Lorenzo Córdova Vianello
El Universal
08/03/2016
La sustentabilidad de la paridad de género está íntimamente vinculada con cambios culturales que trascienden lo electoral e impactan la convivencia cotidiana
Para construir una sociedad incluyente, libre de violencia y sin discriminación contra las mujeres es necesario impulsar un cambio cultural que transforme la convivencia cotidiana y las prácticas políticas en materia de género.
En la experiencia mexicana pueden identificarse dos herramientas de cambio que han contribuido de manera decisiva a impulsar transformaciones profundas en la sociedad mexicana, particularmente en el plano electoral.
La primera ha sido la incorporación de adecuaciones a nuestras leyes, en particular a la Constitución y las leyes electorales, que han obligado a las instituciones a atender y resolver fenómenos sociales, como el de la igualdad entre los géneros, con enfoques y procedimientos nuevos que, además, han permitido a la sociedad elevar los contextos de exigencia a sus autoridades.
Fue a través de reformas electorales que pasamos de la mera recomendación incluida en la reforma de 1996, para que los partidos políticos distribuyeran sus candidaturas entre los géneros en porcentajes de 70/30, a la obligación de respetar esos porcentajes de cuotas de género con una nueva adecuación legislativa en 2002.
Cinco años después, en 2007, el porcentaje de las cuotas se elevó a 40% y se obligó a los partidos políticos a incluir un porcentaje del financiamiento que reciben para la promoción del liderazgo político de las mujeres.
Esta mecánica es la que propició que, en tan sólo 20 años, y pese a las persistentes condiciones de violencia política que permean en la vida pública, hayamos transitado de 17% que representaban las mujeres en el Congreso en 1997, a 42% en 2015.
La segunda herramienta han sido las decisiones tomadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, ONU Mujeres, el Instituto Nacional para las Mujeres, así como las iniciativas impulsadas por diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes hemos conformado un bloque de aliados estratégicos para contribuir a la igualdad sustantiva y hacer de la democracia mexicana un sistema de convivencia incluyente y paritario.
El ejemplo más reciente de ello es la campaña “HeForShe”, impulsada por ONU Mujeres a nivel mundial, con la que se pretende involucrar a hombres de todas las edades y procedencias a que se asuman como defensores y agentes de cambio que contribuyan a hacer realidad la igualdad de género y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas.
Ésta es una campaña que pretende lograr resultados medibles en los próximos tres años, y con la que, considerando el ámbito de competencia del INE, nos comprometemos a los siguientes cinco puntos: uno, garantizar el registro paritario de las candidaturas; dos, establecer esquemas que contribuyan a combatir la violencia política en el ámbito electoral; tres, monitorear que los partidos políticos destinen los recursos establecidos para el efectivo desarrollo del liderazgo político de las mujeres; cuatro, promover el respeto a los principios de igualdad y de no discriminación desde el ámbito electoral en la interacción con los partidos políticos y la sociedad civil; y cinco, favorecer la igualdad de oportunidades y la generación de ambientes laborales libres de violencia y discriminación al interior del INE.
Me parece que con compromisos como los de la campaña “HeforShe” y con la aplicación de las disposiciones de la reforma constitucional y electoral de 2014, que han colocado a México al lado de países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que son de los pocos países latinoamericanos con un porcentaje de mujeres parlamentarias superior a 40%, la sociedad mexicana podrá avanzar con mayor celeridad en la construcción de un piso de igualad entre los géneros.
La sustentabilidad de la paridad de género está íntimamente vinculada con cambios culturales que trascienden lo electoral e impactan la convivencia cotidiana. En lo inmediato es indispensable que, al igual que el TEPJF y el INE, todos los organismos públicos locales electorales y los partidos políticos asuman un compromiso con la paridad vertical y horizontal, para que la representación de las mujeres y hombres participen en condiciones de paridad desde los congresos locales y hasta en los municipios y cabildos. Para orientar las prácticas políticas en el mediano plazo, es que la paridad de género será una premisa transversal en la nueva estrategia nacional de educación cívica del INE, con miras a construir una ciudadanía más participativa, paritaria e incluyente.