María Marván Laborde
Excélsior
08/10/2015
Y no buenas razones. El presidente Peña Nieto dijo frente a la ONU que “México es una nación plenamente comprometida con la ley, los derechos humanos y la paz”. También celebró que los compromisos para 2030 tuviesen como eje la equidad de género.
El compromiso de un país se refleja en acciones concretas de las autoridades. Es a través de ellas que se forja una sociedad equitativa entre mujeres y hombres. Se demuestra el respeto a la ley cuando los nombramientos en los que participan dos poderes se hacen con apego al espíritu de las exigencias constitucionales y no tratando de encontrar interpretaciones laxas que requieran explicaciones dudosas. Proteger los derechos humanos significa garantizar que personas reconocidas por su compromiso con el tema ocupen puestos clave de la República.
No es caprichosa la Constitución cuando dispone que en el nombramiento de los ministros de la Corte intervengan el Ejecutivo y el Senado; se trata de velar por la división de poderes, de asegurar la independencia del cuerpo colegiado que tiene como obligación hacer efectiva la garantía de nuestros derechos fundamentales. Por ello, todos y cada uno de los candidatos a ser ministros deben tener una trayectoria que nos permita honrar aquellos compromisos reconocidos frente a la comunidad internacional.
Cada ministro, cada ministra deberá tener un profundo conocimiento de la Constitución, haber demostrado independencia frente a los otros poderes, y una estatura ética incuestionable. Su altura de miras debe sobrepasar cualquier mediocridad. Ya bien sea que provenga del Poder Judicial, de la academia o de la sociedad civil, sus escritos, sus sentencias, sus acciones, deben hacer evidentes estas cualidades.
Parte esencial del proceso de transición a la democracia fue la transformación de la Suprema Corte de Justicia en Tribunal Constitucional. Los jueces constitucionales deben proteger la Constitución, está en sus manos la armónica resolución de conflictos entre los órganos del Estado, así como el buen funcionamiento entre los tres ámbitos de gobierno. Por ello es indispensable que los hombres y las mujeres postulados para convertirse en ministras o ministros sean claramente independientes y no militantes de partidos políticos.
Los requisitos, tanto de residencia como la obligación de no haber ocupado ciertos puestos, entre ellos los de elección popular, tienen como propósito asegurar que, en su calidad de garantes de la constitucionalidad, defiendan con seriedad la libertad de los mexicanos, se conduzcan con autonomía de criterio frente al Ejecutivo, nos aseguren que sus decisiones jamás estarán comprometidas con los intereses de partido, es decir, que puedan vigilar eficientemente al Poder Legislativo.
De la autonomía, libertad y solvencia moral de los miembros de la Corte depende la división de poderes, por ello no es exagerado decir que está en juego la democracia misma. El freno institucional a cualquier forma de autoritarismo inicia desde la selección de las ternas para la Suprema Corte, sus perfiles serán determinantes.
La responsabilidad histórica de estos nombramientos de ministros recae, tanto en el Presidente como en el Senado. Al salir la ministra Olga Sánchez Cordero quedará sólo una mujer en el más alto tribunal del país. Si queremos hablar de equidad de género, es indispensable que las ternas aseguren la llegada de dos mujeres. Sin duda, el Presidente podrá encontrar seis mujeres que reúnan los requisitos para ser juezas constitucionales. Hay juristas y juezas de donde escoger.
El papel del Senado no es menor, por tanto, la responsabilidad del Partido Acción Nacional es mayúscula, ya que éste completa la mayoría calificada. Ricardo Anaya, su nuevo presidente, no se cansa de asegurarnos que son una oposición exigente y responsable, verdadero freno del Ejecutivo y el PRI-PVEM. Es momento de demostrarlo. El PAN puede y debe propiciar dos nombramientos que fortalezcan la independencia de la Corte. Una componenda de toma y daca no genera equilibrios; prestarse al juego acusará más a un mercader que a un estadista. Es menester que las próximas ministras estén a la altura de lo que demanda México.