Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
02/05/2016
Los senadores estuvieron asesorados por un grupo excepcional de ciudadanos y organizaciones que se han esmerado para discutir y proponer normas en contra de la corrupción. Tuvieron la oportunidad de aprobar un paquete de leyes y reformas que hubiera contribuido a distender ese clima de hartazgo y desazón que algunos llaman malestar social. Tenían en sus manos la posibilidad para que el periodo de sesiones fuera menos estéril y, por lo tanto, para que su trabajo defraudara menos a los ciudadanos.
Pero no quisieron ponerse de acuerdo. El meticuloso trabajo de expertos, grupos ciudadanos e instituciones académicas que concentraron su exigencia en la obligación de los funcionarios públicos y quienes aspiran a serlo para presentar #3de3 declaraciones fue desplazado por rivalidades entre los partidos e inconsecuencias en algunos de ellos.
Tarde y como siempre con prisas que podrían evitarse si existiera planeación legislativa, el Senado estaba a punto de aprobar 5 de 7 reformas contra la corrupción. Los especialistas que las han impulsado dijeron que era un avance aunque insuficiente. A nombre de grupos como Imco, México Evalúa, especialistas de CIDE y la UNAM y de Transparencia Mexicana que él encabeza, Eduardo Bohórquez dijo que faltaban las reformas para penalizar los delitos de corrupción y precisar atribuciones de la Fiscalía Especializada en ellos. La propuesta ciudadana sobre las tres declaraciones —patrimonial, fiscal, de intereses— había sido modificada para que no fuese obligatorio precisar montos, detalles y ubicaciones de las propiedades así reconocidas. Era una reforma incompleta, pero constituía un paso adelante.
Esos grupos representados por Bohórquez, además de insistir en los cambios que les parecían todavía necesarios, reconocieron lo que se estaba logrando: “coincidimos con los contenidos sustantivos de los proyectos que se han elaborado a lo largo de esos diálogos y reconocemos el esfuerzo realizado para recuperar nuestras observaciones en cada uno de ellos”.
Las exigencias y el reconocimiento estaban dirigidos a los senadores del PRI y el PVEM. Los especialistas y grupos que han mantenido en la agenda pública el tema del combate a la corrupción admitieron que en estos procesos, si se quiere avanzar, es imposible apostar a ganarlo todo porque se corre el riesgo de quedarse con nada. Pero esa actitud desató el rechazo del PAN y especialmente del PRD, cuyo coordinador senatorial, Miguel Barbosa, acusó: “el grupo parlamentario de la sociedad civil cambió de bando”.
Esos comentarios irresponsables y la llaneza de los especialistas que pasaron días enteros en el regateo con los legisladores desató la maledicencia de la sociedad incivil. Les llovieron injurias en las redes sociodigitales. Personajes y personitas que nunca se han involucrado en temas de anticorrupción y transparencia descalificaron gratuitamente a varios de los ciudadanos que se han comprometido en la búsqueda de reformas. A esa sociedad incivil no le interesan los cambios legales, sino la descalificación del poder político y de quienes tienen el atrevimiento de alternar con él.
Algo similar sucedió con la iniciativa presidencial para aumentar la cantidad de mariguana que puede traer una persona. Desdeñando la importancia que tenía ese cambio en el discurso —y por lo tanto en la política— del gobierno, numerosas voces en la opinión publicada se limitaron a mofarse de la incongruencia que suponía no reconocer en dónde obtendrían los consumidores esos 28 gramos. En esas ingeniosas burlas se soslayaba la libertad que podrían obtener miles de personas que están encarceladas por haber portado pequeñas cantidades de esa droga.
El respaldo social a esa reforma fue, por lo menos, insuficiente. La exigencia delante de los legisladores quedó mermada y ellos, a su vez, con algunas excepciones, hicieron del cambio legal para la mariguana otro de sus temas de regateo. Normas anticorrupción y flexibilización en la posesión de mariguana irán, se dice ahora, a un periodo extraordinario. Pero los senadores no tienen prisa.
