Jacqueline Peschard
La Crónica
27/01/2021
Finalmente, el lunes pasado se publicó en el DOF la autorización que dio el presidente López Obrador para que, por su cuenta y con recursos propios, los gobiernos estatales y privados adquieran vacunas contra la Covid-19, a condición de que transparenten los contratos con las farmacéuticas autorizadas, señalando la cantidad de dosis adquiridas y apegándose, por supuesto, al Plan Nacional de Vacunación. No podía ser de otra manera, si que quiere coordinar una estrategia eficaz de vacunación.
La decisión de modificar el criterio original que monopolizaba la adquisición de vacunas en manos del gobierno federal, para incorporar a otros en la compra y aplicación de las mismas, se ha recibido con beneplácito por parte de la opinión pública, debido a la magnitud de la tragedia. Lo que llama la atención es que a estos nuevos compradores se les exija acatar el principio de transparencia, mientras que el gobierno federal ha mantenido en la opacidad los convenios que ha firmado con los diferentes laboratorios. No es posible acceder a la documentación sobre los términos acordados con ellos, ni sobre los montos involucrados, o los costos de cada dosis. Hemos tenido que conformarnos con lo que ha dicho el presidente López Obrador respecto de que el presupuesto para las vacunas es de 32 mil millones de pesos, o lo que se ha difundido a través de las conferencias matutinas como, por ejemplo, que el acuerdo con Astra Zeneca abarca 77.4 millones de dosis que estarán disponibles entre marzo y agosto de este año.
La razón que ha esgrimido el gobierno federal para no hacer públicas las contrataciones de las vacunas contra la Covid-19 es que se firmaron cláusulas de confidencialidad con las farmacéuticas y que hay que cumplir con ellas para no dañar el proceso de obtención y de distribución de la vacuna y poder atender a la población. El objetivo es encomiable: contar con las vacunas, pero se acepta la exigencia de confidencialidad de las farmacéuticas, sin considerar que la Ley General de Transparencia (LGTAIP) señala en su art. 70, inciso XXVII, que las concesiones, contratos, convenios, permisos, o autorizaciones que firman los gobiernos son información que debe de estar a disposición de los ciudadanos. Resulta que se privilegia un acuerdo de secrecía entre las partes, pasando por encima de nuestra legislación de transparencia.
El canciller Marcelo Ebrard, quien ha conducido el proceso de adquisición de las vacunas, parece olvidar que el compromiso establecido con los laboratorios contraviene nuestra ley de transparencia que obliga a publicar cualquier transacción del gobierno federal o los gobiernos locales que involucre dinero del erario que es público. Tales contrataciones siempre deben de estar accesibles para la población que es, ni más ni menos, que la titular de la información pública.
Esta obligación de transparencia no es nueva; ha sido un principio esencial desde hace 19 años en que se emitió la primera ley federal de transparencia. Tampoco es la primera vez que una autoridad y un privado pretenden ampararse en una cláusula de confidencialidad para mantener en secrecía un contrato de obra pública o de servicio. Y, para muestra, hay que recordar el caso del contrato de Etileno XXI, que llevó a que el órgano garante de transparencia instruyera a Pemex a ofrecerlo en versión pública.
Es cierto que en los contratos o convenios pueden existir datos relativos a secretos industriales o comerciales (fórmulas químicas o procesos técnicos de producción) que son confidenciales, porque de publicitarse, expondrían a las empresas a una competencia desleal. De ahí que los contratos deban ofrecerse en una versión pública. La confidencialidad no puede ir en contra de ofrecer datos sobre los montos públicos erogados, sobre los precios unitarios de los productos, o sobre el costo de desarrollar la vacuna, o los datos generales de la tecnología utilizada en su elaboración.
Es cierto que, en otros países, las leyes de transparencia son menos estrictas y dejan márgenes de maniobra para cláusulas de confidencialidad en contrataciones con entes privados. De hecho, las políticas de transparencia de Naciones Unidas son menos rigurosas que las que nos hemos dado los mexicanos. En nuestro país, la ley de transparencia no deja lugar a dudas: si hay recursos públicos involucrados, los contratos deben de ser públicos, protegiendo los secretos industriales.
En las vacunas contra Covid-19 está depositada la esperanza mundial de sortear la pandemia y transparentar los contratos es indispensable para asegurar que no se acapare el mercado por parte de los países más ricos, o que unos paguen más que otros, un principio con el que el presidente López Obrador ha estado declaradamente a favor. Por ello, el gobierno federal está obligado a predicar con el ejemplo frente a los gobiernos estatales, encontrando la manera de apegarse a nuestras normas de transparencia al negociar la compra de las vacunas. A todos nos conviene que haya claridad sobre lo que nuestro país está adquiriendo y sobre lo que está costando cada dosis; es lo que la ley dispone.