Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
10/10/2022
Los correos exhibidos por el grupo Guacamaya muestran a un Ejército Mexicano ávido de privilegios y negocios. Hay casos de corrupción y abusos de poder, incluso sexuales. El Ejército vigila, como si fueran delincuentes, a líderes y organizaciones sociales. Y en ocasiones, tolera a los auténticos criminales.
Diez días después de que comenzaron a ser difundidas, esas informaciones muestran tráficos de influencia y beneficios a miembros del gobierno, inclusive la familia del presidente, que ameritan un inventario para otra ocasión. A continuación sintetizamos algunas de las revelaciones publicadas acerca de la situación y acciones del Ejército. Ni el gobierno, ni la Secretaría de la Defensa, las han desmentido. Al final de cada una indicamos el o los medios en donde aparecieron.
Indiferencia ante el crimen. El 22 de abril pasado, el Ejército supo que el grupo Los Viagras planeaba asesinar al dueño de un rancho en Buenavista, Michoacán. Al día siguiente esa persona fue asesinada. El Ejército no hizo nada para impedirlo. (Latinus).
Espionaje a grupos sociales. El software “Pegasus”, que infiltra teléfonos celulares, fue adquirido por la Secretaría de la Defensa en 2019. En días recientes ha sido denunciado el hackeo, con ese programa, a los teléfonos de varios periodistas (Red en Defensa de los Derechos Digitales y El País).
– La Sedena considera que entre quienes podrían amenazar el funcionamiento del Aeropuerto Felipe Ángeles, junto a grupos criminales y agrupaciones terroristas internacionales se encuentran familiares de niños con cáncer y madres que piden guarderías infantiles (El Universal).
Ejército que hace política y leyes. Aunque se trata de autoridades civiles, la Sedena evalúa con regularidad a los militares retirados, o con licencia, que se desempeñan como secretarios de Seguridad de varios estados (Expansión).
– La supeditación de la Guardia Nacional al Ejército, fue propuesta en julio pasado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa. Esa oficina presentó dos proyectos a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. El más ambicioso, proponía reformar la Constitución para que la Guardia Nacional fuera considerada “Fuerza Armada” con “carácter permanente y naturaleza militar” adscrita a la Sedena. El otro, que fue el que promovió el presidente López Obrador porque en el Congreso no había votos suficientes para una reforma constitucional, propuso modificar varias leyes secundarias (Proceso y Aristegui Noticias).
Negocios del Ejército. El Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, creado por la Sedena y que controla los aeropuertos Felipe Ángeles, de Tulum, Palenque y Chetumal, así como el Tren Maya, quiere manejar además una empresa turística con tres hoteles, dos museos y dos parques ecológicos (El País). Ese consorcio pretende formar una aerolínea para transporte de pasajeros y carga con 10 aeronaves rentadas y el avión presidencial (Latinus).
– La reducida oferta de hoteles en Tulum, puede propiciar que las aerolíneas no se interesen en llegar al Aeropuerto Internacional que la Sedena construye en ese sitio, indica un informe de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Latinus).
– Los elementos del Ejército que encabezan la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum tienen a su disposición 40 habitaciones de lujo, con alimentos incluidos, en hoteles del Grupo Vidanta, del empresario Daniel Chávez. Algunas de ellas cuestan 910 dólares por noche, pero para la Sedena son gratuitas (Reforma).
– Las obras del Tren Maya padecen serios atrasos tanto en el tendido de vías como en la construcción de trenes, de acuerdo con informes de Fonatur enviados a la Sedena. El abasto de materiales (grava o durmientes, entre otros) es más lento de lo previsto. Los costos se incrementan: tan sólo el Tramo 4, que va de Izamal a Cancún y en el que se esperaba gastar 30 mil millones de pesos, hasta ahora cuesta 53 mil millones (Reforma).
– El Ejército quiere cambiar la legislación en materia de Bienes Nacionales para que el Parque Nacional del Jaguar, que comprende 2 mil 500 hectáreas por donde pasaría el Tren Maya, le sea concesionado por 99 años y no por 50, como se había previsto (Reforma).
Corrupción. Marinos y militares, así como ingenieros de Pemex, han estado coludidos en el robo de combustibles en Tamaulipas, Campeche, Tabasco y Veracruz, de acuerdo con informes de la Sedena en 2018. Otro reporte, de 2022, indica que hay elementos de la Guardia Nacional y ex militares en la sustracción ilegal de combustible de Tabasco y Veracruz que es llevado a Nuevo León, Quintana Roo y Yucatán (Latinus). Se investiga a por lo menos cuatro comandantes de la Guardia Nacional en Veracruz y Tabasco (Emeequis).
– Un militar destacado en el Campo Militar Número Uno vendía equipo táctico, armas y granadas a un cártel del narcotráfico instalado en Tejupilco (Mexicanos Contra la Corrupción).
– Personal militar en la zona de Tierra Caliente, en Guerrero, les vende armamento a miembros de La Familia Michoacana (Animal Político).
Abusos militares. Al menos 42 militares han estado implicados en casos de abuso sexual dentro del Ejército. Algunos se encuentran en prisión, otros bajo proceso y a otros únicamente los cambiaron de destacamento. A varios denunciantes que reportaron abusos de esa índole, se les dio de baja (El País).
– Tan solo en 2021, el Segundo Juzgado Militar procesó a 60 elementos del Ejército y la Marina por abusos contra subordinados, incluyendo algunos de carácter sexual, homicidios imprudenciales, corrupción y robo. En la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad hubo un caso de violación tumultuaria contra una cadete (Emeequis).
Es plausible que el Ejército atienda esas denuncias. Es altamente posible, de acuerdo con esas informaciones, que no siempre lo hace con rigor.
El enorme poder que el presidente López Obrador le da al Ejército, más allá de las pautas constitucionales, la prudencia política y la experiencia histórica, ya tiene consecuencias aciagas. México necesita un Ejército que, al estar comprometido en su obligación esencial que es la defensa de la seguridad nacional, sea respetable y responsable. Las ambiciones políticas y los negocios lo hacen vulnerable, con riesgo para todos.