Jorge Javier Romero Vadillo
Sin Embargo
22/11/2018
La próxima secretaria de Gobernación acaba de hacer un papelón, en el episodio “La Guardia Nacional” de la serie La cuarta transformación, escrita, dirigida y protagonizada por Andrés Manuel López Obrador, con doña Olga y Alfonso Durazo como secundarios de esta entrega de la primera temporada de las seis que sin interrupción nos esperan a los mexicanos, sin posibilidad de cambiar de canal y sin la virtud de la ficción, que suele no tener consecuencias fuera de nuestra mente en la vida cotidiana.
De talante dialogante y moderado, con una visión garantista y promotora de derechos, doña Olga había hasta ahora llamado la atención por tomar la iniciativa de la regulación de la mariguana y la del aborto y por promover la justicia transicional y la atención a las víctimas como causas que encabezaría desde una oficina que se tomaría muy en serio los derechos humanos. Entre el elenco de secundarios que hasta ahora habían sido comparsas del héroe de la trama, la senadora Sánchez Cordero ha generado simpatía, entre un reparto bastante antipático.
Lamentablemente, en una secuencia que ya ha sido repetida de manera viral en las redes, la estupenda jurista, jueza liberal y admirable, que hasta ahora se había desempeñado como lo mejor del elenco, aunque algo desdeñada por el gran protagonista, apareció cantinfleando para tratar de convencer al respetable de que la Guardia Nacional sería policía y no ejército. En el enrevesado parlamento de su principal escena del episodio, Sánchez Cordero, que hasta ahora se había mostrado como paladina de la seguridad ciudadana, declaró que en los foros realizados sobre reconciliación y paz nadie había planteado el retiro del ejército de sus ciudades e incluso había predominado la petición de que permaneciera el despliegue militar. Después entró en una suerte de trabalenguas para insistir en que serían policías, aunque militares o navales, pero policías al fin, los integrantes del nuevo cuerpo de nombre decimonónico. Finalmente, hizo la apología de las fuerzas armadas con el tópico de considerarlas parte del pueblo.
Sobre el último tema, Claudio Lomnitz disertó en su artículo de La Jornada y no hace falta agregar nada. La primera afirmación sorprende si se lee la página 97 del documento de conclusiones de los Foros Escucha, donde dice que “para la nueva estrategia de seguridad del presidente electo, se debería repensar la idea de la Guardia Nacional, porque con ello se militarizaría el actuar de la policía”. Pero incluso si el clamor reiterado hubiera sido por la permanencia del ejército, un gobierno responsable debería actuar con base en la evidencia y durante los últimos doce años se ha acumulado suficiente sobre lo fallido del despliegue militar como política pública para frenar la inseguridad y la violencia, junto con caudales de pruebas de que el actuar de las fuerzas armadas ha violado consuetudinariamente aspectos centrales del título primero de la Constitución.
Pero el principal dislate de doña Olga fue el de pretender convencernos de que las policías militar y naval son policías en el sentido de los cuerpos necesarios para construir una seguridad ciudadana, con apego al orden jurídico y con respeto a los derechos humanos. Me parece que es en este punto donde debería centrarse la discusión: el fondo del asunto radica en entender por qué los soldados no sirven para construir una seguridad ciudadana y cuál es su diferencia con las policías, pues a simple vista podría resultar irrelevante la distinción, al ser unos y otros agentes armados del Estado.
Sin embargo, se trata de servidores públicos de muy distinto talante, debido a las reglas definitorias y operativas de las organizaciones a las que pertenecen –fuerzas armadas o policías– y por los aprendizajes de comportamiento rutinario distintos que un tipo y otro de organización les imponen a sus integrantes. Como bien explica Lomnitz, la profesionalización de los ejércitos implica que los soldados y sus oficiales se sometan a una disciplina rigurosa, propia de una organización racional y jerárquica, donde el mando oficial superior tiene prioridad absoluta, pues, agrego, de la obediencia a las órdenes puede depender la vida o la muerte y el éxito o el fracaso de una operación, que generalmente consiste en enfrentarse a adversarios armados a los que se debe aniquilar.
La organización, el objetivo y el entrenamiento de las policías civiles son totalmente diferentes. El objetivo de la policía no es el aniquilamiento de un adversario irreductible, sino la protección de la población y la reducción de la violencia. Si bien también se trata de una organización racional y jerárquica, sus cuadros profesionales deben contar con la iniciativa propia de un profesional capacitado para contener, detener, preservar la escena de los delitos, acopiar pruebas y salvar vidas, de manera que los presuntos delincuentes sean presentados ante la justicia y sean sometidos a un proceso con garantías, sin haber sido torturados ni extorsionados ni obligados a incriminarse. Incluso sus cuerpos de asalto se deben someter a estrictos protocolos de uso de la fuerza, lo mismo que sus cuerpos de contención de algaradas y motines.
El punto central de una estrategia de reducción de la violencia debe centrarse en una reconstrucción del Estado donde la prevención y la persecución de los delitos se haga con el objetivo de hacer justicia. A partir del gobierno de Felipe Calderón en cambio, la estrategia adoptada ha sido la de identificar a los delincuentes como enemigos armados a los que hay que combatir y no como parte de la sociedad que ha violado la ley y debe ser detenida y sometida a proceso. Por más que doña Olga, en su despliegue histriónico fallido, haya querido marear la perdiz con lo de que serán policías, el más somero análisis de la iniciativa de reforma presentada hace evidente que la Guardia Nacional será un cuerpo de carácter militar, sometido al control de las fuerzas armadas y en el cual predominará el adiestramiento y la disciplina propia de soldados, no de policías.
Al final del episodio, lo que queda claro es que el héroe tiene una visión de la seguridad como resultado de la fuerza y la autoridad incontestable. Cree, como en todos los temas, que su voluntad es suficiente para transmitir sus designios hasta el último subordinado y para que este los cumpla al pie de la letra, sin desviación alguna. De ahí su preferencia por un cuerpo de disciplina militar y en su desconfianza por los profesionales con iniciativa. No entiende de problemas de agencia y de los mecanismos institucionales que se requieren para resolverlos. De ahí que pretenda que no habrá violaciones a los derechos humanos, como hasta ahora ha habido, porque él será el jefe supremo y no ordenará que sean violados. Como si las organizaciones no tuvieran comportamientos rutinarios, como si todos los intereses estuvieran perfectamente alineados y como si él, magnánimo, pudiera poseer toda la información sobre cada caso. No cabe duda de que nuestro próximo presidente se tiene en alta estima.