Pedro Salazar Ugarte
El Universal
26/02/2015
Felipe Fuentes Barrera, Horacio Hernández Orozco y Eduardo Medina Mora son los candidatos del presidente Peña Nieto para ocupar un lugar en la SCJN. A juicio del titular del Poder Ejecutivo “todos ellos cuentan con una larga trayectoria profesional en la actividad jurídica o en la impartición de justicia” y por ello son idóneos para el cargo. El Presidente no nos ofrece otros argumentos para creerlo o para dudarlo. Sobre todo no nos ofrece sus argumentos. Más allá de una síntesis curricular, nos dice por qué deberían ser ministros cada uno de ellos. Ahí está el problema.
Si nos guiamos por la reacción de la opinión pública y de los especialistas en la materia, la impresión es que el Presidente propuso un solo candidato arropado en una terna. Si en verdad esa fue su intención, no podía actuar de otra manera porque la Constitución (Artículo 96) le exige presentar tres candidatos. Ahora el balón está en la cancha del Senado y pronto tendrán lugar las comparecencias. Formalmente cualquiera de los tres aspirantes puede ser designado o, en su defecto, ninguno logrará serlo y la terna será rechazada. En ese caso, el Presidente presentaría un nuevo trío de aspirantes. Pero, hoy por hoy, la expectativa general se ha centrado en las posibilidades del tercer candidato para ocupar la silla que quedó vacante tras el fallecimiento del ministro Valls. “Es una terna de uno”, se escucha en los pasillos.
No quiero especular sobre el tino del rumor pero sí sobre el potencial aleccionador de esta situación. El procedimiento de ternas, mayorías calificadas y una eventual designación presidencial de los ministros (en caso de que el Senado rechazara en dos ocasiones las propuestas del Ejecutivo), debe abandonarse. La experiencia de estos días lo aconseja. Como sucede en otros países, el Presidente debería presentar un solo candidato, justificar exhaustivamente su propuesta y exponerla al escrutinio público y legislativo. Así conoceríamos sus razones y, sobre todo, algo que ahora ignoramos: ¿Cuál es el perfil del juez constitucional y el modelo de Tribunal Constitucional que, según el Presidente de la República, necesita México?
Hoy día, dado que se ha consolidado la idea de que el candidato presidencial es el doctor Medina Mora, experimentamos un debate público similar al que se daría si tuviéramos una candidatura unipersonal: en los medios hemos atestiguado discusiones sobre si el embajador cumple o no los requisitos constitucionales —aspecto delicado y del que algunos dudamos—, si su trayectoria es idónea, si sus conocimientos son suficientes, si ostenta el perfil de ministro que nuestro país —actual y real— requiere. Y eso no está mal. Se trata de un debate sano y necesario en toda sociedad que se precie de ser democrática y que aspire a tener un Estado constitucional. Pero seguimos sin conocer los argumentos presidenciales.
Lo que está en juego no es de poca monta porque la SCJN no es una institución cualquiera. Cuando fallan las otras instituciones del Estado en su deber de observancia y respeto a la Constitución, sólo queda la Corte como salvaguarda. Si ésta también yerra, entonces, la función civilizatoria del derecho como instrumento para una convivencia justa y en paz, se desfonda. Lo dijo McIlwain hace tiempo: “La única institución esencial para defender el derecho siempre ha sido y todavía es un Poder Judicial honesto, hábil, preparado e independiente”.
En lo inmediato, el Presidente debe decirnos las razones que motivaron sus propuestas. Todos son sus candidatos y merecemos saber por qué. En el mediano plazo —antes de noviembre cuando se designarán otros dos ministros— debería cambiar la Constitución para que exista una sola candidatura y el Senado pueda decidir, tras un escrutinio serio y abierto, sin la amenaza de la espada de Damocles presidencial.