13 de julio de 2025
La Presidencia de la República anunció que próximamente presentará una iniciativa de reforma electoral y, al mismo tiempo, delineó algunos de sus contenidos y objetivos centrales.
Ante tales propósitos, quienes integramos el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD, A.C.), creemos indispensable que la opinión pública, las organizaciones sociales y el conjunto de fuerzas políticas de México, cobren conciencia de los riesgos que entrañan esa situación y comprender que ocurrirán en un contexto fuera de toda normalidad constitucional.
En efecto: la presente legislatura del Congreso de la Unión fue integrada merced a una doble maniobra que le dio a la coalición gobernante una sobrerrepresentación inconstitucional e ilegal en la Cámara de Diputados y una mayoría calificada en el Senado alcanzada mediante la extorsión y la amenaza. Sobre esa doble anomalía, se ha erigido una mayoría que ha hecho de la cerrazón, la cancelación del diálogo y el avasallamiento legislativo, el modo usual de su política.
Dada esa situación, queremos llamar la atención para solicitar al conjunto de actores públicos un especial cuidado para abordar una reforma de la que dependerán la confianza, la autenticidad y la equidad en las elecciones mexicanas, es decir, de la piedra angular de la democracia en México.
En primer lugar, creemos que toda reforma electoral debe ser el resultado del más amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas y nunca una decisión unilateral. Las normas electorales son las reglas del juego democrático a las que todos los actores políticos (partidos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general) deben ajustarse en la contienda por los poderes públicos a través del voto popular. Por eso, este tipo de reglas exige de la aceptación de todos aquellos que van a someterse a sus condiciones y modalidades. De ello depende la legitimidad de los representantes y gobernantes electos.
Como lo enseña la propia historia de nuestra democratización, el consenso en torno a las reglas electorales es indispensable para todos los actores y especialmente para quienes resultan ganadores de los comicios. Las últimas cuatro reformas electorales -desde 1994- fueron el resultado de grandes acuerdos y compromisos entre los partidos y los gobiernos. Ignorar la historia, abriría la puerta a que las reglas electorales ya no sean el fundamento de las soluciones sino parte del problema, fuente de impugnación y litigio, que acaban siempre en erosionar la legitimidad, incluso, de quienes triunfan y en afectar la estabilidad política de las comunidades en el país.
En segundo lugar, diseñar un sistema que nos acerque por fin al ideal democrático y representativo: tanto porcentaje de la votación, tantos escaños en el Congreso, lo mismo en la Cámara de Diputados, en la de Senadores como en los Congresos locales.
Insistimos: una condición esencial del carácter democrático de la representación política, es que el peso electoral de cada partido coincida con el peso que tiene en los órganos legislativos.
La representación proporcional ha sido la columna vertebral del proceso de democratización de México con su introducción en el año de 1977 y muy especialmente, una demanda permanente y subrayada, siempre, por la izquierda. En reivindicación de esa tradición democrática, creemos que toda reforma electoral debe procurar disminuir lo más posible los fenómenos de sobre y subrepresentación que constituyen una distorsión de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
En concreto, nos pronunciamos por aumentar el número de diputaciones electas por el sistema de representación proporcional para alcanzar una proporción de 50/50 por ciento respecto de las diputaciones electas por el sistema de mayoría relativa. En otras palabras: 250 diputados de mayoría y 250 de representación proporcional.
Por su parte, proponemos que todos los integrantes del Senado de la República sean elegidos a través de un sistema exclusivamente proporcional con circunscripciones estatales. De este modo, se elegirían a cuatro senadores en cada entidad federativa de manera proporcional a los votos recibidos por cada partido o coalición a través del sistema de cociente de distribución y resto mayor.
En tercer lugar, garantizar la autonomía de las autoridades electorales, así como la profesionalización de las mismas.
El consenso de todos los actores políticos en torno a quienes serán los responsables de organizar las elecciones es fundamental como condición de integridad democrática. Por eso su nombramiento debe hacer prevalecer, además de las capacidades técnicas de quienes integren el Consejo General del INE, el reconocimiento y confianza de origen del conjunto de partidos políticos, protagonistas centrales de las contiendas electorales.
Para ello y dadas las condiciones actuales resulta indispensable:
a) que dicho nombramiento recaiga en el Senado y no ya en la Cámara baja, dada la distorsión en la representación que hoy existe en la Cámara de Diputados. Un tipo de nombramiento tal como ocurre con el resto de los titulares de los órganos constitucionales autónomos y,
b) que el porcentaje requerido para hacer esas designaciones se eleve a una votación calificada de 3/4 de los miembros presentes en la Cámara Alta. Ello exigiría la construcción de consensos amplios entre todas las fuerzas políticas presentes en ese órgano.
