Otra vez rumbo al violómetro

A partir de 1996 que el IFE se convirtió en un órgano constitucional autónomo, la Cámara de Diputados ha nombrado consejeros electorales en cinco ocasiones, 1996, 2003, 2008, 2011 y 2014. Sólo en una ocasión no se las arregló para renovar en su totalidad el Consejo General. Cuando hacen la ley optan por renovaciones escalonadas, pero en la realidad prefieren renovaciones totales que les faciliten los acuerdos.

En 2003 hubo de hacerse la primera renovación y, a pesar de que la ley permitía la ratificación de los consejeros para un segundo periodo, optaron por deshacerse de todos aquellos que habían votado las multas impuestas del Pemexgate y Amigos de Fox. Paradójicamente, nunca pudieron perdonarles que se hubiesen tomado en serio el trabajo de fiscalización.

En el proceso de negociación, el Partido de la Revolución Democrática presionó dilatando los acuerdos y en el último minuto el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional se envalentonaron y lo
dejaron fuera del reparto de cuotas. Las consecuencias de ese acuerdo incidieron en el conflicto postelectoral de 2006.

Como consecuencia de la reforma constitucional de 2007, en 2008 volvieron a renovar el Consejo General. De acuerdo con la reforma, tres consejeros debieron ser sustituidos en 2010.  Se emitió la convocatoria, pero fueron incapaces de decidir entre los finalistas. Después de tenerlos 14 meses en espera cancelaron el procedimiento. Todo ese tiempo el Consejo General operó con sólo seis miembros y hubo empates trascendentes imposibles de resolver.

El diputado Jaime Cárdenas interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral porque él no quería seguir violando la Constitución. Fue hasta diciembre de 2011 que anularon esa convocatoria, inventaron un proceso distinto y nombraron a tres consejeros: Lorenzo Córdova, Sergio García Ramírez y yo misma.

En 2014 volvieron al juego de reforma constitucional y baraja nueva, ahora con once lugares por repartir. Elevaron a rango constitucional el complejo proceso de selección: Hay que nombrar un comité técnico de evaluación conformado por siete personas: dos nombradas por la CNDH, dos por el Inai y tres por el órgano de dirección de la Cámara de Diputados. Este comité selecciona de entre los postulantes una quinteta por cada Consejero a elegir. El Pleno de la Cámara debe votar por mayoría calificada a uno de cada grupo. Ante la falta de acuerdos la Suprema Corte hace un sorteo.

La correlación de fuerzas entre los partidos ha cambiado de 2014 a la fecha. Hace tres años Morena apenas estaba por obtener su registro. Ahora ya tiene una bancada robusta que, frente a las múltiples renuncias de los perredistas, aparece día a día más fuerte. En estas circunstancias ¿con quién van a negociar el PRI y el PAN? ¿Será Morena o el PRD, a quién le dan a escoger al tercer consejero? ¿Excluirán a la izquierda como en el 2003? Después del 2006 parecería una pésima idea.

La experiencia nos dice que tanto senadores como diputados han sido pésimos en “completar” cuerpos colegiados. En esta ocasión deberán estar conscientes de las graves consecuencias que tendría dejar por un tiempo prolongado al Consejo General sólo con ocho de sus 11 miembros. Hay decisiones cruciales que exigen mayoría calificada de ocho, obligar a la unanimidad puede ser absolutamente disfuncional. Es obvio que, si por ahorrarse dificultades decidieran prorrogar el nombramiento de los consejeros salientes, sería inconstitucional.

Urge emitir la convocatoria para que el 4 de abril puedan arribar los tres nuevos miembros al Instituto Nacional Electoral. Está en curso el proceso electoral del Estado de México, Veracruz, Nayarit y Coahuila. Los procesos electorales de 2018 empiezan en septiembre.
La legitimidad de las elecciones depende de la legitimidad del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.