Raúl Trejo Delarbre
La Crónica
22/03/2021
En 2018, Morena y sus aliados obtuvieron el 45.8% de los votos para la Cámara de Diputados. Sin embargo recibieron el 62% de los diputados federales. Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social deberían haber tenido 269 diputados, después de que se contabilizaron los votos en cada distrito y se asignaron los legisladores de representación proporcional. Pero quedaron con 308 legisladores. Los ciudadanos no votaron por los 39 diputados adicionales que recibieron los partidos que respaldan al presidente López Obrador.
Esa irregularidad mayúscula, que ha beneficiado al partido en el gobierno con una representación legislativa que no obtuvo en las urnas, podría evitarse en la elección federal próxima gracias al acuerdo que tomó el viernes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Nueve de los 11 consejeros se comprometieron a aplicar la regla constitucional para la asignación de los diputados federales después de las votaciones del 6 de junio.
La Cámara de Diputados se integra con 500 legisladores. 300 de ellos son electos en cada distrito electoral y 200 son asignados de acuerdo con la votación que hayan recibido sus partidos. Los 300 primeros, en los distritos uninominales, son diputados de mayoría relativa. Los otros 200, de representación proporcional, son asignados de acuerdo con el porcentaje de votación de cada partido.
Con el propósito de que, al sumarse sus diputados obtenidos por cada uno de esos principios, ningún partido obtenga una cantidad desmesurada de legisladores en relación con su votación, el Artículo 54 de la Constitución establece dos limitaciones. Ningún partido puede tener más de 300 diputados por ambos principios. Y ninguno puede alcanzar una cantidad de diputados que exceda en ocho puntos al porcentaje de su votación nacional. Ese principio del 8% como límite a los diputados en exceso a la votación de un partido se repite en el Artículo 116 para la integración de los congresos en los estados.
El límite del 8%, establecido en 1996, busca que en la Cámara de Diputados esté representada la pluralidad de los votos ciudadanos. Los electores toman decisiones complejas. En la votación de 2018, 30 millones 100 mil ciudadanos (más del 53%) votaron por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, por los candidatos a diputados de los partidos que respaldaron al ahora presidente votaron 24 millones y medio. Eso indica que casi 5 millones y medio de mexicanos que votaron por AMLO para la presidencia, prefirieron votar por diputados de partidos distintos a la coalición que lo apoyó. Lo mismo sucedió en la votación para el Senado. Esos más 5 millones de ciudadanos querían a López Obrador en la presidencia pero votaron por otros partidos para que hubiera contrapesos en el Congreso.
La sobrerrepresentación parlamentaria se origina en un error y dos abusos cuando se distribuyen los diputados que corresponden a los partidos que han competido aliados en una coalición. Al asignar los diputados de representación proporcional la autoridad electoral ha calculado los legisladores para cada partido sin tomar en cuenta que se trata de coaliciones y no de partidos aislados. El límite del 8% de diputados en exceso que un partido puede tener por encima de la votación en las urnas se cuantifica para cada organización política y no por coalición.
En segundo lugar, al competir en coalición los partidos grandes tienen acuerdos para ceder a los partidos pequeños parte de sus diputaciones de mayoría relativa. Gracias a ello los partidos grandes reciben más diputados de representación proporcional y tuercen, así, las disposiciones legales.
Por otra parte es frecuente que, como parte de las condiciones para competir en coalición, los partidos pequeños tengan que postular en sus listas a militantes o simpatizantes de los partidos grandes. Los partidos pequeños se benefician con esa práctica porque obtienen diputados aunque no hayan tenido votos suficientes para conservar su registro. Los partido grandes, a su vez, logran sumar legisladores suyos por encima del límite constitucional.
Tales prácticas han derivado en la sobrerrepresentación de las coaliciones ganadoras en las tres elecciones federales más recientes. En 2012 el PRI y el Partido Verde recibieron, juntos, el 40% de la votación para diputados y con ese porcentaje les fue asignado el 48.2%. Se trató de un diputado más, con una sobrerrepresentación, una vez reconocido el 8% al que tenían derecho, del 0.2%.
En 2015 otra vez el PRI y el PVEM alcanzaron una sobrerrepresentación del 9.7%. Tuvieron el 40.3% de los votos y les fue asignado el 50% de los diputados. La representación en exceso a la norma constitucional fue de 1.7%, equivalente a ocho diputados.
