Jacqueline Peschard
La Crónica
16/12/2020
Es un lugar común afirmar que la fortaleza de un Estado depende, en buena medida, de la solidez de sus instituciones y de las reglas del juego que las orientan para ofrecer certeza sobre los propósitos que persiguen y los mecanismos para lograrlos.
El gobierno actual ha mostrado desconfianza, cuando no, indiferencia hacia nuestras instituciones, despojándonos de la protección que dichos órganos están llamados a ofrecer a la población en distintos ámbitos de la vida pública. Tal parece que nos hemos ido acostumbrando a vivir una suerte de orfandad institucional; que hemos sido testigos pasivos de cómo nuestras instituciones pierden consistencia y credibilidad, dejándonos desprotegidos.
En lugar de que el gobierno actual defienda la vigencia de las normas y promueva el fortalecimiento de nuestras instituciones, el presidente López Obrador ha expresado con insistencia su desprecio por las leyes y su recelo hacia las instituciones públicas, en general, y, en particular, hacia los organismos constitucionalmente autónomos.
Sin embargo, el Banco de México parecía haberse escapado a dicha valoración negativa, contando con el aprecio presidencial, al menos implícito. De hecho, los nombramientos de los últimos tres subgobernadores de su Junta de Gobierno, incluido el de su más reciente integrante, han mostrado que se privilegió un perfil técnico-profesional, más allá de la afinidad con el proyecto gubernamental.
Por ello, resultó sorpresiva y alarmante la rapidez con la que se aprobó en el Senado la reforma de la Ley del Banco de México para que dicha institución adquiera las divisas excedentes, independientemente de su origen, para repatriarlas y que formen parte de las reservas internacionales.
Con ello, se ha vuelto a mostrar el rostro autoritario del gobierno, alentado por una fuerte pulsión hacia la imposición de proyectos a partir de la sola voluntad del presidente y con el respaldo disciplinado de Morena en el Congreso, sin deliberación alguna. Con el argumento de proteger los recursos de nuestros connacionales, el gobierno y su mayoría parlamentaria se mostraron dispuestos no sólo a ignorar, sino a minar la autonomía del Banco de México y a atropellar la integridad de una institución clave para la estabilidad económica del país.
A cambio de que prospere un objetivo oculto, pero conocido por todos, de apoyar al Banco Azteca, propiedad del grupo de Salinas Pliego, que ha sido un aliado muy visible del presidente López Obrador, se pone en riesgo la solvencia no sólo de Banxico, sino de todo el sistema financiero del país. Este objetivo contradice abiertamente la pretensión del propio presidente de separar los intereses privados del interés público.
Tanto expertos de la banca privada, como titulares de instituciones públicas, personas que participan en el gobierno actual, e integrantes de la propia Junta de Gobierno del Banco de México, han expresado sus preocupaciones por las consecuencias que la reforma en cuestión tendría sobre la confianza internacional de dicha entidad financiera, pudiendo someterla a intervenciones externas.
El propio Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, señaló que, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, si bien el flujo de dólares presenta cierta vulnerabilidad, ésta no es alta, por lo que lo que se necesita es una discusión técnica para enfrentar el problema de dólares en efectivo que pudieran provenir del lavado de dinero.
A pesar de todas las llamadas de alerta, la mayoría de Morena en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados votó a favor de que la minuta del Senado sobre la reforma de Banxico se discutiera en el Pleno, el día de ayer, que era el último del periodo ordinario de sesiones. Al final, el debate se aplazó para el año entrante, seguramente porque influyó el alud de opiniones en contra.
Esta es una buena señal, porque se abrirán espacios para la deliberación, aunque hay que recordar que, en otras ocasiones, diferir no ha significado realmente escuchar otras voces para modular ideas fijas, sino únicamente ofrecer tiempo para alimentar la imagen de apertura al diálogo. Viene a la mente el caso de la cancelación de los fideicomisos como ejemplo de cómo para el gobierno actual, conceder tiempos y espacios de deliberación no significa que exista voluntad política para dejar atrás oídos sordos.
Valdría la pena que este aplazamiento fuera ocasión para que el gobierno y, más concretamente, el presidente López Obrador, mostrara que no tiene intenciones de socavar al Banco de México, como sí ha insistido en hacerlo respecto de otras instituciones constitucionalmente autónomas, por el hecho de no estar bajo su línea de mando directa.