José Woldenberg
Reforma
17/09/2015
Quizá estoy viendo lo que quiero ver, pero creo detectar un cierto repunte de la preocupación por los temas de la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Esos temas que deberían estar en el centro de las preocupaciones públicas y que sin embargo, tal vez porque siempre nos han acompañado, no se les pone el énfasis que merecen.
El lunes 14 de septiembre varias agrupaciones de diferente orientación (Sociedad en Movimiento, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, IETD, entre otras) y distintas personas dieron a conocer un «pronunciamiento» titulado: «Nuevas políticas económicas y sociales frente a la desigualdad y la pobreza». Su idea general es que «en tiempos difíciles», «puede ser un momento oportuno para replantear la forma en que se generan los ingresos y cómo se gastan los recursos públicos». Y en las semanas en que se discute la Ley de Ingresos y el Presupuesto, esa operación debería ser filtrada a la luz del objetivo de «reducir la desigualdad» y abatir la pobreza. Para lo cual se requieren políticas económicas y sociales «que logren crecimiento económico incluyente, que garanticen derechos sociales y que mejoren los salarios, los ingresos y la productividad…». Proponen: «1) Eliminar los programas redundantes, los subsidios regresivos… 2) Reducir los espacios para uso político del gasto público y el gasto oneroso de la administración pública…3) Fortalecer las inversiones sociales de salud y educación y en infraestructura productiva, incluyendo mecanismos efectivos de protección contra la corrupción…4) Crear los mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana…».
El documento quiere ser un llamado de atención para reabrir el debate. Como se observa, el texto está fuertemente marcado por «eliminar», «reducir», «vigilar», «transparentar» programas y acciones públicas. Lo que resulta necesario. Pero debe ser complementado con lo que el Estado sí puede y debe hacer, por ejemplo, plantearse una política hacendaria con un carácter progresivo y redistributivo, junto con lo que se apunta en el inciso 3 del propio documento. Lo más relevante, sin embargo, es su preocupación central: hacerse cargo de que el presente y el futuro están indisolublemente soldados al de la evolución de la desigualdad y la pobreza. Se me ocurre por lo menos en tres dimensiones:
1) Nuestra convivencia. Creo no descubrir nada si apunto que nuestras relaciones sociales están marcadas por fuertes dosis de resentimiento y rabia. Una sociedad escindida y polarizada que no alcanza a percibirse a sí misma como un todo medianamente armónico. Por el contrario. Existe y se reproduce un déficit de cohesión social que no podrá remontarse ni por decreto ni por arte de magia. Se requieren políticas que atemperen las desigualdades, que creen un piso de satisfactores básicos (salud y educación, por supuesto), que permitan a las personas sentirse parte de un proyecto inclusivo, abarcante.
2) Nuestra democracia. La germinal y contrahecha democracia mexicana requiere para ser apuntalada y apreciada escaparse de las vueltas a la noria de las reformas políticas y electorales (aún necesarias en algunos aspectos) para ocuparse del «caldo de cultivo» en la que se reproduce. Un país cuya economía no crece con suficiencia, que no genera los empleos formales requeridos, en el que se expande la informalidad, que no ofrece oportunidades de trabajo digno a sus jóvenes, sumado a las abismales desigualdades y a la pobreza imbatible (junto a la corrupción conjugada con impunidad y a la espiral de violencia que sacude los pilares de la vida misma), no es un espacio propicio para el fortalecimiento de las rutinas que permiten la coexistencia del pluralismo. Además de que la pobreza hace que muchos potenciales ciudadanos no lo sean, porque sus condiciones materiales de vida hacen (casi) imposible la apropiación de sus derechos, generando así ciudadanías de distinta intensidad, como lo apuntaba ya hace años Guillermo O’Donnell.
3) Nuestra economía. Pero incluso la economía requiere de un mercado interno fuerte si queremos lograr su crecimiento. Son demasiados años apostando a que la economía estadounidense será la máquina que acarreará a la nuestra. Ha llegado el momento de poner el énfasis en el robustecimiento del salario, de la inversión pública en infraestructura, de políticas redistributivas, ya no solo por razones éticas (que a muchos no conmueven), sino por puro cálculo racional: para lograr tasas de crecimiento económico acordes con el incremento de la población.