Ricardo Becerra
La Crónica
03/05/2020
Una dificultad muy esparcida en nuestra atribulada discusión pública COVID-19, es la imposibilidad de pensar la crisis sanitaria y la crisis económica como un solo hecho, concurrente, inseparable, porque una causa y alimenta a la otra. De tal suerte que buen número de voces, cometen el error de pensar la economía sin correlato sanitario, y al revés, pensar en las directrices de salud sin la política económica que las soporte.
Este error es particularmente grave en el gobierno, pues sus grandes apuestas están pensadas en una sola dimensión. Por ejemplo: lanzar grandes programas de infraestructura como estímulos económicos en este momento. Quiere decir: muchísimas personas concentradas en polígonos de actividad constructiva intensiva, justo cuando las autoridades sanitarias piden a todo dios, guardar distancia y quedarse en su casa. Otro ejemplo: reforzar los programas sociales que ya existen, ignorando el hecho radical de esta crisis: las primeras y más graves víctimas de la pandemia son los trabajadores que están perdiendo su trabajo. Ni los adultos mayores ni los niños con discapacidad perderán su respectivo subsidio (por fortuna). Quienes pierden su medio de vida por la suspensión de actividades, son los que estuvieron empleados hasta la llegada de esta disrupción sanitaria.
Estábamos en ésas cuando ya se deja sentir una decisión mayor en el horizonte inmediato: en qué momento México levantará su confinamiento social.
Aquí de nuevo, es necesario poner a trabajar a los dos hemisferios del cerebro, razonando nuestro doble objetivo: contener la epidemia y retornar a los quehaceres productivos. Lo primero no se ha logrado, pero las tensiones por regresar a lo segundo, ya están aquí.
Esta semana, el secretario de Estado Mike Pompeo, hizo pública una carta de congresistas de Iowa que pedían, con poca amabilidad, la apertura de fábricas en México, “…nuestras cadenas de distribución seguirán sufriendo disrupciones hasta que el gobierno mexicano aclare su definición de negocios esenciales. Pedimos que presione a su contraparte mexicana para incorporar a industrias que proveen componente en los sectores de la comida, médico, transporte, infraestructura, aeroespacial, automotriz y defensa”. Y el mismísimo Pentágono pidió lo mismo “ayuda para reabrir proveedores internacionales” de insumos para industria de la defensa (El País, 2/05/2020).
Ya se sabe: varios estados de la Unión Americana vivieron, meses antes, su explosión del COVID-19 y con el acicate de Trump, ya planean abrir sus industrias en la primera quincena de mayo, lo que los impele a hacer los pedidos correspondientes a sus proveedores mexicanos. De modo que los calendarios adelantados del norte pueden acabar precipitando los calendarios críticos de este lado. Una situación muy cruel.
¿Saben cuando las grandes armadoras prevén el reinicio de sus actividades en EU? El 18 de mayo. ¿Saben cuando esperamos el pico máximo de contagios en México? Tres días después, el 21 de mayo, según el estudio del grupo científico que trabaja para el gobierno federal mexicano. Los calendarios no coinciden, más bien, coinciden de un modo fatal.
¿Significa que debemos responder con un no rotundo al amigo americano y a nuestros principales socios industriales? Probablemente sí, pero precisamente porque importan tanto, es hora también de ventilar abiertamente el punto crucial: la sincronización de los calendarios va a requerir varias modificaciones fundamentales en las estrategias e instrumentos sanitarios que hemos utilizado hoy. Me explico: se exigirá “salir de casa” pero en condiciones muy distintas a las que estamos acostumbrados, muy especialmente, salir, si se han aplicado pruebas.
Por lo visto, el manual del Centinela mandata aplicar pruebas sólo a aquellos que manifiestan síntomas de la enfermedad. Pero si se han de reabrir centros de trabajo hay que realizar el test a quienes acudan de nuevo a laborar. Sin escapatorias ni pretextos. Cualquier otra cosa es suicida y homicida.
Lo cual, a su vez, implicará un trabajo que el sector salud ha hecho muy escasamente: ir en búsqueda de quienes hayan estado en contacto con un enfermo para aislarlos y contener la expansión en una circunstancia en la que la regla del juego ya no será la estricta “quédate en casa”. La estrategia dominante deberá modificarse, especialmente la manía de hacer pocas pruebas para respetar la “austeridad”.
A menos que la Secretaría de Salud presente una modalidad alternativa, debe tirar a la basura, y rápido, su aversión a las pruebas masivas, hallando fórmulas para regresar a la cadena de suministro global sin condenar a la enfermedad y a la muerte a cientos o miles de paisanos. Pues de eso estamos hablando.
Por lo pronto, nos corresponde no olvidar, ni por un momento, las fechas de nuestra curva fatídica (siempre siguiendo al grupo científico): el 7 de mayo alcanzaremos la aceleración hacia más de tres mil infectados al día; el 21, tendremos 5 mil al día y sólo hasta el 19 de junio —si todo sale bien, nos hemos portado como corresponde y no nos apresuramos demasiado— comenzará un descenso consistente, rogando al cielo que no tengamos rebrotes y tomando en cuenta la realidad diferenciada de estados y regiones.
Allí están los costos que la sociedad y el gobierno hemos pagado ya en el último mes y medio bajo la forma de brusca suspensión de todo lo que conocimos como normalidad. Costos enormes que seguiremos pagando.
Para decirlo en palabras de la canciller Angela Merkel: “No nos juguemos lo que hemos conseguido, precipitando la salida y arriesgándonos a un retroceso”. El precio de esa decisión puede hacernos regresar a marzo, y en peores condiciones.