Adolfo Sánchez Rebolledo
La Jornada. 23/10/2008
En cuanto al acuerdo en referencia a la cuestión petrolera hay algunas lecciones que vale la pena destacar: la primera, y acaso la más importante: hay temas de la vida nacional cuya trascendencia obliga a que los cambios legales se discutan de manera pública y abierta, aunque moleste en ocasiones a quienes dueños del poder se creen también poseedores de la verdad. En una sociedad plural y clasista como la nuestra, el respeto a las formas democráticas no sería nada sin la voluntad de escuchar todas las voces, buscando los mecanismos más adecuados para que esto sea posible
La segunda es que, ciertamente, todos los acuerdos suponen concesiones de las partes. Las victorias absolutas sólo existen como resultado de la “dictadura de la mayoría”, es decir, de la imposición de criterios que, finalmente, son frágiles y cuestionables. La aprobación de las leyes por el Congreso, con los ajustes que aún pueden hacerse para evitarnos futuras sorpresas desagradables, tiene un significado clarificador y positivo: sí vale la pena luchar por una causa justa; arrostrar las campañas infames lanzadas para liquidar al adversario, así como la descalificación instantánea de grandes plumas (y plumajes) que se dicen independientes. La democracia, al contrario de la idea bucólica de algunos, no cancela los conflictos ni tampoco tiene por qué edulcorarlos. Los consensos son posibles, pero no siempre serán viables. Lo más importante es eludir en cualquier caso la mayoría mecánica, fundada en la transa abyecta de concesiones espurias y no en negociaciones abiertas y transparentes
En ese sentido, más que un triunfo de las izquierdas, que lo es ciertamente, el acuerdo en una victoria nacional, justo porque viene a reafirmar la irrenunciable necesidad de defender los intereses generales frente a la ambición de unos cuantos. Contra los que argumentaron que ésta era una causa perdida y anacrónica en tiempos de globalización, la realidad de la crisis ha venido a probar que estaban equivocados al diseñar la estrategia de integración a ciegas que por desgracia domina la visión de los gobernantes.
Todavía hoy, cuando algunos de los partidarios de la privatización lloran por el acuerdo que llaman light olvidan que el tema a debate era y es si la modernización imprescindible de Pemex es un recurso para proteger el patrimonio nacional o una simple coartada para rematarlo a las grandes empresas que, en efecto, representan al poder trasnacional que ha llevado al mundo al borde del desastre.
Les preocupa que Pemex no se abra a los capitales privados nacionales y extranjeros, pero no les inquieta con parecida intensidad la inexistencia de una política fiscal capaz de reordenar las finanzas públicas sin exprimir los ingresos provenientes del petróleo. Y, sin embargo, como afirmaron con argumentos muy sólidos los especialistas en los foros del Senado, ninguna reforma en el sector energético será suficiente sin la reforma fiscal que durante décadas se ha venido posponiendo para alentar un esquema que no ha traído crecimiento y sí la ampliación de la desigualdad en México.
Por lo pronto, como planteaban varios economistas en una encuesta realizada por el suplemento de La Jornada Morelos, El Correo del Sur, la gran tarea pendiente, además de cortar el cordón umbilical con Hacienda, es asegurarse la más completa y rápida modernización de Pemex (la cual implica desde ahora un plan de emergencia), atendiendo también desde ahora la gran cuestión de definir los términos de la “transición energética”, un asunto clave que está en el horizonte de la actual generación.
Naturalmente que instrumentar una reforma con estas características llevará tiempo, pero sobre todo hará necesaria que se mantenga la fiscalización pública, pues los ajustes no son menores y hay que evitar a toda costa que en el camino se tuerza la ley, como es costumbre. En otras palabras: no hay que bajar la guardia.
Una consideración final: el debate en torno a la cuestión petrolera obliga a pensar si no deberíamos tomarlo como ejemplo para otros asuntos de interés nacional. Pienso, por ejemplo, en la educación. ¿Por qué el gobierno no hizo de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación la columna vertebral de una discusión nacional, donde todos los interesados pudieran expresarse con absoluta libertad, en lugar de negociarla de espaldas a la nación? ¿No es hora de que el Congreso asuma que los problemas del magisterio no son temas gremiales (o meramente sindicales), sino asuntos políticos derivados del modo como el SNTE (y otras corporaciones) ejerce el poder que les otorga una viciada y viciosa relación con el poder?
La educación es tan decisiva e importante que no puede dejarse a la voluntad arbitraria de quienes sexenalmente toman las decisiones o de los que a perpetuidad cabalgan sobre los maestros. Que la enseñanza sea obligación del Estado obliga, no exime, a la sociedad de discutir sus problemas, todo lo contrario.
¿Puede México avanzar en el terreno educativo sin depender de la maestra y sus socios? ¿Pueden los maestros de México hacer en democracia su aportación a la calidad de la educación sin el yugo de la burocracia sindical? ¿Podemos todos hacer algo sin quebrantar los derechos legítimos de los maestros, respetando su trabajo y con sensibilidad hacia sus condiciones de vida? Por lo menos asumamos que ése es un problema político y bastante grave.