Hace tres años Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social constituyeron la Coalición Juntos Haremos Historia. Entre los tres, sumaron el 45.8% de la votación para la Cámara de Diputados. Sin embargo recibieron 308 diputaciones, que equivalen al 61.6% de la integración de esa Cámara.
Con la regla constitucional del 8% como máximo por encima de la votación, los integrantes de esa Coalición tendrían que haber recibido el 53.8% de los miembros de la Cámara; es decir, 269 diputados. Los 39 adicionales Morena, PT y PES los obtuvieron de manera ilegal.
No es la primera vez, como hemos señalado, que en la Cámara de Diputados hay sobrerrepresentación por encima del 8% constitucional. En 2012 y 2015 fue del 0.2% y el 1.7%, respectivamente, a favor de PRI y PVEM. En 2018 la sobrerrepresentación fue del 15.7%. La Coalición Juntos Haremos Historia tuvo casi el doble de la sobrerrepresentación autorizada por la Constitución.
La asignación de más diputados al PRI y el PVEM, en su momento, fue impugnada por dirigentes que hoy forman parte de Morena, El 13 de agosto de 2015, en la sesión del Consejo General de INE para discutir la distribución de diputados plurinominales el representante de Morena, Horacio Duarte, denunció que con la asignación de legisladores para las coaliciones parciales se favorecía “la sobrerrepresentación de la fuerza política que tiene mayoría o que gobierna una entidad o, en este caso, que gobierna el país”.
Para el representante de Morena, ese era “un artilugio de la simulación electoral”. Duarte, que actualmente es Administrador General de Aduanas, sostenía hace menos de seis años ante la asignación en exceso de 8 diputados para PRI y PVEM: “Ahí empezó el Modelo de Defraudación Electoral, teniendo como instrumento a lo que cada día se da uno cuenta, es la principal herramienta de defraudación”.
En aquella sesión el representante del PRD, Pablo Gómez, deploró ante esa asignación de diputados: “¿Por qué hicieron esto? Para hacer un fraude. Los votos son los que se emitieron, los que se depositaron en las urnas, ¿cómo se cuentan? ¿Cómo se potencian? A través del mecanismo, de una maniobra, que es un fraude contra la Constitución Política”.
Actualmente Gómez es diputado federal por Morena, pero llegó a esa Cámara postulado por el Partido del Trabajo.
En 2018, tanto como la sobrerrepresentación que favoreció a Morena y socios, fue sorprendente el silencio de los partidos de oposición y de la opinión publicada ente esa enorme anomalía. La votación presidencial fue tan contundente que apabulló la discusión del resto de las posiciones para el partido en el gobierno. Ahora los consejeros del INE resolvieron verificar que los candidatos a diputados de mayoría relativa que ganen en cada distrito sean afiliados a los partidos. De esa manera, su triunfo será acreditado al partido del que son miembros. Si ese candidato ganador no es miembro de ninguno de los partidos que lo postularon, el triunfo se acreditará de acuerdo con el convenio de coalición que hayan firmado tales partidos. El INE acordó que “en la asignación de diputados de representación proporcional se procurará el mayor equilibrio entre el porcentaje de votos y porcentaje de escaños de todas las fuerzas políticas que hayan obtenido al menos el 3% de la votación, de conformidad con el artículo 54, base V, de la Constitución”. Es decir, se evitará la sobrerrepresentación por encima del 8% constitucional.
Es pertinente que el INE tome ahora tal decisión y no cuando hayan ocurrido las votaciones. Candidatos y ciudadanos conocerán así los alcances de los sufragios del 6 de junio. El acuerdo de la autoridad electoral propicia que cada partido tenga diputados de acuerdo con su votación, por encima de cualquier otro arreglo.
Morena reaccionó con furia a esa decisión. El presidente de ese partido, Mario Delgado, respondió con una retahíla de acusaciones infundadas y sin argumentos jurídicos. La revisión de la afiliación de los candidatos debiera ser una práctica constante y garantiza que cada partido postule a militantes suyos o a quienes se comprometan a representarlo. El presidente de Morena no entiende que esa congruencia es una forma de respeto a la democracia y a los electores. En 2018, Delgado fue candidato del Partido del Trabajo. Es decir, llegó a la Cámara de Diputados postulado por un partido distinto del que ahora encabeza.
Habría que pensar en acabar, de plano, con la sobrerrepresentación. La fórmula realmente democrática es que los diputados para cada partido resulten del porcentaje de votos obtenido en las urnas. Mientras tanto, la Constitución dice que esa representación en exceso no debe pasar del 8%. Ni menos, ni más.