José Woldenberg
Reforma
06/04/2017
Montados en el malestar que generan los partidos y el financiamiento público a los mismos, no han sido pocos los que se han sumado a una propuesta que desea anudar el financiamiento al número de votantes: más participación, más dinero; menos concurrencia a las urnas, menos dinero. Vale la pena intentar salirle al paso a los prejuicios y subrayar que si se desea rebajar el dinero público para los partidos hay fórmulas más sencillas y sin riesgos. Va la siguiente argumentación a contracorriente.
1. Los partidos anteceden y/o surgen de manera «natural» en los sistemas democráticos. Son necesarios, expresión de la diversidad que cruza a las sociedades y ordenadores de la vida pública. Todos aquellos ciudadanos que se agrupan para alcanzar cargos de elección popular o que trabajan de manera coordinada por algún tiempo en los cuerpos legislativos forman un partido. Y ello porque de manera aislada difícilmente podrían hacer avanzar sus propuestas e intereses. Leí que incluso un precandidato independiente a la Presidencia, con sensatez y por necesidad, intentará ser acompañado por otros independientes a cargos de gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, etcétera, en las elecciones de 2018. Lo que se propone es fundar un partido pero no reconocerse como tal: como una parte de la sociedad que se organiza para legítimamente ocupar cargos de representación. Y es que los partidos están tan desprestigiados que hasta a la palabrita se le intenta dar la vuelta. Mejor independiente, movimiento, asociación o cualquier sucedáneo antes que reconocer lo que realmente se es, un partido. Y en efecto, hay partidos buenos, malos y peores (según el gusto), pero si deseamos fortalecer un régimen democrático son y serán necesarios como expresión de la pluralidad y como fórmulas de agregación de intereses.
2. Los partidos y el quehacer político demandan recursos. Y no existen más que dos grandes fuentes: públicas o/y privadas. En algún tiempo los partidos vivieron de las cuotas de sus afiliados, pero en casi todo el mundo hoy se opta por una u otra y sobre todo por fórmulas mixtas de financiamiento. En México, con buenos argumentos se llegó a la convicción de que el financiamiento público preeminente sería un método adecuado porque con él se lograrían varios objetivos: 1) Transparencia, puesto que conocemos con exactitud cuánto dinero reciben, 2) Condiciones de la competencia más equilibradas, puesto que en nuestro pasado inmediato los recursos con los que contaban los partidos resultaban abismalmente asimétricos y 3) Evitar su dependencia de los grandes grupos económicos -que tienden a condicionar sus aportaciones a la realización o no de ciertas políticas- o peor aún de grupos delincuenciales. Parecía y aún me parece que el financiamiento público sigue siendo superior al privado, que no está prohibido, sino acotado.
3. Si se quiere reducir el financiamiento público hay fórmulas simples y transparentes. Recordemos: en la reforma que estableció que los partidos y candidatos no podrían comprar espacios en radio y televisión, dado que las campañas en los medios se realizarían en los tiempos del Estado, se redujo de manera considerable el financiamiento para gastos de campaña. Y ello resultaba lógico porque los partidos no requerirían dinero para aparecer en radio y TV. No obstante, al establecer una fórmula única para el financiamiento en los estados, el monto de los recursos para los partidos se incrementó de manera considerable. Ahí, por ejemplo, se podría realizar un ajuste a la baja. Y a nivel federal el monto de los recursos destinados a los partidos se deriva de una fórmula que multiplica el número de ciudadanos inscritos en el padrón por el 65 por ciento del salario mínimo (hoy «unidad de medida y actualización»). De tal forma que si se quiere reducir el financiamiento bastaría con considerar solo a un porcentaje de los inscritos en el padrón o/y reducir el porcentaje de la UMA. Porque establecer en la ley que el financiamiento de los partidos dependerá del número de ciudadanos que acudan a las urnas puede convertirse en un bumerang que desate la más que sencilla y tonta retórica antipolítica: aquella que llamará a no votar, proclamando que con ello, esas figuras «horribles» que son los partidos recibirán menos dinero.