Adicionalmente, garantizar la subsistencia y fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, que constituye la columna vertebral de las capacidades organizativas del INE, como un servicio civil de carrera centrado en concursos de ingreso y promoción en rango tanto abiertos como cerrados, así como en la capacitación permanente y en la evaluación periódica de sus miembros. Cualquier intento de socavar, reducir o eliminar dicho Servicio impactaría directamente en la calidad de nuestros procesos electorales.
En cuanto a las magistraturas del Tribunal Electoral y vista la experiencia reciente, creemos, que es obligado establecer su designación con un umbral de 75 por ciento de los votos en el Senado, abriendo la participación y propuesta a las universidades, los colegios y las barras de abogados del país.
El principio político es el mismo: es a la mayoría, a los triunfadores de cada elección, a quienes conviene aun más el trabajo imparcial y eficaz de las autoridades electorales.
Y finalmente, estamos convencidos de que el financiamiento público también debe distribuirse con la misma razón equitativa: la mitad de la bolsa en consonancia con la votación de cada partido, la otra mitad, de modo igualitario.
Frente a la invasión de dinero ilícito en la política así como frente a los fenómenos oligárquicos en los que el dinero de magnates resulta decisivo, nosotros creemos que el financiamiento público debe ser el componente central del gasto durante las campañas y asimismo debe garantizar las condiciones de operación permanente de los partidos políticos en tanto estructuras de organización y representación.
A nuestro modo de ver, estás son las cuatro coordenadas básicas de cualquier reforma electoral que se precie democrática: buscando el más amplio consenso; fortaleciendo la representación proporcional (demanda histórica de la izquierda democrática); garantizando autonomía, imparcialidad y profesionalismo de los órganos electorales, y procurando que el dinero público y no el financiamiento privadoy menos criminal, sean el sostén de los procesos electorales en México.
Atentamente:
Lorenzo Córdova V. Leonardo Valdés Z. José Woldenberg K. (ex consejeros presidentes del IFE-INE)
Jacqueline Peschard M. María Marván L. Ciro Murayama R. Mauricio Merino H. Rodrigo Morales M. Arturo Sánchez G. (ex consejeros electorales del IFE-INE)
Adrián Acosta, María del Carmen Alanís, Carlos Alvarado, Rubén Álvarez, Antonella Attili Cardamone, Antonio Ávila, Antonio Azuela, Francisco Báez, María D. Becerril, Carlos Bravo Regidor, Jorge Bustillos, Roberto Cabral, Elsa Cadena, José Carreño Carlón., Rolando Cordera Campos, María Cruz Mora, Hilda Dávila, Carolina Farías, Carlos Flores V., Margarita Flores de la Vega, Antonio Franco Gutiérrez, Jesús Galindo López, Christian Uziel García Reyes, Carlos Garza Falla, Luis Emilio Giménez Cacho, Emilio Giménez Cacho, Luis Andrés Giménez Cacho, Anamari Gomís, Ariel González, Fabian González, Asmara González Rojas, Germán González-Dávila, Gilberto Guevara Niebla, Paulina Gutiérrez Jiménez, Jorge Hernández L., Edmundo Jacobo Molina, Georgette José V., Laura Koestinger, Agustín López Munguía y Canales, Mauricio López Velázquez, Javier Martín Reyes, Juan Eduardo Martínez Leyva, Rosa Elena Montes de Oca Luján, Paloma Mora, José Narro Robles, Jesús Orozco, Patricia Ortega Ramírez, Itzel Ortiz Zaragoza, María de los Ángeles Pensado, Patricia Pensado, Adrián G. Pérez Cortés, Rafael Pérez Gay, Irene Pomar, Alfredo Popoca García, Enrique Provencio, Jorge Javier Romero, Rosa Rojas, Luis Salazar Carrión, Luis Salgado Rodríguez, Guadalupe Salmorán, Máximo Sánchez Moreno, Mariano Sánchez Talanquer, Hortensia Santiago, Carlos Tello D., Raúl Trejo Delarbre, Jaime Trejo Monroy, Fernando Tudela, Manuel Vargas Mena, Paula Sofia Vasquez y Horacio Vives.
Responsable de la publicación: Ricardo Becerra L.
INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
(ASOCIACIÓN CIVIL)