Jorge Javier Romero Vadillo
Sin Embargo
09/08/2018
El futuro gobierno, en actividad frenética casi desde el día siguiente a las elecciones, ha organizado una serie de foros sobre la pacificación y la reconciliación nacional para, según dicen, diseñar una política de seguridad de abajo hacia arriba y de la mano de la gente. De primera impresión, se trata de un trasunto de la vieja práctica de los tiempos del IEPES, el antiguo instituto de estudios políticos del PRI, que organizaba pasarelas para que todo mundo hablara sin que nadie en realidad escuchara nada y después se elaboraran documentos que decían lo que de antemano iban a decir, pero que nadie leía ni seguía. Ejercicios catárticos que suelen ser meras simulaciones para pretender la inclusión de voces diversas en la elaboración de políticas cuando no simplemente servían de escenario para justificar las decisiones tomadas.
Gobiernos van y gobiernos vienen y todos organizan foros sobre los temas más variados en los cuales lo único que realmente se escucha son los discursos inaugurales del candidato, el presidente en turno o alguno de sus secretarios que tiran la línea a seguir sobre el tema discutido. Los periodistas, que conocen bien la trama, suelen irse después del protocolo, lo mismo que las “personalidades”, mientras en el transcurso de las mesas de trabajo solo se quedan algunos incautos y los ponentes esperanzados en que alguien escuche sus sesudas reflexiones.
Sin embargo, no todo fue como siempre en el primero de los foros sobre pacificación y reconciliación, que se llevó a cabo el marte en Ciudad Juárez. Si bien ocurrió que los periodistas solo se interesaron en el discurso de López Obrador, de Olga Sánchez Cordero y en las fotos del próximo presidente con Javier Corral y, como suele ocurrir, la audiencia mermó sustancialmente cuando se fueron los jerarcas y empezaron las intervenciones de los ponentes de a pie, la sed de escucha de las víctimas de la violencia, esperanzadas en que el próximo presidente tome en cuenta sus tragedias, le dio un tono de especial dramatismo al ritual. Y la fuerza con la que se abrió paso el tema de la ley de seguridad interior, que no había sido considerado en el diseño original del debate, mostró el grado de malestar existente frente a la estrategia de militarización de la seguridad en la que el país se encuentra entrampado desde hace doce años.
Ojalá y la gente del próximo gobierno haya escuchado a las víctimas, tomado nota de los casos y saque un mapa microscópico de la tragedia de la violencia, de manera que efectivamente se nutra de esas experiencias el diseño macro de la estrategia de paz, de la cual apenas si se han visto los trazos gruesos. Vamos a ver si es cierto que son capaces de abordar el asunto de la violencia y la inseguridad con un nuevo enfoque, que tome en cuenta estos doce años de fracasos y se proponga la construcción de un modelo de seguridad ciudadana basado en los casos de éxito conocidos y en la experiencia internacional, pero que renuncie a las prácticas que desprecian los derechos humanos, las cuales pueden dar resultados de corto plazo, pero acaban por tener costos sociales inconmensurables.
El clamor contra la Ley de Seguridad Interior, escuchado en el foro de Ciudad Juárez, debe ser tomado en cuenta por el próximo gobierno. La militarización ha sido una estrategia fallida, pues sus discutibles éxitos han sido pírricos y existe evidencia atendible de su alto costo social, su ineficacia en el mediano plazo y el daño enorme que le ha hecho al necesario proceso de reconstrucción del Estado sobre la base del orden jurídico.
No faltan quienes siguen defendiendo la intervención militar indiscriminada, sin plazo y sin estrategia de construcción de los cuerpos civiles de seguridad del Estado que, con transparencia y eficaz rendición de cuentas, se encarguen de reducir la violencia y sostener la convivencia pacífica, como corresponde a una verdadera democracia constitucional. Para estos apologistas de la estrategia de despliegue de las fuerzas armadas, hay casos de éxito, como la disminución de la violencia homicida que siguió a la destrucción de los Zetas por parte de la Marina entre 2011 y 2013. Más allá de lo efímero del resultado, el costo social de aquellos operativos se sigue sintiendo cuando se abren las fosas y se recuentan los desaparecidos. La fuerza del Estado solo es legítima cuando se hace de acuerdo con la ley, no cuando actúa con una lógica similar a la de la delincuencia. La paz permanente no puede basarse en la lógica del exterminio.
Así, cualquier proceso que implique un cambio de rumbo debe partir de la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, que no es otra cosa que la institucionalización de la militarización, y su sustitución por un ordenamiento de carácter transitorio que establezca criterios claros para el retiro de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad y para la construcción ordenada del entramado de organizaciones estatales de seguridad civil encargadas de hacer cumplir la ley, empezando por sus propios procedimientos.
Cuerpos de Estado, capacitados técnicamente, profesionales, despolitizados, que no dependan de los ciclos políticos y que trasciendan las alternancias partidistas. Que rindan cuentas y transparenten sus procedimientos y que se arraiguen en la sociedad como servidores de la comunidad, no como sus extorsionadores o sus enemigos. Se trata de construir una presencia estatal como la que nunca hemos tenido en México, que se diferencie claramente en sus servicios de protección de lo que puede ofrecer el crimen organizado: que proteja a todos y no solo a los que pagan de manera privada por sus servicios, que no extorsione y que no ejerzan la violencia sin un claro mandato plenamente justificado por la legalidad.
El Estado debe ser el principal instrumento de reducción de la violencia y de ordenación de la convivencia. Para ello tiene que dejar de ser un mecanismo de depredación en sí mismo, pues solo así se puede diferenciar su acción de la de los delincuentes. Frente a la barbarie homicida de los criminales, el Estado debe ofrecer una seguridad arraigada en la ciudadanía, una seguridad sin guerra. La próxima secretaria de Gobernación parece entender esto con mucha claridad. Veamos si logra convertirlo en el eje de acción del próximo gobierno.