Fuente: El Universal
Lorenzo Córdova Vianello
La democracia constitucional es la versión más acabada del Estado moderno. De acuerdo con la acepción más generalizada, se trata de un arreglo político institucional fundado en los equilibrios de los poderes (públicos y privados) a partir de un conjunto de reglas constitucionalizadas (en primer lugar, el reconocimiento y la garantía de los derechos individuales), que por ello resultan obligatorias para todos, y en el cual las decisiones políticas suponen un procedimiento incluyente, participativo y fundado en la regla de la mayoría.
Lo anterior supone que la política y el derecho se encuentran en una relación muy estrecha, en la que la primera puede fluir únicamente a través de las vías legales establecidas y no puede ir más allá de determinadas reglas. El paradigma de este tipo de régimen supone que ningún poder, ni siquiera el órgano primordial de las democracias: el parlamento o asamblea representativa, puede ir más allá de los límites que le impone el derecho, en primer lugar, el respeto de los derechos humanos que están, precisamente, reconocidos (y por ello garantizados) en las constituciones.
Pero los límites que se imponen al poder en las democracias constitucionales no se restringen sólo a la esfera de lo público o de lo político, es decir, de los órganos del Estado, sino que alcanzan también a los poderes privados.
Pensar que el derecho sólo tiene por objeto el restringir la actuación del Estado, para proteger a los individuos frente a sus eventuales excesos, es tener una visión sumamente limitada de la función que las reglas jurídicas juegan en el contexto social moderno. El derecho también sirve para protegernos frente a los demás particulares algunos de ellos hoy casi tan poderosos como el Estado mismo.
En ese sentido, pensar que la esfera privada por excelencia, la economía, puede estar exenta de ciertas reglas de comportamiento que protejan a los individuos frente a los excesos que en ese ámbito pueden cometer los poderes privados, esto es, pensar que la autocontención y la buena fe pueden imperar en ese contexto, es simple y sencillamente irracional y suicida.
Solamente una visión liberal radical puede suponer que la economía puede funcionar sin reglas predeterminadas y que condicionen la actuación de los actores que se desempeñan en ese ámbito. El problema reside, entonces, en hasta dónde es lícito y conveniente que se regule esa actividad social. Como sabemos, en la última década y media han venido prevaleciendo las tesis neoliberales que plantearon una retirada casi absoluta del Estado (entiéndase de la política y del derecho) de la esfera económica.
Los resultados de esa apuesta están a la vista de todos; y ante la catástrofe global que esas políticas de dejar las “manos libres” a los actores-poderes que actúan en la economía, es indispensable repensar qué cosa falló en el modelo prevalentemente adoptado. Una clave de lectura para entender lo ocurrido y tratar de poner remedio es entender precisamente el esquema que la democracia constitucional plantea como los códigos para la convivencia pacífica de la sociedad: que la regulación de todos los poderes tiene como objeto la protección de los derechos fundamentales de todos los individuos, incluidos los derechos sociales que pretenden crear condiciones que permitan que todos las personas vean satisfechas sus necesidades e intereses vitales.
Por lo que hace a la economía, lo anterior impone inevitablemente dos cosas, al menos: por un lado, acotar la gran concentración de poder económico de manera que se garantice que las grandes corporaciones no lesionen los derechos de las personas y, por otra parte, revisar del modelo económico, así como regular la actividad económica para procurar una distribución de la riqueza que permita que todos gocen de condiciones de vida dignas en lo fundamental.
No hacer lo anterior nos conducirá, tarde o temprano, por una vía en la que la convivencia pacífica de las sociedades no podrá ser garantizada ni por el derecho ni por la política.
Investigador y profesor de la UNAM