Rolando Cordera Campos
La Jornada
27/09/2020
El éxito recaudatorio del SAT y su directiva principal, la señora Raquel Buenrostro, merece celebrarse y llevar a una sesuda reflexión de nuestros estudiosos fiscalistas sobre la estructura y cultura del fisco mexicano. También debería invitar a los diputados a abordar el tema presupuestal con una perspectiva mayor en enfoque y alcance.
El ejercicio de autoridad de que da cuenta el SAT debería ser práctica común de los funcionarios encargados de manejar y hacer crecer los dineros del Estado, pero la costumbre ha sido la contraria y es por eso que estos logros del SAT deben aplaudirse.
Lo que ha privado en el Estado mexicano es una permisividad tributaria cuyo fruto más conspicuo es el gigante con pies de lodo en que se convirtió el orgulloso Estado emanado de la Revolución. Una revolución que, a pesar de todo, merece mayúsculas pero que extravió algunos de sus objetivos originarios, consagrados en la Constitución y redefinidos en 2011 con la centralidad de los derechos humanos.
El vocablo que en el discurso oficial resumía estos deberes era la justicia social, que comprometía al partido gobernante. Recuérdese que su divisa es precisamente democracia y justicia social.
Con el estallido del 68 y la respuesta criminal, perpetrada por el presidente de la República y su Estado Mayor, todo quedó desnudo, aunque desde las cumbres del poder político se insistiera en una redefinición, en realidad una posposición sine die del cumplimiento del mandato democrático.
El ogro filantrópico
del que hablara el poeta no fue tal, aunque se lograra una combinación virtuosa entre expansión económica capitalista y un reparto administrado de sus frutos, congruente con la acumulación de capital, pero propiciador de un gra-dual desarrollo social. La clave era el crecimiento sostenido de la economía y del empleo, con activa participa-ción estatal.
Fueron los años dorados del desarrollo estabilizador
que permitieron a no pocos presumir de un milagro mexicano
distinto del resto de la familia latinoamericana, presa entonces de oleadas furiosas de inflación sin crecimiento y de feroces dictaduras.
Los pies de lodo del Estado se hicieron presentes a todo lo largo de las varias fases por las que pasó el crecimiento mexicano. Víctor Urquidi dio consistentes batallas por corregir esta debilidad, para algunos omisión histórica, que se convirtió en congénita a los ojos de los hombres del capital, y lo propio hicieron estudiosos como Ifigenia Martínez, David Ibarra y Carlos Tello en libros, documentos e iniciativas dentro y fuera del Estado. Con todo, el impetuoso crecimiento de aquellos años auspició la posposición de una reforma que ya era crucial. La capacidad de endeudamiento del país y, luego, el redescubrimiento del México petrolero, sostuvieron dicha posposición sin, aparentemente, afectar los equilibrios dinámicos del régimen económico. Pero el mundo cambió, el petróleo sucumbió y la austeridad se volvió el nuevo recurso mistificador para, desde el propio Estado, insistir en esa posposición autodestructiva.
Los logros del SAT han puesto de manifiesto no sólo las desigualdades en el interior de la pirámide tributaria, también resaltan la capacidad potencial del fisco mexicano si no cae en otro regodeo, ahora con sus destrezas recaudatorias, y por fin admite que los ingresos públicos no pueden sostener el cumplimiento de los compromisos históricos del Estado ni auspiciar su recomposición hacia la construcción de un Estado de Bienestar y una economía mixta volcada al crecimiento y a la igualdad.
Antes del tifón pandémico, José Casar escribió un libro cuyo valor crece a medida que las crisis develan nuestras fragilidades y contrahechuras que soportan la urgencia y pertinencia de una reforma fiscal a fondo. Sólo así México dejará de ocupar el fondo en materia tributaria y desigualdad.
En medio y en el fondo de la caída, puede sonar excéntrico proponer una reforma para incrementar los tributos e introducir criterios de equidad recaudatoria y equidad social. No obstante, no sería ésta una empresa solitaria y sin referente histórico de autoridad. Como bien afirma Casar en su Reforma Fiscal para el Crecimiento y la Igualdad (PUED, 2019):
“Para quienes pudieran argumentar que elevar la carga fiscal antes de, o durante, una recesión, sería contraproducente, cabe recordar que, como señala Jaime Ros (2015) citando a Piketty (2014), en plena depresión, bajo el presidente Roosevelt, “la tasa marginal máxima del impuesto federal al ingreso subió a más de 80 por ciento sobre los ingresos extremadamente altos, mientras la tasa máxima bajo Hoover había sido de sólo 25 por ciento. Ello no impidió la recuperación de la economía (…)”. Más aún, el aumento de los ingresos públicos le permitió a Roosevelt lanzar el agresivo programa de infraestructura que, entre otras cosas permitió disparar, por el lado de la oferta, el big push, el gran impulso que sacó al sur de Estados Unidos del atraso en el periodo de postguerra”
El pecado fiscal es, ha sido, pecado capital. Reconozcámoslo ya.