Jacqueline Peschard
El Universal
09/03/2015
Es cierto que en los últimos quince años se ha incrementado la presencia de las mujeres en el Congreso federal, pues mientras que en 2000 representaron 16% de la Cámara de Diputados, en la actual Legislatura, son 36.8%, es decir, más del doble y algo semejante ocurre en el Senado.
Este avance es producto del reclamo social por la igualdad de las mujeres en la representación política que ha llevado al establecimiento de cuotas de género cada vez más elevadas —pasamos de 30% en 2002 a 40% en 2007 y a 50% hoy— y de mayor cobertura, pues de sólo aplicarse a las listas de representación proporcional, en 2008 la obligación se extendió a las candidaturas de mayoría relativa. Además, la autoridad electoral ha sido cada vez más estricta en no dejar resquicio alguno para asegurar que todos registren el porcentaje legal de candidatas mujeres.
En general, los partidos cumplen con el registro formal de las cuotas de género, pero las normas no se traducen de inmediato en buenas prácticas que impliquen una efectiva inclusión de las mujeres en los espacios de decisión de los partidos, o en los de los órganos legislativos. Lo que se ha privilegiado es la invocación retórica de las cuotas.
Un estudio de INCIDE Social sobre el proceso electoral de 2012, titulado Igualdad, inclusión y no discriminación en los partidos políticos de México y publicado recientemente, muestra cómo persisten las resistencias de los partidos políticos a dejar atrás la simulación en la aplicación de las cuotas de género. Aunque todos los partidos contemplan las cuotas en sus estatutos y los tres principales tienen reglas de procedimiento específico para cumplir con ellas, al revisar en qué tipo de distritos se postulan a las mujeres encuentra una tendencia a colocarlas en distritos perdedores.
Con un planteamiento metodológico riguroso y tomando los resultados de las dos elecciones previas a 2012, el estudio clasifica los distritos electorales por nivel competitividad de cada partido, en “fundamental”, “valiosa”, “considerable” o “nula” y analiza en dónde se colocaron a las mujeres. Así, el PAN postuló a 50% de candidatas en distritos de nula posibilidad de triunfo, mientras que en sus distritos más competitivos sólo postuló a 24.6% de candidatas; el PRI las concentró en distritos con una competitividad apenas “considerable” (un 66.7% fueron mujeres). En cambio, en 2012, el PRD concentró a sus candidatas en distritos “valiosos”, es decir en donde tenía triunfos previos, lo cual muestra que de los tres principales partidos es el que menos sesgos tiene en la asignación de las candidaturas de mayoría por género, lo cual coincide con una tradicional posición de izquierda. De hecho, el PRD fue el primer partido que incorporó en sus estatutos una cuota de género.
Si de lo que se trata es de buscar mecanismos para incorporar a la agenda de los partidos políticos las demandas y propuestas de género, es importante la disposición que introdujo la reforma de 2007 para que dichos institutos destinen un 2% de su financiamiento público ordinario a la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgos de las mujeres. Los principales partidos ya tienen instancias específicas para la promoción de los intereses de las mujeres, de ahí la necesidad de destinar recursos para hacerlo viable. Sin embargo, el estudio revela que los partidos han usado discrecionalmente tales recursos, utilizándolos para gasto corriente, esto es, no se cumple con el propósito de fortalecer la masa crítica de género en los partidos.
Los derechos políticos de las mujeres han ganado centralidad, pero sólo estudios como el de INCIDE Social pueden ayudar a superar la denuncia genérica para idear propuestas concretas para que la paridad no sea una simulación.