Jacqueline Peschard
La Crónica
21/10/2020
Una vez más ha quedado claro que la reglamentación de nuestro sistema de partidos no incentiva la formación de novedosas y frescas corrientes de opinión, ni ayuda a abrir cauces para una representación política que se vea enriquecida por propuestas ideológicas y programáticas. El hecho de que sólo cada seis años se abra la puerta para la incorporación de nuevas formaciones políticas y la gran cantidad de requisitos legales que existen para obtener el registro como partido político nacional y poder participar en elecciones, desalienta cualquier esfuerzo de armar una organización con principios doctrinarios y planteamientos de políticas públicas, capaces de sacudir a nuestro maltrecho y polarizado sistema de partidos.
Las organizaciones que aspiran a convertirse en partido político están obligados a presentar su declaración de principios, estatutos y programa de acción, es decir, a señalar cuáles son los marcos doctrinarios que los inspiran, sus formas de organización y sus ofertas puntuales respecto de la sociedad y el Estado que pretenden construir. Sin embargo, esos no son temas de debate público y sabemos que el financiamiento estatal ha sido el gran incentivo para lanzarse a formar un partido. De hecho, al inicio de 2019, 106 organizaciones notificaron al INE su intención de convertirse en un partido político, pero un año después, sólo 7 solicitaron formalmente su registro. Pasar la aduana de organizar 20 asambleas estatales con 3000 afiliados cada una, o las 200 asambleas distritales con 300, además de comprobar un total de 233,945 miembros acreditados, no es una tarea fácil; se requieren importantes recursos organizativos y financieros y la gran mayoría se queda en el camino.
La gran paradoja es que, la Ley General de Partidos fija una gran cantidad de exigencias organizativas, pero prohibe que los partidos puedan tener como plataformas de formación a organizaciones que tuvieron originalmente un objetivo distinto al de convertirse en partido político, como las gremiales, que en otras partes del mundo están justamente en la base del surgimiento de partidos políticos, en particular, de orientación laborista o socialdemócrata. El propósito de nuestra legislación actual fue que los partidos de la etapa democrática y competitiva estuvieran lo más alejados posible de la estructura corporativa del PRI.
Todo ello explica por qué durante los últimos meses, nuestro debate público sobre el registro de nuevos partidos estuvo centrado, más que en el perfil concreto de las organizaciones postulantes, en la magnitud de las faltas cometidas por ellas durante el proceso de acreditación de los requisitos legales de afiliación, de organización y de fiscalización y, consecuentemente, en los criterios y argumentos de las autoridades electorales para evaluarlos.
El INE está obligado a verificar la validez de cada afiliación, a constatar que los ciudadanos concurren libremente a las asambleas de afiliados, sin la intervención de organizaciones sindicales, o de asociaciones religiosas, además debe fiscalizar el origen y destino de sus recursos, sobre los que le informan mensualmente. La Comisión de Prerrogativas estableció cuatro criterios puntuales para evaluar dichos requisitos que, de no cumplirse, llevaban a anular la asamblea respectiva: 1) acreditar si los asistentes a las asambleas lo hicieron con la promesa de recibir algún recursos a cambio, lo cual implicó realizar entrevistas a una muestra de 10% de los participantes;2)identificar la participación de ministros de culto en la organización de las asambleas; 3) fiscalización de las aportaciones para identificarlas nominalmente y 4) constatar la intervención gremial en las asambleas de afiliados. Tanto la participación de ministros de culto, como la de integrantes de algún sindicato implicaron contrastar las listas de afiliados con las de las correspondientes asociaciones religiosas o sindicales.
Con todo, al final, queda claro que la sobrerregulación no evita una diversidad de interpretaciones. Así, el dictamen de la Comisión de Prerrogativas del INE propuso dar el registro a México Libre y al Partido Encuentro Solidario, pero el Consejo General modificó su dictamen para sólo otorgarlo al PES y con una votación dividida. Finalmente, el TEPJF cambió la resolución del INE para otorgar el registro a dos organizaciones más, a las que les habían acreditado flujo de dádivas y faltas en materia de fiscalización, además de vínculos con organizaciones gremiales. Se trata de Redes Sociales Progresistas, que carga con denuncias por intervención del SNTE y Fuerza Social por México, vinculado con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). La resolución favorable del Tribunal Electoral en ambos casos, fue que la intervención de agremiados no había sido sistemática y las aportaciones no rastreables habían sido menores al 20% del total.
Para la opinión pública, la manera de comprender el otorgamiento del registro a los nuevos partidos es inevitablemente en función del alineamiento actual del sistema de partidos, con una fuerza política predominante, alrededor de la cual gravitan, hoy, dos partidos satélites, a los que habrán de sumarse los tres nuevos. Sin embargo, la legislación los obliga a guardar sus pretensiones satelitales hasta después de las elecciones de 2021, cuando habrán de postular candidatos en solitario para probar su respaldo ciudadano en concreto.