María Marván Laborde
Excélsior
04/06/2015
El deterioro del tejido social en México es, cada vez, más alarmante y dañino, amenaza la estabilidad política e inhibe la posibilidad de desarrollo económico, en otras palabras, pone en riesgo todas y cada una de las reformas estructurales de las que tanto se ufanaron Peña Nieto y su equipo.
Estamos cerca de cumplir una década de haberle declarado la guerra al narcotráfico y, a pesar de múltiples batallas, muchos detenidos y cientos de miles de muertos, todo indica que México va perdiendo. La posibilidad de reconstruir la paz está todavía muy lejana.
El Informe País elaborado por el IFE y El Colegio de México tiene datos alarmantes: los mexicanos no confiamos en nadie, no confiamos en el vecino ni en la familia ni en la escuela, tampoco en la economía. De autoridades como policías, gobernantes o partidos políticos es mejor ni hablar. Anomia social, la llamó Durkheim hace más de un siglo.
De 2012 a la fecha, los gobiernos locales y el federal han gastado, sin exagerar, cientos de miles de millones de pesos del erario para fortalecer el tejido social. Sólo en Michoacán, en el periodo del comisionado Castillo se destinaron 45 mil millones de pesos. En los últimos 18 meses en Guerrero, aproximadamente 55 mil millones entre el dinero canalizado a través del Plan DN3 para atender desastres naturales y la emergencia de Ayotzinapa.
Cuando digo que se han gastado, escojo conscientemente el verbo gastar que no es sinónimo de invertir. Los gobiernos creen que la paz se compra a billetazos. Soltar dinero a líderes sociales es muy diferente a invertir en proyectos sociales que le den viabilidad a la sociedad y fortalezcan la economía local.
Como resultado de esta estrategia fallida tenemos que los mercenarios del descontento han crecido como hongos en la humedad. Ser cabecilla de un grupo cuya inconformidad suene razonable es muy rentable. Los líderes se han convertido en verdaderos brokers de la insurrección social. Extorsionan al gobierno con la amenaza de que, si las cosas están mal, pueden estar peor. Han sido eficaces para conseguir privilegios y mucho dinero en efectivo. De cada peso gastado por el gobierno, al verdadero fregado, a quien está hasta abajo en la pirámide social, le llegan unos cuantos centavos, cuando le llega algo.
Si analizamos el modus operandi del Pacto por México no fue distinto. El PRI salió a comprar votos y el PAN y el PRD a medir su capacidad de extorsión. La Reforma Electoral y la Fiscal fueron intercambiadas por la Reforma Energética. Además, exigieron ganancias en efectivo. Sólo en 2015, cada diputado recibió directa y abiertamente diez millones de pesos para hacer “trabajo político”. Ese dinero lo puede gastar sin comprobar, por tanto, se pudo haber ido a sus bolsillos, o bien, despensas para el periodo electoral.
Una de las más tristes novedades de este proceso electoral ha sido que las elecciones se convirtieron en rehén del descontento social. La amenaza de impedir el proceso electoral fue creíble, apareció en Guerrero y sigue presente en muchos estados.
A los altísimos costos electorales habrá que agregar el dinero opaco de las campañas. De acuerdo con Integralia y la Fundación Espinosa Yglesias, por cada peso fiscalizable que entra a las campañas, hay otros tres que escapan a toda contabilidad (María Amparo Casar en su libro reciente, Anatomía de la corrupción). En 2015 habremos de agregar el costo de las concesiones otorgadas, además del dinero entregado a los extorsionadores.
El viernes pasado la Secretaría de Educación Pública “suspendió indefinidamente” el examen de evaluación del magisterio. Puedo imaginar al subsecretario Miranda y otros celebrando el fin de semana. Desde su perspectiva, ya habían salvado las elecciones, el costo era alto, pero indispensable. El lunes se dieron cuenta de que, una vez más, eran presas de sus secuestradores. El precio de las elecciones subió considerablemente y, para demostrarlo, la CNTE salió a quemar boletas y tomar oficinas del INE.
Insistir en comprar la paz degrada aún más el tejido social. La paz se construye. Parafraseando los anuncios de una tarjeta de crédito: “La paz no tiene precio”, sin embargo, sus costos han sido altísimos.