Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
30/05/2016
Concepción Escobar tiene 69 años y la vista nublada por unas cataratas que apenas le dejan distinguir el contorno de las cosas. Vive en la colonia Infonavit Buenavista, al poniente del puerto de Veracruz. Hace cuatro años unos “licenciados” llegaron a ofrecerle “un apoyo” para pagar la luz. Le dijeron que para recibirlo tenía que firmar unos papeles y la llevaron a un notario.
Así, doña Concepción, sin saberlo, se convirtió en propietaria de la empresa Publicidad Akira, registrada como proveedora del gobierno de Veracruz. Su hijo, Raúl Antonio Chirino Escobar, tampoco sabía que desde marzo de 2012 es accionista principal de Abastecedora Romcru, que en los años recientes recibió por lo menos 181 millones de pesos del gobierno de Veracruz por la supuesta venta de artículos muy diversos, desde juguetes didácticos y artículos electrodomésticos hasta láminas de acero para viviendas.
Como esos ciudadanos, hay docenas de veracruzanos que aparecen como socios de empresas fantasma que han sido proveedoras de muy variados artículos para el gobierno de esa entidad. El sitio de noticias Animal Político acaba de publicar una detallada investigación que demuestra la creación de empresas falsas con las cuales el gobierno de Javier Duarte suscribió y pagó contratos. Se trata de uno de los casos de corrupción más escandalosos y, sobre todo, mejor documentados que se han conocido jamás en México.
Los procedimientos para crear esas empresas, comprometiendo en ellas a ciudadanos que ni siquiera sabían que sus rúbricas aparecen en las actas constitutivas, tienen en común el clientelismo electoral. En varios casos los titulares de esas empresas fueron ciudadanos a los que se contrató para ser promotores del voto a favor del PRI. Les pedían sus credenciales de elector, debían firmar algunos documentos y no se enteraban de que sus domicilios personales quedaban acreditados como sedes de tales compañías. En otras ocasiones les ofrecieron beneficios económicos como el apoyo para el pago de la luz que, por cierto, nunca recibieron doña Concepción ni su hijo Raúl Antonio.
Animal Político ha documentado la existencia de 21 empresas falsas, registradas como proveedoras del gobierno de Veracruz. Todas, excepto dos, fueron creadas durante el gobierno de Javier Duarte. Ninguna de ellas ha tenido actividades mercantiles, además de aparecer como contratistas para el suministro de diversos productos entre 2012 y 2013. No han vendido más mercancías, no han comprado materias primas, no se anunciaron ni consiguieron más clientes. Se trata de empresas de papel creadas únicamente para recibir dinero público.
La investigación del reportero Arturo Ángel comprueba la existencia de contratos por al menos 645.7 millones de pesos para esas empresas. Supuestamente vendían productos para ser distribuidos en zonas populares: pañales, cemento, artículos de limpieza, útiles escolares, despensas, colchonetas, entre otros. Los contratos fueron suscritos por distintas dependencias del gobierno veracruzano: las secretarías estatales de Educación, Desarrollo Social y Protección Civil, así como el DIF. Apenas cobraron, las empresas fueron dadas de baja.
Peor aún, en varios casos los productos así contratados no fueron entregados, de acuerdo con testimonios de funcionarios del gobierno estatal entrevistados para el mismo reportaje.
Animal Político encontró 73 contratos con las mismas características; 16 de ellos fueron aprobados por adjudicaciones directas. Otros 57 fueron asignados en “licitaciones simplificadas”, en las que participan tres empresas. La secretaría estatal de Desarrollo Social suscribió 45 de esos contratos. En todos ellos “participaron las mismas empresas. En algunas licitaciones les tocaba ganar y en otras perder, pero siempre eran las mismas”.
Así, entre muchos otros ejemplos, “en la licitación 222-13 por paquetes de láminas, Sedesol Veracruz invitó a las empresas Importadora Denylk, Merca Carrey y AD911. La primera es propiedad de Román Ulises Alvarado y la segunda, de Adriana Montes Hernández. Román es sobrino de Adriana y ambos, en realidad, son habitantes de una zona marginada en Boca del Río y no sabían —según confirmaron— que eran ‘propietarios’ de empresas. La tercera empresa invitada, AD911, es una compañía creada seis meses antes de la licitación. El contrato fue para Importadora Denylk”.
Las personas humildes cuyos nombres y domicilios fueron registrados, subrepticiamente o con engaños, para darle apariencia legal a la existencia de esas empresas, jamás recibieron un solo peso de los casi 646 millones entregados merced a tales contratos simulados. Entre ellos hay una vendedora de cosméticos, un chofer de taxi y un músico callejero, cuyas reacciones cuando se enteran de que son empresarios muestra el extraordinario reportaje de Animal Político.
