encargo. Lastiman a la institución que pretenden dejar incompleta y deslegitiman a la institución que quieren completar.
El perverso juego de selección supone alentar al mayor número posible de tiradores. Se aspira a equilibrios que una y otra vez dejan inconforme por lo menos a una dirigencia. Los partidos tienen la falsa ilusión de que siempre les quedan facturas por cobrar. Entran a la siguiente negociación con ánimos de revancha.
Podríamos pensar que falta más de un año para las elecciones federales y que, por tanto, los senadores y diputados pueden tomar con calma estos procesos; sin embargo, con la creación del INE todos los años son electorales y en 2017 habrá tres elecciones de gobernador muy importantes: Nayarit, Coahuila y nada menos que el Estado de México. Los dos últimos sin alternancia previa.
Si bien la renovación escalonada tiene la racionalidad de combinar experiencia con incorporar nuevos elementos a las instituciones, los partidos encuentran mucho mayores dificultades para ponerse de acuerdo cuando sólo hay pocos puestos a repartir. Prueba de lo que digo es la cantidad de instituciones a las que por años han dejado incompletas. Desde 2014 el
IFAI, ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, está
esperando que le nombren un contralor. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ni siquiera ha abierto la convocatoria. Al Instituto Federal Electoral lo dejaron incompleto con sólo seis consejeros durante 14 meses, lo que propició empates imposibles de resolver.
Además de los funcionarios electorales, los legisladores deberán nombrar al nuevo gobernador del Banxico, al Fiscal de la aún nonata Fiscalía General de la República. En estas semanas se atoró el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. Después de haberle pedido a la presidenta del Inai que se apuntara, pospusieron la decisión por falta de acuerdo. Ximena Puente se vio en la necesidad de retirar su candidatura. El daño está hecho a ella y al Inai. Disfrazan los procesos de cambalache cuando en realidad buscan lealtades. Por ello es interesante que para el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción la última palabra la tiene el Comité de Selección. Un mecanismo innovador que apuesta por una nueva legitimidad.
Punto y aparte: ¿Qué va a decir la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando el Congreso estadunidense rompa una piñata con la cara del Presidente electo en el 2018? Si fue broma, el tamaño de la irresponsabilidad es inconmensurable.