En las versiones contradictorias sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y sobre todo en el estancamiento en la comprensión pública de las investigaciones sobre ese terrible asunto, también se aprecia esa endémica dificultad para distinguir entre lo relevante y lo accesorio. Las versiones de la Procuraduría General de la República y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes coinciden en aspectos esenciales. Se sabe quiénes secuestraron, cómo y cuándo a los normalistas. Se sabe que hubo una quemazón en el basurero de Cocula y que en el Río San Juan se encontraron restos de al menos dos de los desaparecidos.
Sin embargo, el GIEI subrayó algunas de sus discrepancias con la versión de la PGR, invirtió para ello demasiado tiempo y recursos propagandísticos y colaboró, así, no a encontrar la verdad, sino a oscurecerla. La historia del quinto autobús, cargado de droga según supusieron los expertos, no se demostró. La versión de que era imposible la incineración en el basurero fue desmontada incluso por los especialistas en fuego convocados con anuencia del propio GIEI. El rechazo del gobierno para permitir que fueran interrogados los elementos del Ejército que conocieron los hechos en Iguala incrementó las suspicacias de manera innecesaria.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constataron y denunciaron muchas de las vergonzosas fallas que padece la justicia mexicana. Ausencia de normas profesionales en la investigación de delitos, incumplimiento en las reglas para un debido proceso, lentitud y colusión de autoridades son lacras que los mexicanos conocemos bien y para las que no parece haber solución cercana.
Pero tales señalamientos y sobre todo la averiguación sobre los desaparecidos quedaron opacados por la insistencia del GIEI para enjuiciar a las autoridades. O, en otras palabras, para hacer propaganda en vez de cumplir con la indagación que se les encomendó. Por eso en la presentación de su informe final destacaron el video en donde el director de Investigación Criminal de la PGR aparece en Cocula un día antes de la recolección de pruebas.
Sin duda, Tomás Zerón incumplió las reglas procesales cuando trasladó a un detenido sin cumplimentar todos los requisitos y sin el defensor de oficio. Pero eso no implica que haya alterado la escena de esos hechos criminales. Los señalamientos del GIEI, al apostar más al golpe mediático que a la explicación, desataron la murmuración de la sociedad incivil.
En distintos medios de comunicación y desde luego en las redes sociodigitales se propaló la versión de que ese funcionario había sembrado las bolsas con restos humanos que serían encontradas después. Si hubiera ocurrido así, Zerón no habría acudido a Cocula acompañado de periodistas y de otros funcionarios y mucho menos habría grabado en video ese recorrido. La visita era tan pública que en el video aparecen dos integrantes de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, uno de los cuales luego trabajó con el GIEI.
Las torpezas e insuficiencias en la investigación no modifican las explicaciones que hemos conocido desde hace casi año y medio cuando el entonces procurador Murillo Karam ofreció la versión del asesinato e incineración de los normalistas en el basurero de Cocula. Sin embargo, todavía hay quienes quieren creer otras explicaciones. Hace unos días, en un mitin, uno de los padres de los desaparecidos aseguraba que a esos muchachos los secuestró el gobierno federal que los mantiene escondidos. El dolor de los familiares es entendible, igual que la indignación de todo el país. Pero alimentar esas versiones y aprovechar para ello las impericias cometidas en la investigación no hace más que ocultar la verdad.
El GIEI no contribuyó a identificar la verdad, sino a propalar confusiones. La discusión pública acerca de la desaparición de 43 jóvenes se ha convertido en una feria de especulaciones sobre la intensidad del fuego, las visitas al basurero y los guantes de los peritos. Las rivalidades de los grupos de narcotraficantes cuyos integrantes han confesado el asesinato, la complicidad de la policía al mando de un ex presidente municipal que está preso e inclusive la negligencia (en el menos peor de los casos) del ex gobernador Ángel Aguirre quedaron en segundo plano.
La capacidad de la sociedad incivil para anteponer la murmuración y los asuntos colaterales a la verdad y a los hechos esenciales resulta inagotable. Ante ella es pertinente algo de mesura, aunque sea tan impopular y políticamente incorrecta.