Por si acaso ladran, Sancho

La conjunción de esfuerzos de líderes sociales, organismos de la sociedad civil y la Coparmex para presentar una iniciativa ciudadana para la Ley General de Responsabilidades Administrativas no tiene precedentes en este país, ni en América Latina. En un par de meses se juntaron más de 600 mil firmas, cinco veces las necesarias para presentar la iniciativa y casi tres veces el número de ciudadanos requeridos para formar un partido político.

Esto nos permite hacer tres afirmaciones indispensables para entender el México de hoy. La primera, el hartazgo de la sociedad mexicana con la corrupción es un dato duro que no están leyendo los partidos políticos. Dos, la sociedad civil está más organizada de lo que se cree y es más participativa de lo que reconocen algunas (malas) encuestas políticas que repiten que somos una sociedad parroquial y no participativa. Tres, la sociedad civil buscó un camino institucional, aprovechó los instrumentos legales del sistema político y trabajó con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo en la construcción de una solución institucional.

Ciertamente, los organismos de la sociedad civil tuvieron la iniciativa e impusieron la agenda. Las estructuras comenzaron a crujir desde antes de que se aprobara la mentada ley. Para acabar con la intención de que la famosa declaración 3de3 fuese pública y obligatoria (artículo 29 y 34), en la madrugada y en lo oscurito, se redactó un “artículo de venganza” para que cualquier empresario proveedor del gobierno tuviese que hacer lo propio. Los empresarios levantaron duras críticas, fueron a Los Pinos y se resolvió el entuerto.

Se presentó una controversia constitucional que, por cierto, acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ponente, ministro José Ramón Cossío, logró el voto en favor de la mayoría. Se confirmó la constitucionalidad de que las declaraciones son públicas, que los servidores públicos tienen un menor grado de privacidad que aquellas personas que no lo son y, tercero, e igualmente importante, que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) sí puede hacer los formatos como lo mandata el art. 29, ahora ya declarado constitucional.

El Senado de la República nombró a la Comisión de Selección para escoger a los cinco mexicanos y mexicanas que hoy conforman el CPC. Con toda pulcritud y absoluta transparencia abrieron una página de internet, (disponible en www.comisionsna.mx), publicaron la metodología del proceso y expusieron siete criterios para conformar el equipo final, uno de esos criterios fue el equilibrio de género.

Después de eso, la Comisión de Selección y por tanto el CPC y el SNA han recibido dos embates mediáticos de grueso calibre. Tanto Arturo González de Aragón como Gerardo Lozano Dubernard han denostado el proceso por no haber sido nombrados. Al último, inexplicable e injustificadamente, el periódico El Universalle concedió en esta semana tres días consecutivos las ocho columnas.

La semana pasada comenté en este mismo espacio el espionaje a líderes de la sociedad civil que no podemos suponer esté desligado de la preocupación de ciertos actores de la clase política por la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción.

Lejos de ser casualidad, son en extremo preocupantes las declaraciones del 2 de julio del senador Pablo Escudero en el periódico La Crónica de Hoy: “El SNA está en peligro de colapsar”. Este Sistema entrará en funciones plenas el próximo 18 de julio, para decirlo coloquialmente, todavía no comienza a pisar callos, pero todas estas agresiones, en menos de un año, nos revelan que hay interés por debilitarlo. Literalmente hay quien implora el colapso.

Urge mirar hacia delante y empezar a tender puentes entre una sociedad civil exigente, participativa y activa y una clase política que se resiste a dimensionar la profundidad del enojo por la intolerable corrupción.