Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
20/08/2018
En lo que va del siglo, en México han sido asesinados 118 periodistas. 45 de esos crímenes ocurrieron durante el actual gobierno. Seis de ellos en el transcurso de 2018, de acuerdo con datos de Article 19. Además, centenares de periodistas han sido amenazados, perseguidos o intimidados de diversas maneras. Sin embargo, las agresiones a la prensa no fueron un tema destacado en las recientes campañas electorales.
La violencia contra periodistas se ha intensificado a pesar de los esfuerzos institucionales para detenerla y sancionarla. En muchos casos los culpables de ella son funcionarios públicos. En otros, se debe a la acción del crimen organizado.
La impunidad es la causa principal de los agravios a periodistas. Las fallas del sistema de impartición de justicia son evidentes ante agresiones de especial gravedad. La creación de instituciones como el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la PGR, fue expresión de una pertinente voluntad estatal para atender ese problema y ha sido una de las consecuencias de la tenaz insistencia en este asunto tanto de periodistas y organizaciones sociales, como de instituciones entre las que destaca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Mecanismo y la Fiscalía han estado severamente restringidos por insuficiencias presupuestales, descoordinación entre diferentes instancias, impericia e ineficiente preparación, así como, en ocasiones, ausencia de voluntad política. Escasas condiciones para un trabajo profesional e independiente, sujeción frecuente a poderes locales o al respaldo publicitario de autoridades e instituciones del Estado han mantenido a una prensa, y de manera más amplia a medios de comunicación, limitados y frágiles. El manejo discrecional de la publicidad oficial es una de las causas de tales rezagos. La desprotección de los periodistas en la mayor parte de las empresas de medios, con salarios insuficientes y ausencia de prestaciones laborales, acentúa la debilidad profesional de esos informadores. Una consecuencia de esa vulnerabilidad es la autocensura. La indefensión de las mujeres que ejercen el periodismo es creciente.
El Estado no ha podido garantizar los derechos profesionales y ciudadanos de los informadores. Hay complicidad de corporaciones policiacas con grupos delincuenciales, tortuosidad de los Ministerios Públicos, ineficiencia del Mecanismo federal o indiferencia de la Fiscalía Especial ante las frecuentes denuncias que se han presentado. La ausencia de sanciones a los culpables de agravios a periodistas es la omisión más grave.
La impunidad constituye el factor más claramente identificable entre las causas del empeoramiento en la seguridad e integridad física de los informadores. Sigue siendo indispensable que todos los policías y agentes de Ministerio Público que atienden denuncias o dan protección a periodistas reciban capacitación.
Los testimonios de periodistas amenazados o perseguidos que se han enfrentado al laberinto de ministerios públicos negligentes, procesos judiciales tortuosos y a la dilación en ocasiones criminal en el cumplimiento de medidas de protección, dan cuenta de la complejidad y los rezagos en tales tareas. Y si en el plano federal existen carencias, con frecuencia esas limitaciones se advierten y padecen mucho más en gobiernos de estados entre los cuales hay administraciones notoriamente reacias a reconocer la peculiaridad y la gravedad de las agresiones a informadores. La situación es peor en el plano municipal; con frecuencia a los periodistas les asignan, supuestamente para protegerlos, a los mismos policías que los han amenazado u hostilizado.
Las empresas de medios no suelen tener prioridades profesionales sino mercantiles. A la ya señalada precariedad salarial y en materia de prestaciones, se añade la frecuente indiferencia de los propietarios de periódicos, así como de televisoras y radiodifusoras, ante la persecución a periodistas. Además de las garantías laborales a las que tienen derecho todos los trabajadores, los periodistas, especialmente cuando enfrentan situaciones de riesgo, requieren respaldos adicionales: seguros médicos y de vida y, cuando las condiciones lo requieren, chalecos antibalas, plataformas de software para organizar sus actividades y alertar en casos de emergencia, etcétera. En vez de esos apoyos al trabajo de los periodistas, en la mayor parte de los medios de comunicación no hay estabilidad laboral, los reporteros son obligados a suscribir contratos que eximen de responsabilidad a las empresas en caso de percances y que no les permiten acumular antigüedad. Existen excepciones y ya se conocen empresas que invierten en la capacitación, la prevención contra agresiones y la defensa legal de sus periodistas, pero se sigue tratando de pocos casos.
En ausencia de respaldo suficiente por parte de las autoridades del Estado (con mayúscula) y de las empresas que los contratan, los periodistas tienen que protegerse a sí mismos. En cada vez más sitios organizan redes de contacto y solidaridad, apoyándose en los recursos de comunicación digital que todos comparten. Las redes sociodigitales son instrumentos de autoprotección, pero implican riesgos que apenas comienzan a ser entendidos. Algunos periodistas practican y comparten protocolos de seguridad para ser menos vulnerables en situaciones de peligro, o para denunciar con más rapidez las agresiones que sufren. Otros, sin embargo, revelan en las redes datos personales y de sus familias y, al exhibirse de esa manera, ofrecen a los delincuentes elementos para perseguirlos. Hay un par de principios básicos que por desgracia se cumplen sólo de manera esporádica: en situaciones de riesgo los reporteros no deben trabajar en solitario; los editores para quienes trabajan son corresponsables de su seguridad.
Las medidas no pueden limitarse a coberturas especialmente delicadas, tienen que ponerse en práctica todos los días. Los protocolos para manejar informaciones, las opciones de capacitación, el uso de instrumentos y equipos para reducir en lo posible las condiciones de riesgo y el tratamiento que ellos y sus empresas se ven obligados a dar a informaciones surgidas de la delincuencia organizada, forman parte de las nuevas condiciones que practica y enfrenta el periodismo mexicano.
Una de las desventajas históricas de los periodistas en nuestro país ha sido su dificultad para organizarse. Existen centenares de agrupaciones locales de periodistas pero muy pocas, o aun ninguna, de alcance realmente nacional. Recientemente se han realizado encuentros para discutir y responder de manera cohesionada a las situaciones de riesgo. También se puede reconocer una actitud más enfática de periodistas preocupados por estos temas y que quieren encontrar mayor receptividad (y así, mayor respaldo) en la sociedad.
Las agresiones a periodistas dañan a esos profesionales y a los medios en donde trabajan, pero también a la sociedad. Es indispensable entender tales alcances de las persecuciones a periodistas que, a la vez que atentan contra ellos y la prensa, lesionan a la democracia. La defensa de sus periodistas tendría que ser tarea de todos. Sin embargo, el desprestigio de muchos medios de comunicación, las relaciones de subordinación que han mantenido con el Estado, la corrupción que practican no pocos periodistas y la ausencia, en términos generales, de un periodismo a la vez inquisitivo, crítico, profesional e independiente, han distanciado al resto de los ciudadanos de los medios de comunicación que deberían tener, en ellos, su primera línea de defensa.
Por encargo de la CNDH y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, el autor de estas líneas y la doctora Janneth Trejo Quintana realizamos una investigación acerca de las cuatro recomendaciones generales que la Comisión Nacional ha emitido sobre agresiones a periodistas. Esa investigación, además del examen de las recomendaciones generales y las respuestas institucionales que recibieron, incluye una amplia revisión hemerográfica, entrevistas en profundidad a una veintena de periodistas y/o defensores de derechos humanos y textos originales de seis reporteros y/o investigadores. El estudio, publicado por la CNDH, será presentado el próximo martes y estará disponible en el portal de la Comisión.