Todos los domicilios de tales compañías son “casas, vecindades, lotes baldíos, panaderías o herrerías”. Inclusive, doce de ellas fueron registradas en la Secretaría de Economía veracruzana con las mismas dos direcciones de correo electrónico. Los domicilios de once de las 21 empresas falsas están en la misma colonia popular, al norte del puerto de Veracruz. En varios casos las firmas que aparecen en los documentos notariales pudieran ser también falsas, de acuerdo con un estudio grafológico encargado por la misma publicación.
El trabajo que Animal Político y el equipo coordinado por su director, el periodista Daniel Moreno, hicieron para documentar la asignación sospechosa de por lo menos 646 millones de pesos, es ejemplo de periodismo de investigación. Allí se ofrecen detalles de los contratos, la ubicación con fotografías y mapas de los domicilios registrados como sedes de las empresas fantasma, entrevistas con los supuestos accionistas y los nombres y trayectorias de los funcionarios del gobierno de Javier Duarte que autorizaron la contratación con tales empresas.
Además, están a disposición de los lectores copias de los contratos y de las actas constitutivas. No sólo se denuncia la entrega sin rigor y de manera muy posiblemente ilegal de una enorme cantidad de dinero público. Además, se reconstruye cada paso de la trampa orquestada por el gobierno de Veracruz para fundar, utilizar y luego desechar a esas 21 empresas.
La investigación es tan puntual que el gobierno de Javier Duarte no ha podido desmentirla. Los responsables de Finanzas y Comunicación Social respondieron que las empresas tenían sus papeles en regla, fueron constituidas de acuerdo con la ley y pagaron impuestos. Pues sí. Lo que Animal Político ha denunciado es la orquestación de una cuidadosa mascarada para darle apariencia de legalidad a 21 empresas creadas para cobrar dinero público.
La contundencia del reportaje que fue publicado en tres partes, entre el 24 y el 26 de mayo, la tácita aceptación que las autoridades de Veracruz hacen de esa denuncia, las dimensiones del peculado que podría haber existido o por lo menos la obligación perentoria que tienen con ese caso las autoridades federales y estatales en materia de fiscalización de recursos públicos, tendrían que propiciar un auténtico escándalo nacional.
Sin embargo, pocos medios de comunicación han mencionado las revelaciones de Animal Político. Quizá el desprestigio del gobernador Duarte es tan extendido que ya ninguna revelación acerca de su desastrosa gestión suscita asombro. Pero la denuncia periodística allí está y desde luego ha sido aprovechada por los candidatos a la gubernatura de Veracruz.
Tanto Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN y el PRD, como Cuitláhuac García, de Morena, han dicho que los pagos a empresas fantasma son muestra de la corrupción del gobierno estatal. Por su parte, el candidato del PRI, Héctor Yunes, no menciona el tema, aunque insiste en decir que su gobierno sería distinto al de Duarte.
Los ciudadanos que votarán el domingo próximo en Veracruz podrían tener en el reportaje de Animal Político, si es que aún les hiciera falta, un claro recordatorio de los abusos y tropelías con que esa entidad ha sido gobernada. Sin embargo, las opciones que tendrán en la boleta electoral no son en absoluto halagüeñas.
Yunes Linares no solamente fue priista toda su vida, sino además defendió al PRI cuando la autoridad electoral demostró que ese partido gastó mucho más dinero del que podía en la campaña presidencial de 2000. Sólo la difuminación de los principios morales que antes tenían o decían tener los partidos de oposición explica que ese personaje sea candidato del PAN y el PRD. El enriquecimiento de Yunes Linares y su familia no deja duda alguna sobre la idea que tiene de la política como negocio.
En las semanas recientes, según las encuestas disponibles, ha crecido la intención de voto por el candidato de Morena. Pero la postulación de Cuitláhuac García está siendo útil para el gobernador Duarte y el candidato del PRI, al restarle votos a Yunes Linares. La posibilidad de que Morena esté sirviendo como cuña política a favor del gobierno estatal la ha confirmado la actitud de Andrés Manuel López Obrador, a quien no se le han conocido cuestionamientos contra el gobernador Duarte ni contra Héctor Yunes, el candidato del PRI, pero sí opiniones adversas a Yunes Linares.
La inexistencia de opciones confiables agobia sin duda a los ciudadanos en Veracruz, pero se aprecia en otros sitios del país. Aunque documente el escepticismo y precisamente por hacerlo de manera seria y sólida, es plausible la existencia de un periodismo profesional, que cumple con las tareas de escrutinio público que tiene la prensa, como el que hace Animal Político.