Rolando Cordera Campos
El Financiero
13/12/2018
Antes de que el Poder Judicial de la Federación se convierta en partido de oposición, vale la pena intentar algunas precisiones sobre el litigio abierto por la infausta ley de los salarios de los servidores públicos. Criticar ésta, por cierto, no debería acarrear sobre quien lo hace la descalificación a ultranza o el apelativo de “fifi” o de comentócrata a modo. Lo que está en juego, después de todo, es la legitimidad del servicio público que siempre requiere una dosis de eficiencia y probidad que, además, sea creíble por la ciudadanía.
El punto de partida de quienes resucitaron la iniciativa para convertirla en ley de los salarios seguramente fue la irregularidad de la estructura salarial en el sector público federal, desde mucho antes aquejado de arbitrariedad en el reclutamiento, promoción y estabilidad de sus cuadros. La idea misma de un servicio civil de carrera fue al archivo muerto y el actual rififí puede darle la puntilla.
Promoción, estabilidad y respeto se requieren tanto en los niveles de mando más alto como en los tramos intermedios. De estos depende, aquí y ahora y en cualquier otro país de medio o alto desarrollo, en gran medida la eficacia del mencionado servicio público, comprometido desde hace décadas con la provisión de mucho más que la ley y el orden del Estado guardián del liberalismo clásico y ahora obtuso.
Del Estado y sus servidores depende la producción de infinidad de bienes públicos fundamentales para el buen vivir o la mera supervivencia. La salud y la educación, la asistencia a los vulnerables, las conectividades de todo tipo, la investigación científica, la innovación y tecnología, etc., son compromisos del Estado moderno y en muchos casos, como es el nuestro por lo menos desde 2011, se trata de obligaciones constitucionales, resumidas en el mandato de respeto y protección, junto con su expansión, de los derechos humanos fundamentales desplegados no solo en derechos de libertad sino en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Una de las claves principales para que todo esto se cumpla bien y equitativamente, radica en la conformación y organización del trabajo público, su división en programas y proyectos y su disposición efectiva a no sólo cumplir con sus obligaciones contractuales sino a formar parte del esfuerzo colectivo para construir plataformas de bienestar, justicia y seguridad, donde la estabilidad de la democracia pueda asentarse. Y el Estado desplegarse.
Nada más y nada menos y ello debería constituir el contexto y el horizonte de una reforma del Estado que busque recuperar su dimensión administrativa y, a la vez, sea ejemplo vivo de justicia distributiva. Acometer estas misiones, no puede arrancar con la reducción inopinada de los ingresos de los funcionarios, sino con una deliberación ilustrada e informada sobre lo que hoy le conviene al país en esta materia, haciéndose cargo el gobernante, además, de que la propia circunstancia global y de México reclama estructuras de acción y mando que duren y desde luego vayan más allá de un gobierno.
Guste o no el término, la cuestión salarial es asunto del Estado y su reforma urgente, como lo muestra en el extremo la situación desastrosa de las policías de que da cuenta el reciente estudio de Causa Común (Véase la espléndida glosa de Alejandro Hope, “El estado de las policías, El Universal, 12/12/18, A10).
Quiénes ganan cuánto y por qué, es una información que sigue en la bruma, que se opaca por la supuesta trifulca desatada por la Suprema al suspender la aplicación de la referida ley apelando a una cuestión procedimental ineludible. Linchar mediáticamente al ministro ponente para de ahí descalificar a prácticamente toda la judicatura no parece el mejor camino para avanzar en el objetivo principal que no es, no puede ser, acabar con la Corte ni efectuar una redistribución drástica del ingreso, pero no de los ricos a los más pobres, sino dentro de la pirámide estatal.
Podemos derivar sin término. Pero lo que no debíamos hacer es confundir el procedimiento con el fondo de la cuestión, a la que no se ha llegado, tal vez porque de hacerlo tendría que enfrentarse la siempre pospuesta asignatura del orden fiscal mexicano, de su flagrante injusticia y de su asombrosa insuficiencia para sostener aquellas tareas y obligaciones del Estado que hemos vuelto, además, constitucionales.
En vez de ello, desde el Estado se acomete contra el propio Estado, en un litigio que nada tiene de renovador y sí mucho de (auto) destructivo.